Organizaciones de la sociedad civil y abogados penalistas insisten en que la investigación en torno a la muerte de Víctor Quero, fallecido bajo custodia del Estado, debe seguir el Protocolo de Minnesota, que establece que instancias independientes deben estar a cargo de las experticias

Caracas. Contradicciones en las fechas, silencio, opacidad y una investigación activa que no responde a los requerimientos de quien esperó durante 16 meses respuestas son las manchas que tiñen el camino a la justicia de Carmen Teresa Navas, la madre del preso fallecido en custodia del Estado Víctor Hugo Quero Navas. 

Este jueves, 8 de mayo, se conoció oficialmente la muerte bajo custodia de este detenido, sobre el que no había información oficial por parte de las autoridades judiciales o del Estado en materia de protección de Derechos Humanos. 

Hoy se sabe que murió hace más de 10 meses y que fue sepultado sin el conocimiento de ningún familiar ante la justificación de que el detenido no aportó datos de sus familiares al momento de su aprehensión. 

La versión de quienes convivieron con él en el Rodeo I es distinta. Muchos insisten en que fue torturado, golpeado y sacado de este centro de reclusión en condiciones deplorables la última vez que alguien supo de él. 

Este viernes, 8 de mayo, su madre logró corroborar que el cadáver enterrado en la tumba que le mostraron ayer corresponde con el de su hijo. Sin embargo, queda mucho por esclarecer en el caso. 

En este recuento se detallan algunas de las incongruencias e injusticias que tuvieron lugar durante la detención de Quero y la larga búsqueda de su madre. 

Silencio judicial 

De acuerdo con el reporte oficial del Ministerio de Servicio Penitenciario, Víctor Hugo fue detenido el 3 de enero de 2025, una fecha que coincide con la que da su madre como la fecha de su desaparición y del inicio de su búsqueda en centros de reclusión y penales de toda Caracas y sus adyacencias. 

Navas acudió al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a la Asamblea Nacional y hasta al Ministerio de Servicio Penitenciario sin que su caso fuera tomado o atendido, inicialmente, por ninguno de estos organismos que le prestaron atención ya a inicios de 2026, cuando el caso de Víctor Quero se viralizó en medios de comunicación y redes sociales. 

Incluso el Foro Penal intentó acompañar a Navas en una acción de Habeas Corpus en favor de Víctor Hugo, y la misma no fue recibida por los tribunales.

“La emisión tardía de información sobre el fallecimiento no satisface las obligaciones estatales de verdad, transparencia y rendición de cuentas previstas en el derecho internacional de los derechos humanos”, explicó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. 

Incongruencia en las fechas

El Ministerio de Servicio Penitenciario explicó que el 15 de julio del 2025, Quero fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, “tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo” y que, luego de 10 días bajo atención médica, “el 24 de julio de 2025 a las 11:25 p. m. falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria y tromboembolismo pulmonar”. 

Quero, prosigue el escrito, fue enterrado el 30 de julio de 2025. El Ministerio aseguró que el detenido nunca suministró datos sobre sus vínculos filiatorios, “ni ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”. 

No obstante, Carmen Teresa fue llevada este mismo jueves a la tumba en un cementerio en Hoyo de la Puerta en el que sepultaron a su hijo y cuya fecha escrita en una improvisada lápida no coincide con la del parte ministerial. 

En la identificación de la tumba de Quero se detalla como fecha de defunción el 27 de julio de 2025. 

Además, Encuentro Justicia y Perdón recordó en redes sociales que existen registros de que el 24 de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo, tras consulta formal al Ministerio Público, informó que Víctor Quero permanecía recluido en el Rodeo I, mientras que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario sostuvo cómo fecha de fallecimiento el 24 de julio del mismo año.

“Esta contradicción cronológica exige una explicación oficial verificable y constituye un elemento suficiente para cuestionar la integridad de los registros estatales relacionados con el caso. Adicionalmente, los hechos son compatibles con una situación de desaparición forzada, considerando que existió una negativa efectiva de información sobre el paradero de la víctima, así como contradicciones estatales respecto de su situación bajo custodia, circunstancias que se habrían mantenido hasta la posterior notificación de su fallecimiento”, explicó la ONG. 

Investigan quienes callaron

Desde que se hizo oficial la confirmación de su fallecimiento por una supuesta complicación de salud mientras se encontraba recluido en el penal de El Rodeo I, ONG, abogados y expertos han insistido en la necesidad de que sea empleado el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, que data de 2016, para investigar el caso. 

Este manual explica que “cuando un agente del Estado ha causado la muerte a una persona recluida, o cuando la persona ha muerto mientras estaba privada de libertad, ello deberá ser comunicado, sin dilación, a una autoridad judicial u otra autoridad competente que sea independiente de la autoridad responsable de la reclusión y esté facultada para llevar a cabo investigaciones expeditas, imparciales y efectivas de las circunstancias y causas de tal muerte”. 

No obstante, es la Fiscalía la encargada de investigar las presuntas irregularidades en el caso de Quero Navas, misma institución a la que la madre del comerciante de 51 años acudió en varias ocasiones sin obtener respuesta sobre su paradero durante más de 16 meses de desaparición forzada.

El aviso a la familia

De acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, las autoridades policiales, al realizar una detención, deben permitirle al acusado “comunicarse con sus familiares, abogado de su confianza o asociación de asistencia jurídica, para informar sobre su detención”. 

No obstante, el Ministerio de Servicio Penitenciario asegura que Quero Nava no ofreció información sobre sus datos filiatorios o de algún familiar, lo que contrasta con el testimonio de su madre que lo buscó y preguntó por su paradero en distintos centros penitenciarios desde el primer día de su detención.

“La afirmación estatal relativa al supuesto desconocimiento de los vínculos familiares de Víctor Quero carece de sustento documental. Consta que su madre, Carmen Navas, realizó múltiples diligencias ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para obtener información sobre su situación y paradero”,

indicó Justicia, Encuentro y Perdón. 

Foro Penal calificó como una burla las aseveraciones de la cartera ministerial y recordó que una investigación transparente y exhaustiva para esclarecer las causas de la muerte de Quero es más que una exigencia. 

De acuerdo con el conteo de ONG, con Quero Navas son 27 los presos políticos que han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014 y dan cuenta de “un sistema en el que la muerte fue el desenlace de la persecución político”. 

“La lucha de madres como Carmen Navas no es solo por la recuperación de un cuerpo o de un acta de defunción, es la demanda de una nación que exige que nunca más la custodia estatal sea sinónimo de desaparición y muerte. La justicia verdadera solo llegará cuando se establezcan las responsabilidades individuales y estructurales de quienes transformaron las cárceles en recintos de impunidad mortal”, pidió Justicia, Encuentro y Perdón. 

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