Este 9 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y en Venezuela quienes se mantienen en esta lucha lo hacen pese a las amenazas y persecución de la que han sido víctimas y por la que cinco de ellos están privados de libertad
Caracas. La persecución, los abusos de poder, la asfixia jurídica, las amenazas, la falta de fondos para subsistir y hasta la cárcel que muchos enfrentan obliga a los defensores y activistas venezolanos a considerar que “en la lucha por los derechos humanos existir es resistir”.
Esta frase de Alí Daniels, abogado y codirector de la ONG Acceso a la Justicia, define el último lustro para los que trabajan dentro de Venezuela por la defensa de los derechos humanos, un grupo mermado por la hostilidad con la que se topan en el ejercicio de su ciudadanía y en el activismo.
Este 9 de diciembre, fecha promovida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para reconocer la labor esencial de los defensores de derechos humanos en el mundo, quienes alzan esta bandera en Venezuela recuerdan que hay al menos cinco de ellos privados de libertad por exigir el respeto a las garantías contempladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada el 10 de diciembre de 1948.
“Existe una sociedad civil resiliente que actúa sin recursos, pero que a pesar de ello continua porque los que estamos aquí creemos en lo que hacemos, lo hacemos por convicción y porque creemos que la defensa de la dignidad humana lo requiere”, dijo Daniels a Crónica Uno.
Sortear “la tormanta perfecta”
Para Daniels “el agravamiento de la situacion de los DD. HH. en el país, el cerco institucional que obliga a las organizaciones a perder su figura juridica”, la censura y las múltiples amenazas al gremio han limitado e incluso mermado el activismo en Venezuela.
Sin embargo, consideró que “muy a pesar de todo eso, las organizaciones de derechos humanos han continuado, pese a esa tormenta perfecta contra la defensa de los derechos humanos, todavía hay organizaciones activas”.
Explicó que ahora, cuando las circunstancias son adversas, es cuando el trabajo de los defensores se vuelve más importante, pues el acompañamiento a las víctimas y de orientación es fundamental para evitar la la “normalización del abuso”.
“Las organizaciones tienen un papel importantísimo al luchar contra la normalización del abuso, porque un atropello nace cuando se repite y nosotros explicamos que la impunidad que existe no implica que se deba normalizar. La impunidad debería ser la excepción y no la regla”.
El abogado insistió en que fuera o dentro de Venezuela, el trabajo de quienes se han dedicado a defender los derechos y la sociedad “no es una pose”, sino una necesidad de brindad acompañamiento y solidaridad a quienes la necesitan.
De acuerdo con organizaciones como Provea y Amnistía Internacional, en este momento cinco defensores de Derechos Humanos se encuentran privados de libertad de manera arbitraria. Es el caso de Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Kennedy Tejeda, Eduardo Torres y Carlos Julio Rojas.
Faltan cinco
“Actualmente, hay al menos cinco defensores encarcelados de forma injusta y detrás de cada nombre criminalizado existe una historia de servicio civil. Entre ellos Eduardo Torres, quien acompañaba a presos políticos; Javier Tarazona, quien recorría estados fronterizos documentando y denunciando la presencia de grupos armados irregulares”, detalló Provea en un informe reciente.
La ONG menciona también a “Rocío San Miguel, experta en temas militares, quien durante años exigió rendición de cuentas y terminó acusada sin pruebas; Carlos Julio Rojas, periodista y activista vecinal y Kennedy Tejeda, arrestado mientras intentaba representar legalmente a otros de forma gratuita. Todos ellos blancos de la persecución y la detención sistemática en el país”.
Marino Alvarado, abogado y coordinador de exigibilidad legal de la ONG Provea, aseguró que desde que el chavismo entró al poder calificó a los defensores de “enemigos” y ha activado la persecución y el encarcelamiento como una forma de restringir el trabajo de este grupo de ciudadanos.
“El Gobierno de hace mucho tiempo, desde los tiempos de Chávez, incluso, nos ha calificado como enemigos, prácticamente. Progresivamente ha ido adelantando, no solamente normativas jurídicas que restringen y aumentan el riesgo de nuestro trabajo, sino que también ha empezado a encarcelar a defensores y defensoras de derechos humanos”, dijo a Crónica Uno.
Agregó que la situación ha llevado a muchos activistas y defensores a salir de Venezuela y a apoyar a quienes aún siguen aquí y siguen acompañando víctimas, siempre tomando medidas de precaución para garantizar su propia seguridad.
“Quienes permanecemos en Venezuela lo hacemos con mucho riesgo, pero conscientes de que tenemos que acompañar a las personas afectadas en sus derechos para que exijan justicia y aquí nos mantendremos”, sentenció.
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