Grandes escuelas y liceos sin daños estructurales fueron acondicionados de forma exprés para albergar a familias provenientes de La Guaira, luego del doblete sísmico del 24 de junio pasado.
Caracas. Tras el doblete sísmico ocurrido en Venezuela el 24 de junio de 2026, las cifras oficiales del Ejecutivo Nacional, hasta el 25 de julio, reportaron 17.907 damnificados atendidos en 107 campamentos transitorios instalados en los estados afectados.
Estos centros —que son las grandes escuelas y liceos sin daños estructurales— fueron acondicionados de forma exprés para albergar principalmente a las familias provenientes de La Guaira que, durante las primeras horas de la emergencia, se refugiaron en plazas y parques como Alí Primera y Generalísimo Francisco de Miranda.
El vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, precisó que estos centros están desplegados en Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua, con una capacidad para 28.223 personas y una ocupación que alcanzaba las 24.477 para el 26 de julio. Caracas concentra 41 de estos albergues, que alojan 9092 personas sobre una capacidad instalada de 10.975 ocupantes (82,8 % de ocupación).
El antecedente de 2010
La anterior emergencia nacional que promovió la ejecución de un decreto con rango de ley ocurrió en 2010, cuando lluvias intensas entre octubre y diciembre dejaron más de 100.000 familias damnificadas en todo el país (38.000 de ellas en la capital).
Para contener la contingencia se habilitaron pisos enteros en los ministerios de Ambiente, Salud y Comunas, hoteles, así como salones de colegios: un total de 494 refugios en todo el país.
En ese entonces no hubo lineamientos homogéneos para tratar a las personas. La atención con perspectiva de género no se abordó ni la privacidad se mantuvo en el tiempo. De hecho, algunos damnificados optaron por regresar a sus lugares de origen, aunque eran zonas de alto riesgo.
Esa situación dio paso para que en enero de 2011 se dictara el Decreto N° 8.001 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Refugios Dignos, “para proteger a la población en caso de emergencias o desastres”, cuyo preámbulo contemplaba que los refugios eran la transición hacia “una vida nueva”; a los pocos meses, específicamente el 30 de abril, el Gobierno ya estaba arrancando con el programa Gran Misión Vivienda Venezuela.
Ley de Refugios Dignos
Por citar tres artículos, el 2° fijó que los refugios servirán como espacios dignos para la vida, la convivencia y la protección de derechos hasta que cese la emergencia, mientras el Gobierno garantiza el regreso seguro o procura una nueva vivienda en caso de pérdida irreparable.
El 3°, señala que las personas conservarán los vínculos comunitarios, afectivos, culturales, económicos y políticos con su barrio de origen. Y el artículo 4°, establece que ante la necesidad de reubicación en localidades distintas, las familias deben prepararse para fundar una nueva comunidad cuya semilla nace en el refugio.
15 años después, frente a un doblete sísmico devastador en La Guaira con efectos en Caracas, Maracay, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Falcón, la ley quedó en letra muerta. Ahora, todo se circunscribe al Decreto N.° 5.364 del 24 de junio de 2026, que declara el Estado de Emergencia para movilizar recursos e instituir un Estado Mayor.
De allí surgen los “campamentos transitorios”, escuelas y liceos públicos cuyas fachadas exhiben logos institucionales y cuya habilitación incluye cámaras de circuito cerrado e identificación biométrica.
Aparte de esa novedad, en esta nueva era de refugios permanece la figura del “padrinazgo institucional” (cada ente asume el control y mantenimiento de un refugio) y la dinámica de compartir salones, recibir asistencia médica y comida diaria.
Asimismo, se pintaron paredes, se instalaron duchas y literas nuevas, y se reforzó la seguridad con fuerzas conjuntas: milicianos, PNB, GNB y funcionarios de control urbano con armas largas, una presencia que atemoriza a familias que aún atraviesan el impacto emocional post terremoto.
Según medios oficiales, el Gobierno adopta un plan para dotar a los centros con herramientas tecnológicas avanzadas de monitoreo, “priorizando el bienestar y la tranquilidad de la comunidad”.
