La firma privada Ecoanalítica calcula que, en promedio, más de 50 % de las ganancias de las empresas se van en impuestos, con mayor impacto en las pequeñas y medianas. La contribución máxima de 15 % fijada en la Ley de Pensiones podría impactar entre 2,1 % y 6 % de ventas, con un posterior traslado a los precios.

Caracas. La aprobación “exprés” por parte de la Asamblea Nacional (AN) de la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, y su posterior publicación con premura en Gaceta Oficial, muestra parte del trasfondo político por obtener recursos para aumentar las pensiones, aunque deja en “3 y 2” a empresas que siguen sin despegar, principalmente pequeñas y medianas.

El texto aprobado por el Parlamento -de mayoría oficialista- obliga a las empresas privadas a aportar una contribución especial de hasta 15 % de los pagos realizados a los trabajadores por salarios y bonificaciones no salariales, tomando como base el “ingreso mínimo integral definido” por el Gobierno, es decir, los 130 dólares aún no oficializados, pero anunciados por Nicolás Maduro el pasado 1° de mayo. 

Desde el sector privado, la Federación de Asociaciones de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) advierte -entre líneas en un comunicado- que un porcentaje de alícuota superior a 6 % “no sería sostenible para ninguna empresa privada” y que la contribución fijada “pudiera generar inconvenientes” en cuanto a generación de empleos. 

En cambio, la patronal propone que la base del cálculo de la contribución sea el salario “normal” correspondiente al mes anterior y que se fije un tope máximo equivalente a tres veces el “ingreso mínimo integral”, que sería equivalente a 390 dólares. 

De acuerdo con cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la remuneración promedio del sector comercio y servicios en el Área Metropolitana de Caracas se ubicó en 225 dólares en el primer trimestre de este año. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), por su parte, revela que en 2023 solo 22,6 % del total de ocupados en el país se encontraban en el sector privado, frente a 48,3 % que trabajaba por cuenta propia.

El impacto desmedido de los tributos

A pesar de la aparente “apertura” del Gobierno hacia el sector privado desde 2018 -desregulando la economía y permitiendo la libre circulación de divisas-, la falta de ingresos petroleros ha traído consigo lo que empresarios y expertos denominan como “voracidad fiscal”, con tasas y alícuotas que impactan negativamente en las ventas y en el sostenimiento de las empresas en el país. 

En un artículo publicado en el portal Prodavinci, los economistas de la firma privada Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros y Jesús Palacios, revelan que solo por la vía de impuestos nacionales (IVA, IGTF e ISLR) el impacto sobre los ingresos netos de las empresas es de cerca de 40 % y puede alcanzar a más de 60 % si se suman otras contribuciones parafiscales como aseo urbano o impuesto a la actividad económica.

“Esto ha generado una reducción de la base de empresas que paga efectivamente sus impuestos, dado que aquellas que sí lo hacen son asfixiadas con una amplia variedad de tributos”, aseguran los expertos. La firma estima que la excesiva carga tributaria coincide con el auge de más de 300.000 microempresas en el país y con que más de 70 % del sector privado opere en la informalidad.

El Gobierno, efectivamente, ha logrado incrementar sus niveles de recaudación tributaria en los últimos cinco años (de $150 millones mensuales en 2019 a $700 millones mensuales en 2024), aunque a costa de un mayor impacto en la actividad del sector privado, con nuevos impuestos como el IGTF -para las operaciones en divisas- y fiscalizaciones constantes para la recaudación del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, “además de la escalada de los impuestos municipales que estimamos son equivalentes al 20% de la recaudación nacional del SENIAT”, dice Jesús Chacín.

Más carga tributaria sin efecto positivo

El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, advirtió en sus redes sociales que, aunque aún hay detalles que no están claros en la nueva Ley de Pensiones, de por sí la contribución máxima de 15 % suma un nuevo elemento de presión fiscal sobre el sector privado, con mayores grados de vulnerabilidad en las pequeñas y medianas empresas.

Según estimaciones de la firma, el impacto de la contribución al fondo de pensiones -que aún no se ha aclarado cómo se administrará- podría ser de entre 2,1 % y 6 % de las ventas en empresas productoras, comercializadoras de bienes o del sector servicios, lo que a juicio de los especialistas “representaría un efecto excesivamente alto de soportar para muchas empresas”. 

El economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, destaca que el “nuevo impuesto a la nómina” se trasladará a los precios al consumidor “tarde o temprano” y que “puede inhibir la creación de empleos formales”, si se suma al hecho de que las empresas ya aportan 11 % de los montos de las nóminas al Seguro Social. 

Desde Ecoanalítica cuestionan que el nuevo impuesto pueda contribuir al crecimiento económico, toda vez que presiona aún más los de por sí cortos márgenes de ganancias de las empresas, impidiendo así aumentar los salarios reales de los trabajadores y, por ende, el consumo.

Contrario a lo pronosticado en distintos análisis e informes de firmas y organismos, la economía venezolana creció 2 % en el primer trimestre de 2024 -según el OVF-, ritmo inferior al esperado en un contexto de relajamiento de sanciones petroleras y de expectativas de aumento del gasto público por contexto electoral que no se cumplieron. “La tendencia hacia una desaceleración del crecimiento económico se mantiene”, advierte la organización.

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