Familiares de funcionarios, quienes ya habían cumplido su condena en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde manifiestan su temor a denunciar de forma pública, por las consecuencias que esto pueda tener para sus parientes.
Caracas. Con la presunta promesa de ser liberados por cumplir la totalidad de su condena, 16 reclusos de el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques, recibieron la orden de recoger sus pertenencias para ser trasladados a tribunales.
Ese lunes, 3 de noviembre, después del conteo reglamentario que llevan a cabo los guardias todas las mañanas dentro del penal, los reos tomaron sus pertenencias y subieron a un autobús que no llegó al lugar indicado. Horas después, ese mismo vehículo retornó a Ramo Verde sin ninguno de ellos.
De acuerdo con una fuente, quien pidió su anonimato por temor a venganzas, este traslado encendió las alarmas de los familiares debido a que el supuesto tribunal que emite las órdenes de excarcelación no trabaja los lunes.
Una pariente del teniente coronel Victor Soto, detenido en 2018 y condenado en 2020 por “rebelión militar”, contó a Crónica Uno que las familias llamaron a los abogados para que esperaran el traslado. Uno de ellos asegura que estuvo aproximadamente hasta las 8:00 p. m., pero nadie apareció. “En Ramo Verde solo dijeron que el traslado obedece a órdenes superiores y nos pidieron retirar sus pertenencias el 8 de noviembre”.
Sobre quién dio la orden de salida, a la fecha de esta publicación, los familiares siguen sin obtener una respuesta clara que indique el paradero de los suyos, por lo que cumplen 23 días sin saber de ellos.
“Incomunicación total. Aún no recibo noticias ni buenas ni malas”, lamenta uno de los consultados.
El Comité para la Libertad de Presos Políticos (Clippve) y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigieron al Estado un pronunciamiento inmediato sobre este hecho que se traduce en una clara violación de los derechos de quienes ya cumplieron sus condenas y sus familias que quedan en la incertidumbre.
Nadie sabe
El mismo día de la desaparición varios familiares acudieron a distintas instancias como la Dirección General del Servicio Penitenciario Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público para poner una denuncia por desaparición forzada. En ninguno de los entes obtuvo respuestas positivas.
“Pusimos una denuncia por desaparición forzada porque ya habían pasado 72 horas. En ningún lugar nos dieron información. Solo se manejan chismes, como que fueron trasladados a un centro penal de castigo”.
Allí le dijeron que hace más de tres meses no recibían reclusos. Sin embargo, la madre de un detenido le dijo que su hijo tenía mes y medio en el lugar, lo cual desmiente la información de los funcionarios.
Insiste en que su solicitud es que liberen a su familiar porque ya cumplió su pena.
“A mí no me sirve que aparezca y que me digan que está en otro centro de reclusión, tengo que pedir que sea liberado porque está secuestrado”, recalca.
Desaparición forzada
La desaparición forzada constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos, reconocida tanto en instrumentos internacionales como la legislación venezolana.
El abogado Joel García expone que, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en el artículo 180-A de la Constitución, se considera desaparición cuando ocurren estos tres elementos:
- Privación de la libertad: Detención, arresto o cualquier forma de retención en contra de la voluntad de la persona.
- Participación del Estado o tolerancia estatal cometida por agentes estatales o con su aquiescencia.
- Negativa a reconocer la detención o a informar sobre el paradero: Ocultamiento de la suerte o destino de la víctima, poniéndola fuera de la protección de la ley.
Militares desaparecidos
García, quien también es defensor de derechos humanos, señala que en el caso de los 16 militares de Ramo Verde existen elementos que configuran los criterios de desaparición forzada.
“Al menos de manera preliminar, pues hay custodia estatal, traslado oficial y ocultamiento de su paradero”.
Si se confirma este tipo de desaparición el Estado incurre en una violación “grave” de derechos humanos que se considera un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática y generalizada, agrega García.
Miedo a la denuncia
Entre los familiares el temor a denunciar es colectivo, por la integridad de la persona desaparecida, y también la propia, debido a que se ven reflejados en experiencias de personas que alzan la voz públicamente en contra de entes gubernamentales y las detienen.
El abogado Joel García ratifica dicho describe algunas consecuencias que padecen quienes expresan las denuncias, como hostigamiento, amenazas, vigilancia, campañas de desprestigio, apertura de procesos penales con cargos como instigación al odio, traición a la patria y terrorismo.
Añade que, “aunque suelen ser ineficaces”, las personas deben denunciar ante instancias como la Fiscalía y Defensoría del Pueblo.
“Acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Interamericana, remisión de información a la Organización de Naciones Unidas y documentación para la Corte Penal Internacional, dado que Venezuela está bajo examen preliminar por crímenes de lesa humanidad”.
Organizaciones de derechos humanos e instancias internacionales, como Amnistía Internacional, denunciaron que las desapariciones forzadas constituyen crímenes de lesa humanidad que se ejecutan como parte de un patrón sistemático contra personas opositoras y críticos del Estado.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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