Dotación
En algunos recintos no se permite el ingreso de la prensa independiente —de ahí la imposibilidad de constatar en el sitio lo que declaran los coordinadores—, pero a continuación se resume una aproximación de los datos recabados en campo:
- Liceo Andrés Bello, en Parque Carabobo
En esta edificación piloto de más de 80 años de fundada operan bajo un registro automatizado 368 familias, la mayoría provenientes del oeste capitalino.
El centro fue acondicionado y pintado; se instaló iluminación interior y exterior, se arregló la cocina y se construyeron 66 duchas (33 para hombres y 33 para mujeres).
Se identificaron 21 personas con diabetes, 19 con hipertensión, 50 adolescentes, 18 lactantes y 3 embarazadas.
Su “padrino” es el Ministerio de Agricultura, con apoyo transversal de Salud, Educación y Alimentación. Posee una sala situacional con una cartelera informativa de las 368 familias y pantallas de monitoreo en vivo que cubren salones, patios, pasillos y comedor.
No se reciben visitas, salvo excepciones. Quienes laboran y regresan después de las 10:00 p. m. deben presentar constancia de trabajo con horarios firmados para ingresar. Próximamente se implementará un sistema biométrico conectado al censo interno para agilizar los accesos y limitar el paso a personas ajenas al recinto.
- U. E. Coronel Carlos Delgado Chalbaud, en Coche
Alberga a 426 familias provenientes en su totalidad de La Guaira. Su manutención está a cargo del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).
La Milicia opera los portones y la GNB custodia las entradas de visitantes. La coordinadora del refugio, Ismalia Hernández, no autorizó el ingreso de la prensa por carecer de un permiso del Ministerio de Comunicaciones y del Instituto Nacional de Hipódromos.
Las visitas están permitidas de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. (con cierta flexibilidad para recibir donativos comunitarios). Los salones disponen de ocho literas cada uno, en las ventanas hay ropa colgada a modo de cortinas y los niños permanecen en pasillos y patios. Cuentan con comida diaria, luz, agua permanente y atención médica. En paralelo, los docentes acuden para cerrar el año escolar y entregar boletas. El sistema biométrico aún no ha sido instalado.
- Liceo Pedro Emilio Coll, en Coche
Administrado por el Metro de Caracas desde el 1° de julio, no se autorizó el acceso a la prensa y se recomendó presentar una carta de la Vicepresidencia para autorizar el ingreso. Alberga 118 familias (376 personas): entre ellas 223 adultos, 26 adultos mayores y 59 niños, niñas y adolescentes de 3 a 12 años.
Ocupan 30 aulas. Los niños reciben actividades recreativas y atención médica, registrándose varios casos de cuadros diarreicos y vómitos en la población infantil.
No se permiten visitas al interior, ya que son recibidas en el patio de la entrada. De los cuatro portones, solo uno permanece abierto para entradas y salidas. El personal del Metro realiza mantenimiento de áreas verdes.
En este centro sirven el desayuno de 7:00 a. m. a 9:00 a. m., el almuerzo de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. y la cena de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.
- Liceo José Ávalos, en El Valle
Alberga a 200 personas (50 familias). Dispone de una capacidad total para 300 personas con camas y servicios básicos.
- Escuela Armando Zuloaga Blanco, en la avenida Panteón
Registra a 165 personas (46 familias) provenientes de Caracas. Se realizaron reparaciones de frisado, pintura en salones, instalación de reflectores internos y externos, adecuación de baños, limpieza de tuberías de aguas servidas, instalación de duchas tres tanques con capacidad total de 10.000 litros de agua.
El vacío de información oficial
A pesar del acondicionamiento exprés en estos centros, en ninguno de los campamentos abordados existe información oficial sobre soluciones habitacionales para quienes perdieron sus viviendas.
Tampoco se ha informado a las familias cuánto tiempo permanecerán en los recintos ni si habrá rezonificación para los estudiantes regulares de estas escuelas.
