Tras dos décadas como profesora de biología, Yoconda Infantes combina la docencia con el oficio de barbera ante la falta de ingresos suficientes. Como ella, docentes de todo el país se han sumado a las protestas, recientemente reactivadas, para denunciar sueldos precarios.
Caracas. Con 20 años de servicio, Yoconda Infantes no puede vivir de su salario. Para cubrir sus necesidades básicas, convirtió la sala de su casa en una barbería, una decisión que refleja la crisis que atraviesan los educadores en Venezuela.
Infantes enseña biología en un liceo. Como docente Nivel III, una categoría que en teoría debería garantizar estabilidad económica tras años de servicio, su ingreso mensual es de apenas 450 bolívares, equivalente a aproximadamente 0,96 dólares, al tipo de cambio oficial de este viernes, 27 de marzo, insuficiente para cubrir gastos básicos como alimentación, transporte y servicios.
Ese monto, resultado del esfuerzo de preparar clases, apenas le alcanza para costear tres pasajes de transporte público, lo que muestra la brecha entre los ingresos y el costo de vida en Venezuela, marcado por la inflación y la escasez de productos básicos.
”Yo voy solo tres días al liceo porque los otros días los agarro para trabajar por mi cuenta. Tengo 49 años, no tengo ayuda de mi familia y no tuve hijos. Además, soy hipertensa y mi sueldo no me alcanza para nada”, contó a Crónica Uno.
El descontento de Yoconda forma parte de una situación generalizada. Trabajadores activos y jubilados de los sectores salud y educación se concentraron en la Plaza Parque Carabobo, frente al Ministerio Público, para exigir salarios dignos y el respeto a sus derechos laborales, que según el gremio han sido vulnerados desde hace 10 años por el Estado.
Su emprendimiento surgió tras un curso rápido con una sobrina. Hoy, sus ingresos reales vienen de los cortes de cabello a vecinos de la comunidad, no de su carrera profesional.
“Dime tú quién puede vivir con 150 dólares mensuales cuando un mercado supera los 300 dólares. Mi llamado es a la administración de turno: que intenten vivir un mes con nuestros salarios”.
Volvemos a las calles con la misma convicción
El pasado lunes 23 de marzo, la profesora Yolimar recorrió de nuevo la ruta desde Barlovento hasta la capital, una ruta que conoce de memoria tras cuatro años de protestas por reivindicaciones laborales.
Vestía la misma franela que rotuló hace tres años para las manifestaciones de 2023. Yolimar recordó que los profesores de la República no han dejado de protestar, salvo en el período de represión poselectoral en 2024, para exigir una mejor calidad de vida.
La situación se agrava por la unificación de ingresos mediante bonos que no inciden en prestaciones sociales, lo que ha borrado las jerarquías y el mérito profesional, ya que estos bonos no se suman al cálculo de vacaciones, pensiones o liquidaciones.
“Es injusto que en un país tan rico, el obrero, la secretaria y el profesional tengamos un bono único. No podemos dar calidad de vida a nuestros hijos y, por ende, la educación en Venezuela se vuelve mediocre. Sin maestros con salarios dignos, no hay calidad educativa”, aseguró la docente.
El descontento por la falta de aumentos ha detonado un aumento reciente de la conflictividad social en el país. Datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) revelan que en febrero de 2026 se realizaron 599 protestas, equivalentes a 20 diarias, lo que implica un crecimiento del 252 % en comparación interanual.
El sector público, junto a jubilados y sindicatos, lidera con 130 manifestaciones documentadas solo en el último mes. No solo exigen un salario digno; también reclaman el cumplimiento de contratos colectivos y la libertad de dirigentes sindicales detenidos por defender derechos laborales establecidos en la legislación venezolana, incluidas convenciones colectivas y libertades sindicales.
Dick Guanique, miembro del Comité Nacional de Conflicto, denuncia el “silencio administrativo” que el Gobierno mantiene como respuesta, es decir, la ausencia de comunicación oficial o medidas para resolver las demandas laborales.
Pese a la indiferencia oficial, la consigna frente a la Fiscalía fue de resistencia: ”Seguiremos en la calle para reclamar lo que por derecho nos corresponde y que está establecido en el artículo 91 de la Constitución”.
Eliminación del instructivo Onapre
Los trabajadores denuncian políticas que han vulnerado sistemáticamente los beneficios contractuales. El centro de las críticas es el Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), un mecanismo que, junto al memorándum 2792, mantiene vigentes tablas salariales que desconocen la antigüedad y la profesionalización, lo que afecta directamente el cálculo de salarios, pensiones y liquidaciones.
”Necesitamos que todas esas medidas sean eliminadas. Nosotros no queremos bonos, queremos un salario que incide en nuestras vacaciones, liquidaciones y pensiones. Ya basta de la Onapre”,
dijo Pedro García, del comité de jubilados de profesores.
García señaló que 250 organizaciones se mantienen en asambleas para exigir una ruta de trabajo que rescate 17 puntos clave.
Entre las demandas figuran la derogación de leyes represivas, la reactivación de pagos a cajas de ahorro, seguros de salud y el respeto irrestricto a las convenciones colectivas, medidas que buscan restaurar derechos laborales consolidados en acuerdos y leyes previas.
Además de la eliminación del Instructivo de Onapre, aumento salarial y respeto a los derechos laborales, los docentes también exigieron al Estado garantizar la calidad educativa, entendida como la formación integral de estudiantes, infraestructura adecuada y condiciones dignas para los docentes.
Reforma estructural
Pedro, maestro que viajó desde Barlovento, enfatiza que la lucha es integral y que el Estado ha abandonado su deber de velar por la formación de las próximas generaciones. Esto incluye supervisión de escuelas, actualización de currículos y atención a estudiantes en situación vulnerable.
”No solamente estamos luchando por un salario digno, sino por recuperar la calidad educativa en Venezuela. La solución no es un bono paliativo, sino una reforma estructural”.
De acuerdo con el docente, rescatar la educación pasa por recuperar la infraestructura escolar, revisar los pensums a nivel universitario y pedagógico, evaluar al cuerpo docente bajo criterios profesionales y garantizar planes de alimentación y asistencia social efectivos para estudiantes y trabajadores.
La movilización docente y su auge reciente evidencian una crisis más amplia en las condiciones laborales y educativas en Venezuela, donde la demanda de salarios dignos, respeto contractual y calidad formativa se entrelaza con las necesidades sociales de millones de venezolanos.
La continuidad de las protestas indica un clamor persistente, que busca ser escuchado tanto por autoridades como por la sociedad en general, y que resalta la educación como pilar del desarrollo nacional.
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