Ubicada al sur del estado, es una de las tres que conforman el consorcio de Industria Venezolana de Cemento (Invecem), adscrito a la Corporación Socialista de Cemento. Ha paralizado las tres líneas de producción, incluida la que fue inaugurada el mes de marzo de 2016 por el entonces vicepresidente Aristóbulo Istúriz con una inversión superior a los 100 millones de dólares.

Maracay. “Las 3 millones de viviendas para 2019, las harán con barro. Las cementeras están paradas por falta de inversión”, reza una de las pancartas con las que los casi 400 trabajadores de la planta cementera adscrita a la Corporación Socialista de Cemento protestan, desde hace un mes, la falta de inversión en la empresa y reclaman mejores condiciones salariales y contractuales, en las puertas de la planta ubicada en San Sebastián de los Reyes, al sur del estado Aragua, una de las tres que conforman el conglomerado de la llamada Industria Venezolana de Cemento, Invecem, antes Cementos Caribe.

Los trabajadores exigen la reactivación de la planta

Esta planta fue adquirida en 1993 por la empresa suiza Holcim, hasta que, en 2008, el difunto Hugo Chávez anuncia la expropiación. Desde entonces, la producción de cemento en el país ha caído aparatosamente.

Prueba de ello son las denuncias que la diputada a la Asamblea Nacional por Aragua, Carolina de Miranda, viene formulando, desde el mes de marzo, sobre la paralización de las tres líneas de producción, incluida la que fue inaugurada el mes de marzo de 2016, con una inversión de 168 millones de dólares, del convenio China-Venezuela.

Esa inauguración, transmitida en cadena nacional de radio y televisión, fue presidida por el entonces vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, y el exgobernador del estado Aragua, Tareck el Aissami, quienes aseguraron que el cemento que se produciría iría a la Misión Vivienda.

La línea 3 fue inaugurada, pero, a los pocos días del anuncio, cerca de 80 por ciento de la planta estaba paralizada por falta de materia prima y procesada, además de fallas en las maquinarias. Desde el primer momento, trabajadores y personal de operaciones nos señalaron que la línea arrancó a la mitad de su capacidad de producción”, asegura la parlamentaria.

Invecem cuenta con tres plantas, ubicadas en los estados Falcón, Táchira y Aragua. Esta última cuenta con cuatro hornos, de los cuales solo uno está medianamente operativo. Otro, que también fue inaugurado en marzo de 2016, no está funcionando porque no cuenta con la suficiente potencia de energía eléctrica.

“Ese horno requiere, al menos, 40 megavatios para funcionar, pero solo le incorporaron 20 megavatios; además, no hay suficiente caudal de gas natural ni una subestación que permita su operatividad”, cuenta Luis Carrillo, presidente del Sindicato de Trabajadores de Invecem.

De las 3100 toneladas de cemento que se producían en ese horno, actualmente solo se producen 2100 toneladas, ya que, además, desde el año 2015 no se sustituyen los ladrillos refractarios de los hornos cementeros.

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Hemos pasado -dice Carrillo- de casi 3000 toneladas de cemento diarias, a solo 2000 en la semana. Además, la empresa corre el riesgo de que el cemento se enfríe y que haya  que demoler los silos por la cantidad de cemento que no se ha logrado despachar en las últimas semanas.

Y es que la paralización de la planta, además de las razones técnicas, también obedece al inicio de unas investigaciones internas ordenadas por el recién designado presidente de la Corporación Socialista del Cemento, S.A, Comandante Antonio José Pérez Suárez, según Decreto Nº 3.465 de fecha 15 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.382.

Los problemas financieros de la empresa cementera radican en que, además de la paralización de las plantas, el costo de producción del cemento es superior a su precio de venta. La producción en 2007, antes de la estatización de las empresas, era de 10,2 millones de toneladas anuales. Para 2015 se redujo a seis millones de toneladas anuales, lo que significaba una caída de 41%, según un estudio presentado por Transparencia Venezuela.

Para esta fecha, ocho años después de la estatización, la empresa alcanza, en el mejor de los casos, 50 % de su producción: de 2,4 millones de  toneladas de cemento que la antigua Cementos Caribe producía antes de la expropiación, en lo que va de 2018 solo ha alcanzado a producir 900.000 toneladas.

Pero, además de las cementeras y concreteras, Invecem cuenta con dos plantas de agregados localizadas en Caucagua, en el estado Miranda, y en Magdaleno, en el municipio Zamora del estado Aragua.

Ambas plantas de agregados también están paralizadas por falta de mantenimiento. No cuentan con parque automotor y los trabajadores no tienen transporte”, explica el presidente del sindicato de Invecem y directivo de Fetracemento.

Los trabajadores, a través de la cuenta en Twitter de @Invecemsindical, han denunciado no contar con agua potable, transporte y vigilancia, además de irregularidades en las plantas de agregados, tales como robos y extravío de lubricantes, por lo que exigen la destitución del jefe de planta, Antonio Chacón.

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El presidente del sindicato, Luis Carrillo, sostiene que los 1300 trabajadores de las tres plantas están igualmente exigiendo mejores condiciones salariales y contractuales. Hacen hincapié en la necesidad de ajustar los salarios a la inflación y revisar cláusulas contractuales como el seguro de hospitalización, cirugía y maternidad.

En la actualidad -explica- el HCM apenas cubre 12 millones de bolívares, por lo que están exigiendo una póliza que cubra 100%, debido al alto costo de los servicios de salud y para atender emergencias médicas, dadas las condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestos los trabajadores de manera permanente por el deterioro de las maquinarias.

Para el año 2011, los salarios de los trabajadores cementeros estaban por el orden de los 800 dólares al cambio paralelo. Ahora, si acaso, llegan a los cuatro dólares mensuales.

Ante el detrimento en la producción del cemento para todo el país y la desatención del Gobierno al no invertir en el mantenimiento y adquisición de maquinarias, los trabajadores de Invecem decidieron mantener el conflicto laboral y las protestas pacíficas en las puertas de la planta hasta lograr la reactivación de la empresa, que, de acuerdo a las estimaciones sindicales, requeriría unos 100 millones de dólares adicionales.

En 2008, tras la decisión de expropiación  ordenada por Chávez Frías, se firmaron los acuerdos de compraventa de las acciones de la suiza Holcim y la francesa Lafarge. Ambas empresas producían alrededor de cinco millones de toneladas anuales de cemento. Cemex, de capital mexicano y que producía otros cinco millones de toneladas de cemento al año, no logró un acuerdo con el gobierno venezolano para la compra/venta de la empresa. Fue expropiada.

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De esta manera, el Estado venezolano pasó a controlar 98 % de la industria cementera nacional.

De las cementeras nacionalizadas hace 10 años, Invecem era la que estaba operando a mayor capacidad, debido a que las otros dos —Cementos Venezuela y Fábrica Nacional de Cementos— estaban a menos de 50 %. Además, Invecem estaba encargada de suministrar los insumos a los proyectos previstos en los convenios con China.

Fotos: Cortesía Sindicato Invecem


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