Tras más de cinco meses de retrasos y silencio oficial, la bolsa CLAP dejó de llegar a barrios del oeste de Caracas. Vecinos denuncian la desaparición de un subsidio clave mientras la canasta básica supera los 500 dólares. Un experto advirtió a Crónica Uno que el cese del programa agrava la vulnerabilidad.
Caracas. Elena* ya sospechaba que el retraso en la entrega de la bolsa no era casualidad. Para agosto de 2025, habían transcurrido 90 días desde la última vez que la bolsa del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) llegó a su comunidad, en la parroquia La Vega, al oeste de Caracas. Cuando la vocera del consejo comunal finalmente convocó a una reunión, el anuncio no hizo más que formalizar una ausencia que ya pesaba en las familias.
No fue una suspensión abrupta, sino un desgaste progresivo. Primero el retraso, de más de cinco meses consecutivos, luego el silencio administrativo y finalmente la falta total de información oficial. Así comenzó a diluirse el programa en la zona.
Dos meses después, una llamada la citó en la casa comunal para retirar una bolsa. Elena acudió, pero allí la instrucción cambió: el beneficio sería sustituido por “bodegas socialistas”, establecimientos que venderían productos regulados a precios subsidiados y que, hasta hoy, nadie ha visto en la comunidad. La promesa quedó sin dirección ni fecha.
“Yo siento que el programa no está en reestructuración, sino que desapareció. Yo trabajo y resuelvo, pero aquí hay abuelos que con la pensión no viven”, alertó durante una conversación con Crónica Uno.
Elena forma parte de una realidad que comparten otros sectores populares como Catia y Antímano, barrios del oeste de Caracas con alta concentración de trabajadores informales y empleados públicos, el beneficio se diluyó en retrasos de entre dos y seis meses hasta hacerse invisible. La desaparición no ocurrió en un anuncio oficial, sino en una cadena de postergaciones.
Control social y derecho a la alimentación
Los CLAP fueron lanzados en 2016 por el exgobernante Nicolás Maduro como una medida para enfrentar la escasez de productos básicos y la inflación, en un contexto de contracción económica y caída sostenida de la producción nacional. El programa prometía garantizar alimentos mediante distribución casa por casa, organizada con censos comunitarios y estructuras políticas locales. Ese esquema consolidó un vínculo directo entre Estado y territorio.
La crisis de abastecimiento se agravó desde 2014, cuando la escasez superó 80 % en productos de la canasta básica, según reportes de organizaciones empresariales como Consecomercio. De acuerdo con cifras oficiales, el plan llegó a atender a casi 8.000.000 de familias. Durante años, la bolsa se incorporó al cálculo doméstico de millones de hogares.
Para el sociólogo Xavier Valente, director de la Escuela de Sociología de a Universidad Central de Venezuela, la desaparición de los CLAP en Antímano y La Vega refleja un proceso de desinstitucionalización de la política social. Advirtió que los programas sociales son el instrumento mediante el cual se hace efectivo un derecho.
No obstante, sostuvo que en Venezuela se confundió la política pública con el programa específico. Este nació en un contexto de emergencia humanitaria, término utilizado por organizaciones independientes para describir la escasez prolongada de alimentos y medicinas, pero falló en su esencia.
Aunque el nombre sugiere “producción”, terminó siendo una estrategia de asistencia básica y, más grave aún, “de control social”, expresión que alude al uso de beneficios como mecanismo de influencia política o supervisión comunitaria.
“Terminó como entrega de alimentos que no toma en cuenta el perfil de las familias. Se entrega lo mismo a un hogar de adultos mayores que a uno con niños”.
La opacidad del Estado
El experto señaló que, mientras en modelos transparentes el seguimiento sirve para “aprender y mejorar”, en Venezuela la opacidad domina: no se publican balances presupuestarios detallados ni auditorías claras. La falta de datos impide evaluar alcance y sostenibilidad.
“El uso de los recursos para la compra de estos alimentos ha sido cuestionable. Ya lo vimos con el caso PDVAL y ahora con las redes vinculadas al CLAP. Se compran alimentos en el extranjero sin incentivos a la producción nacional y, para maximizar márgenes de ganancia en licitaciones poco claras, se adquieren productos próximos a vencer o de bajísima calidad nutricional”, alertó.
Añadió que esta ausencia de rendición de cuentas impide conocer quiénes son los beneficiarios reales, cuál es el presupuesto asignado y con qué frecuencia se distribuyen los alimentos.
Esta opacidad ha sido documentada por organizaciones como Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), que denunció cómo el plan alimentó redes de corrupción de alto nivel, con casos como el de empresas vinculadas a Alex Saab, empresario colombiano procesado en Estados Unidos por cargos relacionados con operaciones financieras del programa.
El vacío estatal de los CLAP
A kilómetros de La Vega, en el sector Chorrito 2 de La Dolorita, zona popular ubicada en el municipio Sucre del estado Miranda, Alexandra* enfrenta el mismo vacío desde julio.
Como empleada pública, su salario es una cifra simbólica frente a una Canasta Alimentaria que, que el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) ubicó en 503,73 dólares en abril.
En comunidades como estas, donde los ingresos formales están muy por debajo de ese umbral, cada subsidio estatal formaba parte de un equilibrio económico precario. “Tenemos tres niños y los gastos del colegio son abrumadores. Por eso, aunque la bolsa no es lo mejor, sí era una ayuda”.
Valente explicó que esta vulnerabilidad es consecuencia de haber fomentado una “cultura rentista” de dependencia, concepto que describe economías donde el ingreso depende en gran medida de la renta estatal —históricamente petrolera— más que de la productividad interna.
“Todo programa social debería tener un principio y un fin, orientado a que el ciudadano recupere su autonomía. economía, deja a la población en un estado de indefensión total. Ante la retirada del Estado, la crisis se desplaza hacia lo privado y las familias asumen el costo”.
En sectores populares de Caracas, la desaparición del CLAP ha empujado a las familias a depender de vecinos, ONG o a replantear gastos esenciales. El sociólogo lo define como “desamparo total”. Elena ya no espera la llamada de la casa comunal. Para ella, y para los adultos mayores de su cuadra que intentan estirar una pensión insuficiente, el programa desapareció.
En La Vega, la ausencia no se anunció con decreto visible ni comunicado formal; simplemente dejó de materializarse en la puerta de las casas. Y en esa falta de llegada, silenciosa, prolongada y sin explicación oficial, se resume el nuevo vínculo entre comunidad y Estado.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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