Unos bajo techo y otros en carpas
Mientras la manutención de los campamentos se mantiene, en la plaza Luis Razzetti de la parroquia San José, 115 familias (alrededor de 300 personas, incluidos 125 niños, niñas y adolescentes, 5 embarazadas y un joven de 16 años con enfermedad renal) pernoctan en carpas desde la noche del 24 de junio.
Viven a la intemperie frente al bloque OPP02, cuya planta baja y primeros pisos sufrieron severos daños estructurales. Katlen Medina, madre de un adolescente de 16 años y una niña de 7, relató que tras ver a sus vecinas deslizarse de rodillas por la sala durante los sismos, el temor le impide volver a habitar su apartamento; solo sube ocasionalmente a asearse y lavar ropa.
Olga Cereza intentó reingresar con su nieta, pero la niña entró en pánico, lo que motivó su salida temporal de la ciudad.
A pesar de que en el urbanismo se realizan trabajos de apuntalamiento en paredes y escaleras, los vecinos desconocen las fechas de finalización de las obras. Aunque se les ofreció el traslado a un campamento en La Pastora, la mayoría rechaza movilizarse alegando las experiencias de refugios anteriores:
“Ya nosotros venimos de pasar un tiempo en refugios y sabemos todo lo que se sufre. Yo llegué aquí en 2015, fui damnificada de El Junquito y no quiero regresar a un lugar así”, testimonió una adulta mayor del sector.
Derechos pendientes tras la catástrofe
Esta resistencia ciudadana a habitar refugios cerrados pone en evidencia la distancia entre la respuesta operativa y las necesidades reales de los sobrevivientes. Frente a esta realidad, la respuesta estatal no puede limitar su alcance a la dotación de insumos alimentarios, la pintura de fachadas o el despliegue de mecanismos de vigilancia. Atender a sobrevivientes de un terremoto exige garantizar una serie de derechos fundamentales que hoy continúan en el limbo:
- Atención al trauma psicosocial e invisibilidad del miedo: a diferencia de las lluvias de 2010 —referenciadas al inicio de este trabajo—, las familias que hoy duermen en carpas (como en el bloque OPP02 de San José) o las que permanecen en los campamentos transitorios están viviendo un trauma violento y una condición de pánico permanente. El temor a las réplicas y al colapso estructural exige programas especializados de salud mental en la primera línea de atención humanitaria.
- Garantía de privacidad y libre tránsito: si bien la instalación de sistemas biométricos, el monitoreo por cámaras de circuito cerrado en áreas de convivencia y la presencia permanente de cuerpos de seguridad buscan mantener la convivencia, también vulneran el derecho a la privacidad y a la libre movilidad (consagrados en los artículos 44 y 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Un albergue no debe convertirse en un espacio de confinamiento ni de control policial.
- Inserción laboral y autosustento: tras el sismo, la mayoría de estas personas perdieron sus empleos o fuentes cotidianas de ingreso. Aunque varios refugiados confirman haber recibido bonos gubernamentales, estos aportes resultan insuficientes. Las familias requieren garantías de empleo, reactivación económica e inserción real al campo laboral para recuperar su autonomía.
- Transparencia en la ruta de reconstrucción: la mayor lección que dejaron los refugios de 2010 fue que la falta de información clara transforma la temporalidad en una permanencia indefinida. Transcurrido un mes del evento de 2026, el Estado está en la obligación de presentar un plan público, auditable y con lapsos definidos para la adjudicación de soluciones habitacionales o la reconstrucción de inmuebles.
Eso es lo que esperan quienes hoy ven pasar sus días sentados en los bancos de las escuelas o liceos habilitados:
“Nos están atendiendo muy bien, nos dan comida, medicinas, los niños están tranquilos, esta es una zona que nos gusta, pero tenemos mucha incertidumbre. Nadie nos dice el plazo que vamos a estar aquí”, expresó una damnificada proveniente de La Guaira, quien permanece desde la primera semana de julio en la U.E. Coronel Carlos Delgado Chalbaud.
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