Red venezolana de trata de personas paga $500 en Trinidad para ingresar a la isla

Guiria | trata de personas

Alberto Abreu, capitán de la embarcación desaparecida Ana María, tiene antecedentes por el delito de tráfico de mujeres para la explotación sexual. El diputado a la AN Carlos Valero informó que se dio a la fuga del hospital de Granada, donde se encontraba.

Caracas. El único sobreviviente del supuesto naufragio del bote Ana María se dio a la fuga y tiene antecedentes por trata de personas. Cuando Alberto Abreu fue rescatado a 20 millas de la costa de Trinidad y Tobago, dio la versión de que la embarcación había naufragado el jueves 16 de mayo.

Pero 11 días después del zarpe del peñero, desde Güiria —estado Sucre—, no hay evidencias de un accidente. Tampoco se ha recuperado algún cadáver, por lo que el grupo se considera como desaparecido.

De acuerdo con las investigaciones de la comisión de la Asamblea Nacional (AN) un guardacostas trinitario —quien está identificado— recibe 500 dólares por permitir que los botes ingresen al país, con mujeres víctimas para la explotación sexual. Desde Venezuela también exigen esta suma para permitir que zarpen sin importar las condiciones.

El diputado a la AN y miembro de la comisión que investiga la desaparición de la embarcación, Carlos Valero, informó que Abreu se encontraba en un hospital de Granada, donde fue investigado por las autoridades. Luego de que se descubrieran sus antecedentes se fugó.

El hombre tiene antecedentes por trata de personas, según autoridades locales

El bote Ana María zarpó desde Güiria el jueves 16 de mayo a las 4:30 p. m. y no hubo más noticias de las 33 personas que iban a bordo. Zarpó de manera ilegal y sin registrar a los pasajeros. Sin embargo, familiares informaron que entre los desaparecidos hay tres menores de edad y una mujer con siete meses de embarazo.

En menos de un mes desaparecieron más de 50 personas en embarcaciones que partieron desde Güiria a Trinidad. La primera fue Jhonnalys José, la noche del 23 de abril, con aproximadamente 28 personas a bordo.

Este naufragio se produjo después del paso de Boca del Dragón y solo rescataron a nueve sobrevivientes. También se recuperó el cadáver de una adolescente de 16 años y el peñero.

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Un testigo indicó extraoficialmente que otros botes se acercaron esa noche y se presume que hayan rescatado a varias personas. La mayoría de las pasajeras eran mujeres jóvenes que al parecer serían explotadas sexualmente en Trinidad.

Según una investigación de Crónica.Uno entre ambos países opera una red de trata de personas, que se encarga de captar a mujeres jóvenes para obligarlas a prostituirse. Han encontrado a sus víctimas entre los estados Táchira, Anzoátegui, Distrito Capital y Sucre.

Se conoció que son atraídas por amigas o conocidas que les ofrecen un trabajo bien remunerado y también se ofrecen a prestarle dinero para el pasaje. Posteriormente las hospedan en los hoteles Plaza y Timón de Máximo, en Güiria, que no guardan registros de ellas. Ahí son sometidas y obligadas a viajar.

Familiares sin apoyo del Gobierno

La comisión de la AN difundió un comunicado del Comité de Familiares de Desaparecidos en Güiria, que señala directamente la complicidad de las autoridades venezolanas con esta red, por permitir que estas embarcaciones zarpen ilegalmente.

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También denunciaron que en Güiria no fueron recibidos por los guardacostas y que tampoco hubo información pública acerca de las labores de búsqueda, que se suspendieron el miércoles 22 de mayo. Tampoco el Gobierno no se pronunció al respecto.

Al igual que cuando ocurrió el naufragio de Jhonnalys José no tuvieron suficiente apoyo de las autoridades para tratar de localizar a las víctimas. En el primer hecho los pescadores prácticamente tomaron la batuta de la búsqueda, según denuncias de los parientes.

Un informe del Center For Global Affairs & Strategic Studies en 2018 indica que los actos de piratería marítima reportados en las costas orientales de Venezuela, en Guyana y Surinam, se incrementaron 167 % con respecto a 2017.

Cortesía Crímenes sin Castigo

La información, difundida por el periodista Javier Ignacio Mayorca, indica que la situación ha llevado al gobierno de Trinidad y Tobago a crear una unidad aérea de élite contra la piratería. Estas bandas se aprovechan de la escasa o nula seguridad.

Esta decisión fue impulsada por el secuestro de seis pescadores en Trinidad, que fueron llevados a Venezuela para la negociación. Las víctimas estuvieron secuestradas mientras se negociaba el pago de 20.000 dólares. Anteriormente se registró otro caso en el que tuvieron que pagar 40.000 dólares.

La investigación señala que estas aguas también están en disputa con bandas que operan en el golfo de Paria, que tratan de adueñarse de la ruta para el tráfico de cocaína.

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