Juristas alertan que la Constituyente como está planteada abre las puertas a una rebelión civil

Los constitucionalistas Juan Manuel Raffali y Gustavo Linares Benzo afirman que la propuesta del presidente Nicolás Maduro supone una violación a la Constitución y a los principios elementales de la democracia.

Caracas. Más violencia y, por ende, más muertos, heridos y daños materiales. Eso es lo que podría terminar provocando la Asamblea Nacional Constituyente que el presidente Nicolás Maduro impulsa, supuestamente, para ponerle coto a la ola de protestas que sacuden al país desde hace dos meses, por cuanto ella y cualquier decisión que tome carecerá de legitimidad.

La advertencia la hicieron los catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo de las universidades Católica Andrés Bello y Central de Venezuela, Juan Manuel Raffali y Gustavo Linares Benzo, quienes coincidieron en señalar que la manera cómo se pretende activar el mecanismo previsto en el capítulo III del título IX de la Constitución de 1999 es contrario al espíritu y letra del texto fundamental.

“Esta cosa que pretende hacer el Gobierno lo que va a provocar es una anarquía, porque se puede presentar el escenario en el que la reforma que salga de esa supuesta Constituyente no va a ser acatada más que por la minoría que vote por ella, mientras que una mayoría se mantendrá fiel a la Constitución de 1999”, afirmó Raffali, quien agregó: “Supongamos que la Constituyente disuelve a la Asamblea Nacional o alguna gobernación o alcaldía, pues veremos a unos diputados o gobernadores o alcaldes desconociendo esa decisión y llamando a la gente a defender esas instituciones y, por el otro lado, tendrás a un Gobierno pretendiendo imponer esa reforma a través de los tribunales. Ese escenario por supuesto va a generar más violencia de la que ya tenemos”.

En similares términos se pronunció Linares, quien aunque siempre se ha cuestionado el polémico artículo 350 de la actual Constitución declaró: “Si en algún momento se puede apelar esa norma constitucional para llamar a la desobediencia es ahora, porque esta Constituyente tal y como está planteada viola no solo la propia Constitución sino los principios republicanos y democráticos de la República. Una elección corporativa como la que se pretende hacer viola el principio de un venezolano, un voto”.

El famoso artículo 350 establece: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los Derechos Humanos”.

Raffali, por su parte, no descartó que escudándose en esa norma el sector de la población que hoy tiene dos meses en las calles protestando también lo haga el día de la elección de los constituyentes y el día en que se instalen.

“La determinación que veo en la calle no me hace sospechar que la gente se vaya a quebrar y vaya aceptar ser sometida con esta propuesta, la cual seguramente desempolvará todo eso del Estado comunal, de la propiedad social y demás planteamientos que estaban en la reforma que Hugo Chávez impulsó en 2007”, dijo.

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Sin legitimidad y con otra agenda

Tras recordar que una norma para que tenga legitimidad “debe ser aceptada por el conglomerado social”, pues de lo contrario será “impuesta por la fuerza”, Linares recordó: “La Constitución de 1999 se aprobó con un mecanismo no legal, pues la Constituyente no estaba prevista en la Constitución de 1961 como forma para reformarla o sustituirla, sin embargo, fue respaldada por el pueblo mediante dos referendos —uno para avalar la convocatoria de la Constituyente y otro para aprobar el texto que redactó— y eso le dio legitimidad”.

Por su parte, Raffali también apeló a la historia. Las constituciones se pueden redactar sin necesidad de consultar al pueblo, pero eso ocurre cuando hay una ruptura del orden establecido, como ocurrió a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La Constitución de 1961 fue redactada no por una Constituyente, sino por el Congreso y no fue votada por el pueblo, pero fue aceptada por la inmensa mayoría de los partidos, instituciones económicas, académicas y sociales y eso le dio legitimidad.

Por último, Linares descartó que la instancia impulsada por el Presidente Maduro modifique una coma de la Carta Magna. “Ellos [el Gobierno] no tienen interés en redactar una nueva Constitución o reformar la existente sino lo que van hacer es apelar a esa idea de [Hermann] Escarrá de los decretos constituyentes para disolver a la Asamblea Nacional, posteriormente destituir a la Fiscal General [Luisa Ortega Díaz] y por último le van a aprobar los créditos que no le aprueban ahora”.

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