Albañiles y operarios de La Guaira exigen participar en la reconstrucción tras los sismos de junio. Denuncian sueldos de $25 semanales por jornadas de lunes a lunes y el desplazamiento de mano de obra local ante la contratación de militares y personal foráneo.
Caracas. “Lo que necesitamos es trabajo”: el clamor de los trabajadores de la construcción en La Guaira resuena con fuerza tras el doblete sísmico que devastó parte de la infraestructura regional. El fenómeno, ocurrido el 24 de junio pasado con dos movimientos de 7.2 y 7.5 de magnitud separados por unos 39 segundos, sacudió la infraestructura de varios estados del centro del país, con La Guaira y Caracas entre las zonas más afectadas.
Casi 50 días después de la emergencia, albañiles, plomeros y operadores de maquinaria enfrentan una crisis laboral marcada por el desempleo y los bajos ingresos.
Entre inmuebles calificados bajo etiquetas de riesgo que nadie puede reparar sin una segunda inspección y subsidios que excluyen a los trabajadores asalariados, los constructores aseguraron que han quedado al margen de una reconstrucción que prioriza la asignación de labores a funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado por encima de los profesionales del oficio.
El desempleo masivo, los salarios de 25 dólares semanales y la reducción de oportunidades marcan el panorama de un sector que espera participar en la recuperación de las zonas afectadas.
En testimonios recogidos por Crónica Uno en Naiguatá, Caraballeda y Catia La Mar, trabajadores cuestionaron el encargo de obras a militares y policías. Para ellos, en su mayoría por cuenta propia, esta práctica puede afectar la calidad de las construcciones y desconoce los perfiles técnicos establecidos en las normas laborales.
Ante esto, trabajadores de la construcción del litoral central pidieron ser incluidos en los proyectos locales. Hasta esta publicación, las autoridades de la Gobernación del estado La Guaira y la Alcaldía no han emitido una respuesta oficial frente a los reclamos laborales ni sobre la cantidad de personal contratado para las obras.
Desplazados en su propia tierra
Según los consultados, los frentes de trabajo activados por organismos nacionales y regionales han reducido la participación de los trabajadores locales al incorporar personal trasladado desde Caracas y otras entidades. Esta situación ocurre en un contexto en el que no existen cifras oficiales sobre la cantidad de obreros desempleados en la entidad tras la emergencia.
Darwin Hernández, residente de Naiguatá, explicó que tras el sismo las fuentes de empleo quedaron prácticamente reducidas a cero, debido a que las autoridades exigen aprobaciones especiales para iniciar reparaciones en inmuebles previamente inspeccionados.
“Aquí en Vargas no tenemos trabajo. Todos los puestos se los están dando a militares y policías, desplazando a los civiles. Hemos detectado que escogen a dedo a pequeños grupos para trabajar con la alcaldía o la gobernación. No estamos pidiendo nada. Nosotros lo que necesitamos es trabajo”,
denunció.
Hernández precisó que los trabajadores seleccionados para la reconstrucción perciben $50 semanales más una bolsa de comida, un programa estatal de distribución de alimentos subsidiados a familias vulnerables. Las jornadas son de lunes a lunes. “Es absurdo; una persona que perdió su casa o a su familia no puede subsistir con $200 mensuales”, opinó.
Ante esto, solicitó a los organismos gubernamentales realizar un censo, un registro formal y detallado para identificar el número exacto de personas en un oficio, de trabajadores independientes para incluirlos con remuneraciones acordes a la ley.
“Toda la reconstrucción debe apoyarse en el sector privado para garantizarnos un ingreso digno y el respeto a los horarios laborales. Esa es la única solución, porque de lo contrario nuestro estado no saldrá adelante”, recalcó.
Salarios precarios y jornadas extenuantes
La realidad de los contratados de emergencia tampoco resulta favorable. Un operador de maquinaria pesada que labora en la extracción de cuerpos en Catia La Mar, y quien resguardó su identidad, reveló que percibe apenas $25 semanales por jornadas que superan las 12 horas continuas.
“Soy jubilado de la administración pública y estoy en un refugio porque mi casa sufrió daños severos. Al enterarse de mi oficio, me sacaron del refugio para trabajar. Me dijeron que serían 8 horas diarias, pero supero las 12 horas todos los días”, explicó.
El operario agregó que le pagan $200 mensuales. Pero lo excluyeron de los subsidios gubernamentales para damnificados, asistencias económicas extraordinarias otorgadas por las instituciones públicas a personas en situación de vulnerabilidad extrema.
“Pensé que percibiría el pago y además la ayuda por perder mi vivienda, pero no fue así. Es un ingreso precario; ganaría más en el sector privado. ¿Cómo reconstruyo mi casa con eso?”, cuestionó.
Además, denunció discriminación en la asignación de ayudas estatales hacia profesionales o trabajadores asalariados. “Mi hija perdió todo y está en otro refugio. Como trabaja en una empresa privada, no le dan apoyo económico, solo le prometieron reparar parte de la estructura de su casa. Si el gobierno quiere apoyo, debe responderle a todo el pueblo sin distinción”, sostuvo.
Freno burocrático
A la falta de empleo se suma la parálisis en la entrega de permisos. Jorge Castro, albañil de Caraballeda con más de 20 años de experiencia, instó a las autoridades a agilizar las autorizaciones para obras privadas.
“Hay muchas casas y edificios en pie calificados con etiqueta roja o amarilla que son recuperables. Pero los dueños no pueden tocar nada sin una segunda inspección”, alertó.
Aseguró que muchos de sus clientes están dispuestos a asumir la responsabilidad con las autoridades, con tal de iniciar los trabajos. Pero matizó que asumir esa responsabilidad no sustituye los dictámenes técnicos exigidos por la ley.
“Tengo clientes que me piden trabajar sin permiso asumiendo el riesgo, pero no me atrevo porque puedo ir preso. Mientras tanto, sigo sin ingresos por culpa de un permiso”, alertó.
Castro instó a la gobernación y a la alcaldía a redoblar el personal de inspección para que los propietarios y juntas de condominio puedan contratar mano de obra local e iniciar formalmente su reconstrucción.
La recuperación física de La Guaira avanza a paso lento bajo el peso del descontento social. La agilización de inspecciones técnicas y la reactivación formal de la mano de obra independiente determinarán si la reconstrucción del estado se consolida sobre bases de justicia laboral o si se profundizará la vulnerabilidad económica de sus propios habitantes.
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