Alertan que la Bahía del Morro de Puerto Santo que se contaminó con el derrame petrolero suministra 70 % del pescado que se consume en el país. Aún se desconocen las consecuencias jurídicas y ambientales de la contaminación que llegó a las costas venezolanas este fin de semana.

Caracas. El derrame de 300 barriles de petróleo que ocurrió en la Refinería Estatal Pointe-à-Pierre en Trinidad y Tobago el pasado 23 de abril, y que llegó a los estados Sucre, Anzoátegui, Cubagua y Nueva Esparta y Los Roques este fin de semana, mantiene en vilo a los pesqueros y a los habitantes de estas zonas.

En la Bahía del Morro de Puerto Santo se pesca 70 % de los pescados que se venden en todo el país. Ahora las 6000 mil familias que viven de esta actividad están sin información y amenazados para que no denuncien los daños.

La contaminación abarcó las costas de San Juan de las Galdonas, Bahía del Morro de Puerto Santo y Playa Cipara, en el estado Sucre. La Caracola, Playa Valdez, Punta Ballena y El Ángel al sur del estado Nueva Esparta y cercanías de la isla de Cubagua. También se vio afectado Delta Amacuro e incluso áreas contiguas al Archipiélago de Los Roques.

La diputada por el estado Sucre, Milagros Paz, denunció que ha pedido a Petróleos de Venezuela que dé respuestas sobre el daño ecológico, el procedimiento para sanear las aguas y qué se hará con las 6000 familias que viven en la zona. Aún no hay respuestas.

“Nos preocupa el alto índice de contaminación del pescado que estamos consumiendo porque ahorita es la proteína más barata. El kilo de sardina cuesta 1000 bolívares versus la carne, que tiene un precio de 12.000 bolívares”, precisa la legisladora.

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Paz advierte que la población debe saber a cuántas millas de la orilla podrán pescar y si los animales marinos son aptos para el consumo humano. “Solo ha habido amenazas de expropiarles sus indumentarias y no darles más créditos. Ahorita las familias pesqueras tienen hasta los motores de sus lanchas dañadas porque el petróleo se solidificó”, contó Paz.

El último pronunciamiento de Pdvsa fue el 13 de mayo, mientras que el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas no ha publicado ningún anuncio.

BW Turismo se pronunció y en un comunicado reclamó: “En mayor o menor proporción, las consecuencias son devastadoras. Las actividades económicas de quienes habitan la zona costera del eje oriental. Su fuente de ingreso depende casi exclusivamente de la pesca de sardinas y la extracción de mariscos y moluscos, seguidamente de la actividad turística, la cual se ve seriamente comprometida al tener las aguas de las playas llenas de manchas y viscosidad. Asimismo, la temporada de desove de las tortugas verdes (Chelonia mydas), una especie protegida, se ve amenazada tanto como la fauna marina, aves y a la vegetación típicas de la zona”.

61 ONG informaron a la población que los ciudadanos que habitan en las áreas sensibles deben auxiliar a la biodiversidad que se vea afectada por el desastre petrolero. Agregan que las aves petrolizadas, mamíferos y demás especies de la flora y fauna también deben ser atendidas y la ciudadanía debe mantenerse atenta al llamado de las autoridades y no hacer uso de las playas hasta que sean saneadas y declaradas aptas para bañistas.

La Fiscalía General anunció el lunes 15 de mayo que realiza una investigación para “determinar el daño ambiental” y solicitó a Pdvsa la conducción de experticias para determinar el tipo de crudo, el costo del saneamiento y de restauración para establecer las consecuencias jurídicas que se derivan del error humano.

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