La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló que el sistema de salud público enfrenta una de las peores parálisis operativas ante la falta de especialistas y enfermeras. Gremios denuncian que, pese al anuncio de un plan de recuperación, la inversión gubernamental se concentra en 15 de los 301 hospitales que integran la red nacional.
Caracas. El sistema de salud público enfrenta una de las parálisis operativas más críticas de los últimos años. 75 % de los hospitales no cuenta con médicos y 74 % carece de personal de enfermería para atender a los pacientes, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El documento, correspondiente al año 2025, advirtió que el panorama sanitario en Venezuela presenta un cuadro de abandono estructural reflejado en la falta crónica de suministros básicos, fármacos y especialistas.
Esta crisis afecta con severidad los esquemas de prevención y tratamientos críticos. La CIDH señala que las tasas de vacunación en niños y niñas se mantienen en niveles bajos, mientras que programas vitales como el Sistema de Procura de Órganos siguen suspendidos.
“El acceso a servicios de urgencias es nulo para muchos ciudadanos que residen a cientos de kilómetros de los hospitales, sin disponibilidad de transporte ni ambulancias para sus traslados”, subraya el informe.
Colapso operativo y exclusión
La CIDH también advierte que esta parálisis institucional golpea con dureza a los sectores más vulnerables, como es el caso de las comunidades indígenas ye’kwana y sanemá. En los territorios donde habitan estas poblaciones, al sur del país en los estados Bolívar y Amazonas, solo existen tres médicos para atender a una población de 7448 habitantes.
Los 20 centros de salud en estos territorios no tienen medicinas, equipos de diagnóstico ni material básico. El organismo internacional advierte un incremento preocupante en los fallecimientos de madres durante el parto en estas zonas debido a la precariedad sanitaria.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) tanto las poblaciones ye’kwana y sanemá padecen el azote de la malaria, la tuberculosis y el VIH sin respuesta oficial.
Las promesas oficiales y la realidad gremial contrastan en relación con la crisis sanitaria en el país. Aunque el reporte de la CIDH documenta casos del año anterior, la precariedad en los quirófanos y salas de urgencia persiste en este 2026.
La ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, anunció recientemente el despliegue de un plan para la recuperación de 30 centros hospitalarios en todo el país. No obstante, las cifras del sector médico contradicen el discurso gubernamental. El 22 de abril la Federación Médica Venezolana (FVM) denunció que 90 % de los hospitales de la red pública permanecen desabastecidos y en un estado de abandono crítico.
Contraste entre promesas y realidad
En declaraciones a la prensa, Douglas León Natera, presidente de la FMV, explicó que la inversión gubernamental se concentra en un grupo reducido de centros de salud que apenas representan 15, de los 301 hospitales, que integran la red pública nacional.
Estas instalaciones, que el especialista calificó como “hospitales vitrina”, cuentan con mejoras visibles en sus áreas de atención, mientras que el resto presenta fallas de infraestructura y saneamiento, falta de insumos y especialistas.
Datos de la última Encuesta Nacional de Hospitales presentada en 2024 también revelaron indicadores críticos: el desabastecimiento de insumos en quirófanos alcanza 74 %, mientras que las tres cuartas partes de los servicios de tomografía y resonancia permanecen fuera de servicio.
Frente a la evidencia documentada por los gremios médicos durante el último año, la CIDH emitió una serie de exhortos al Estado venezolano. El organismo internacional exigió la adopción de medidas que garanticen a niños y adolescentes el acceso a servicios de salud de calidad. Esta petición incluye la provisión constante de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas.
En el texto también se instó al gobierno a implementar políticas económicas y fiscales con un enfoque en los derechos humanos para combatir la pobreza y la precariedad que diezma a las poblaciones de las zonas más remotas, donde el acceso a servicios básicos y atención sanitaria es casi inexistente.
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