Proyecto de ley para la transición desarrollará el artículo 333 para restituir la Constitución

Los diputados de la oposición admiten que el 233 constitucional no contempla qué hacer ante la usurpación de la Presidencia. En tal sentido, proponen una vía de tres pasos: el cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición y la convocatoria a elecciones. En la plenaria también se rechazó la posición del Grupo de Lima a favor de Guyana en su comunicado del 4 de enero. Los diputados crearon una comisión especial para la recuperación de activos producto de la corrupción.

Caracas. El debate y organización para un proceso de transición política avanza en la Asamblea Nacional (AN). Tal como informó el lunes Crónica.Uno, en la sesión de este martes, el diputado Juan Miguel Matheus (PJ-Carabobo) presentó al pleno el anteproyecto de ley para la transición.

Afirmó que la premisa fundamental de la propuesta es que en Venezuela no hay vacío de poder sino una usurpación de funciones.

El vacío de poder ocurre cuando un titular legítimo y legitimado para ejercer una función no está presente y no puede hacerlo. En nuestro país no hay ningún titular legítimo llamado a aquello; lo que sí hay es un asaltante de los poderes presidenciales, un asaltante del Ejecutivo que usurpa el poder, dijo Matheus.

El parlamentario afirmó que la situación que se registrará el 10-E, cuando la Constitución fija el inicio de un nuevo mandato constitucional, es inédita y no está contemplada en su texto.

El artículo 233 se refiere a las faltas absolutas de un presidente electo y de un presidente en ejercicio. Pero desde el punto de vista del Poder Legislativo, Nicolás Maduro no cumple ninguna de las dos investiduras: sostienen que no es presidente electo porque desconocen el acto electoral del 20 de mayo y sus resultados; y tampoco es presidente en ejercicio, ya que el pleno declaró el abandono de cargo en 2017 y en 2018 autorizó su enjuiciamiento, lo que implica su destitución.

El 233 es insuficiente para resolver el problema constitucional que estamos viviendo. Es insuficiente porque señala que cuando hay un presidente electo que no ha tomado posesión, de manera interina el presidente de la AN debe asumir el poder por 30 días mientras se convocan unas nuevas elecciones. Pero eso no es aplicable en nuestro país. Si nosotros hoy designáramos como presidente de la república al presidente de la Asamblea Nacional, no tendríamos poder de imperio para ejecutar esa decisión, porque Nicolás Maduro usurpa la Presidencia desde un trono de bayonetas, con la anuencia de la fuerza militar, afirmó.

En tal sentido, Matheus esbozó la nuez de su propuesta: “Construir las condiciones para que cese la usurpación, para que las bayonetas se pongan de lado y para que la comunidad internacional, pueblo y Parlamento vayamos por la liberación de Venezuela”.

El diputado presentó el anteproyecto de ley que describió como un estatuto para la transición. Aclaró que el instrumento contemplará los pasos para lograr el cese de la usurpación, conformar el gobierno de transición y llamar a elecciones.

Lo primero, dijo, será crear un estatuto que desarrolle el artículo 333 y permita renovar los poderes públicos (ciudadano, judicial y electoral). Ese estatuto deberá tener en consideración la justicia transicional que permita a la AN “decretar la amnistía de todos los oficiales detenidos”  y de “todos los hombres y mujeres que en un momento apoyaron a Nicolás Maduro pero que hoy entienden que hay que expulsar al usurpador”.

El siguiente paso contemplado en el anteproyecto contendrá disposiciones para la transición económica que permitan revertir la crisis humanitaria y dar pie para la conformación de un gobierno unitario que sostenga el tránsito hacia la democracia. Como quinto punto consideró necesaria la apertura plena de la AN y la oposición hacia la comunidad internacional, apoyados en el Grupo de Lima, para lograr el desconocimiento global del gobierno que iniciaría el 10-E.

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“Y en sexto lugar, lo definitivo: tiene que haber una movilización popular que salga a la calle en nuestro país a rechazar la usurpación en legítima protesta. Es necesario reivindicar la protesta, que es quebrarle el consentimiento a Maduro”, indicó.

