30 de los 32 magistrados del TSJ han sido sancionados por la comunidad internacional. A 12 de ellos solo les revocaron la visa estadounidense; los otros 18 no solo se quedaron sin visa, sino que sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, Suiza, Unión Europea, Panamá y Canadá, fueron bloqueadas. En esta cuarta entrega del seriado sobre sanciones a funcionarios venezolanos les contamos que solo dos magistrados no han sido penalizados.
Caracas. El 13 de febrero de este año, el gobierno de los Estados Unidos ordenó la revocatoria de la visa a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela “por ser magistrados ilegítimos y socavar la democracia”. Solo dos quedaron exentos: Danilo Mojica, de la sala de Casación Social y a Marisela Godoy, de la sala de Casación Civil.
Mojica y Godoy son precisamente los dos magistrados del tribunal que desde 2016 comenzaron a alzar su voz para denunciar irregularidades en la aprobación de sentencias que propiciaban el desmontaje del Poder Legislativo.
Cada vez que se reúne la sala Plena para discutir un fallo relativo a la Asamblea Nacional o sus Parlamentarios, ambos magistrados salvan el voto, votan en contra o se retiran de las sesiones en señal de protesta. La denuncia más reciente que han formulado es que las sentencias se someten a aprobación sin que su contenido sea conocido por los magistrados.
Pero volviendo a las sanciones, la del 13 de febrero es la más reciente adoptada por Estados Unidos contra los integrantes del TSJ. Mojica y Godoy también han sido omitidos de las listas de sanciones de toda la comunidad europea (28 países en total), Estados Unidos, Panamá, Canadá y Suiza dictadas desde 2015 contra funcionarios venezolanos.
Los restantes 30 magistrados del alto tribunal han recibido entre una y seis sanciones. Desde el ya mencionado retiro de la visa, pasando por el congelamiento de activos y prohibición de hacer negocios en los países sancionadores, hasta prohibición de ingreso al territorio en algunos casos.
La razón común a todos los sancionados para ser incluidos en los listados, es su conducta antidemocrática o el haber contribuido al socavamiento de la democracia y las instituciones. Pero hay otros señalamientos más específicos, dependiendo de la sala a la que pertenecen. Por ejemplo, todos los integrantes de la Sala Constitucional están penalizados por usurpar las funciones de la Asamblea Nacional. Seis de ellos son señalados por “riesgo de lavado de activos”; y dos por sospecha de “nexos con el narcotráfico”.
Asimismo, 100 % de los miembros de la Sala Electoral fue señalado por avalar las “ilegítimas y antidemocráticas elecciones del 20 de mayo de 2018”, incluso el desertor, Christian Zerpa, que huyó a los Estados Unidos en enero de este año. Al llegar al país del norte, a escasos cuatro días de la toma de posesión de Nicolás Maduro del 10 de enero, Zerpa contó que había huido para no legitimar ese acto y denunció las diversas formas de corrupción judicial que se aplican en el TSJ y el sistema de justicia en general. Pero, a diferencia del general Manuel Cristopher Figuera, Zerpa no ha corrido con la suerte de que el Departamento del Tesoro le revoque las sanciones en su contra.
A los cinco integrantes de la Sala Político Administrativa se les acusa de “estar directamente implicados en actividades que socavan las instituciones democráticas y por la persecución contra los miembros del gobierno interino de Juan Guaidó”.
Mientras que el presidente del Poder Judicial, Maikel Moreno, es el magistrado con más sanciones, con un total de seis, las cuales van desde “incurrir en serias violaciones de los Derechos Humanos”, permitir el enjuiciamiento de civiles en la jurisdicción militar, usurpar la autoridad y funciones de la Asamblea Nacional, y su comportamiento antidemocrático; hasta “riesgo de lavado de activos, cooperación con el terrorismo y la proliferación de armas”.
Infografía: Milfri Pérez
Gráfico: Leslie Cavadias
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