La oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas, que abrió en abril de 2024, será cerrada, pero proseguirá la investigación abierta al Gobierno de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que inició en noviembre de 2021.
Caracas.- La primera semana de diciembre empezó con el anuncio del cierre de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas por la falta de “progreso real” con Venezuela en materia de “complementariedad”, un principio exigido por esta instancia para avanzar en la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, abierta desde 2021.
“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”,
señaló este lunes, 1° de diciembre, el fiscal adjunto de la fiscalía de la CPI, Mame Mandiaye Niang.
En su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI explicó que, pese al “compromiso sostenido” mantenido con las autoridades venezolanas, la corte concluyó que “el progreso real sigue siendo un reto”, por lo que decidió clausurar la oficina que se instaló en Caracas en abril de 2024, luego de una visita del entonces fiscal Karim Kam.
El fiscal adjunto indicó que, pese al cierre de la oficina, la investigación abierta contra Venezuela por haber cometido supuestos crímenes de lesa humanidad se “mantiene activa” y, desde La Haya, un equipo de fiscales seguirá trabajando en el caso.
“Nuestra investigación se mantiene centrada y activa gracias al trabajo de nuestro equipo dedicado y unificado, junto con nuestros socios y, como siempre, guiados por la evidencia y la ley”, dijo.
Más tensión
El cierre de la oficina de la CPI en Caracas se suma a un cúmulo de tensiones registradas durante las últimas semanas tras el despliegue de Estados Unidos en El Caribe para combatir el narcotráfico y el reciente nombramiento del Cártel de los Soles como una “organización terrorista”, de la que el Gobierno de Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de encabezar.
Este fin de semana, el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, confirmó que hay víctimas venezolanas entre los 83 fallecidos contabilizados en los al menos 21 ataques estadounidenses contra supuestas «narcolanchas» en el Caribe.
Rodríguez calificó las muertes como “ejecuciones extrajudiciales” y dijo que Venezuela evalúa la posibilidad de retirarse del Estatuto de Roma, acuerdo por el que se estableció la creación de la CPI, ante la “inacción” tras el despliegue de EE.UU. y sus consecuencias.
Desde el inicio formal de la investigación contra el Gobierno de Maduro en noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI ha recolectado pruebas y testimonios de más de 8000 víctimas de presuntas violaciones a los derechos humans que incluyen detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Sin embargo, ya el fiscal Kham en varias de sus visitas a Venezuela se había pronunciado sobre la necesidad de respetar el principio de complementariedad por parte del Ejecutivo venezolano, necesario para avanzar en la investigación.
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