El estatuto también creará un consejo de transición para el restablecimiento de la Constitución, sobre el cual se espera que ahonde este miércoles en el acto de instalación de la Comisión Especial para la Defensa de la Constitución, que preside el propio Matheus, y a la cual fue remitido el proyecto.

Aunque en el debate Matheus no lo mencionó, el diputado Juan Pablo Guanipa, de su mismo partido, envió una nota de prensa al final de la tarde en la que especificó que el consejo para la transición «estará integrado por la Junta directiva y representantes de otras organizaciones».

Por el Esequibo

En la primera sesión ordinaria del año, los diputados también salieron en defensa del territorio Esequibo y la defensa de la soberanía nacional, a propósito de dos hechos recientes: por un lado, la presencia de buques de exploración contratados por Guyana en aguas venezolanas el pasado 21 de diciembre, y por la otra, la insistencia del gobierno de Maduro en crear empresas mixtas con capitales extranjeros sin autorización del Parlamento.

Para este debate se presentaron dos acuerdos. En el primero, presentado por Williams Dávila (AD-Mérida) presidente de la comisión especial para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica, hace un recuento de casi una decena de acuerdos y pronunciamientos de la AN desde enero de 2016 hasta el pasado 4 de enero de 2019 —cuando el Grupo de Lima incluyó en su declaración sobre el desconocimiento del nuevo gobierno de Maduro a partir del 10-E— se refirió al incidente del 21 de diciembre pero afirmó que el hecho ocurrió en aguas territoriales de Guyana. Dávila dijo que desde la AN se ha alertado permanentemente al Gobierno y a la opinión pública sobre los despropósitos de Guyana: “¡No somos nosotros los traidores a la patria. Son ustedes!”.

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El acuerdo rechaza el otorgamiento de concesiones petroleras por parte de Guyana; solicita a EE. UU., el Caricom y el Grupo de Lima a adoptar una posición más equilibrada e imparcial ante el diferendo; y ratifica que el incidente del 21 de diciembre ocurrió en aguas venezolanas.

El otro acuerdo relacionado al resguardo de la soberanía territorial y petrolera fue presentado por Jorge Millán (PJ-Caracas) y el mismo se refiere al otorgamiento sin control y cero transparencia de contratos de servicios para intentar disimular la conformación de empresas mixtas, las cuales obligatoriamente deben ser aprobadas por la AN. En tal sentido, el acuerdo exige al Ministerio de Petróleo remitir al Poder Legislativo dichos contratos de servicio; declara nulos todos los contratos de servicio no aprobados por la AN y ratifica que todos aquellos que suscriban, ejecuten o faciliten este tipo de acuerdos, incurren en responsabilidad política, penal y administrativa.

Recuperación de activos

Freddy Superlano (VP) explicó que el fondo para la recuperación de activos producto de la corrupción será un mecanismo transparente. Foto Maru Morales P

La AN también aprobó un acuerdo que da luz verde para la conformación del Fondo para la Recuperación de Activos Producto de la Corrupción, que contempla el proyecto de ley del mismo nombre que se encuentra en segunda discusión.

El presidente de la comisión de Contraloría, Freddy Superlano (VP-Barinas), precisó que dichos fondos han sido calculados en más de 400.000 millones de dólares y que una vez que se concrete el cambio de gobierno hacia un sistema democrático, podrán ser utilizados para la reconstrucción nacional y la atención de la crisis humanitaria.

El acuerdo aprobado crea una comisión especial encargada de coordinar la instrumentación de este fondo, y para ello deberá sistematizar y hacer seguimiento a los procesos judiciales por presunto blanqueo de capitales y corrupción contra funcionarios o empresas venezolanas vinculados al Gobierno.

La comisión deberá solicitar a los gobiernos donde se estén ventilando estos casos, aplicar medidas cautelares sobre los bienes y fondos incautados a los sospechosos de corrupción, “hasta que se restituya la democracia”.

El acuerdo solicita asesoría a los organismos de la ONU y la OEA especializados en la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos. La comisión también deberá crear un registro público de bienes sometidos a investigación con el objetivo de garantizar la transparencia de cara a la opinión pública.

Finalmente, la AN exhortó a la comunidad internacional a desconocer a los funcionarios designados por el gobierno de Maduro para la reclamación de activos producto de la corrupción.


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