Aunque organizaciones independientes han contabilizado al menos 87 bienes patrimoniales afectados por los sismos, el Estado aún no ofrece un balance oficial sobre la magnitud de los daños en edificaciones de alto valor histórico y arquitectónico, entre las que se encuentran estructuras declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco.
Caracas. Sin un mapa oficial de lo que debe salvarse, la reconstrucción del patrimonio cultural tras los recientes sismos avanza a ciegas. A más de 40 días de los terremotos registrados el 24 de junio pasado, con epicentro en La Guaira y que dejó graves afectaciones en la región central del país, la falta de un inventario público obstaculiza las labores de rescate, por lo que joyas arquitectónicas e históricas están expuestas al deterioro o al olvido institucional.
De acuerdo con la experta en patrimonio Zaida García Valecillo y datos de la ONG Clima21, organización no gubernamental dedicada a la defensa del medio ambiente y los derechos humanos, esta carencia dificulta la evaluación de las afectaciones y paraliza los trabajos de rescate tras la emergencia.
Por otro lado, la ausencia de una lista oficial impide fijar prioridades y planificar la rehabilitación de inmuebles clave para el legado histórico y cultural del país.
Un informe publicado por la organización Clima21 en julio pasado reveló que 87 bienes patrimoniales, localizados en su mayoría en el Distrito Capital y La Guaira, presentan distintos niveles de deterioro a causa de los sismos.
Entre las estructuras afectadas destacan las de mayor antigüedad, correspondientes a los períodos colonial y republicano, etapas históricas que abarcan desde el dominio español hasta la formación de la república moderna, las cuales constituyen parte del acervo histórico y arquitectónico de varios siglos.
Cuatro joyas bajo la lupa
Para verificar el estado de algunas de estas edificaciones, el equipo de Crónica Uno recorrió distintos puntos de la ciudad donde fueron identificados cuatro bienes patrimoniales clave por su historia y legado cultural.
El primer punto fue el Santuario de Nuestra Señora de Coromoto, ubicado en la avenida Lucas Manzano de El Pinar, parroquia El Paraíso. Este templo católico, inaugurado en 1961, destaca por su arquitectura con elementos góticos y una cúpula de inspiración renacentista, estilo artístico caracterizado por el uso de arcos, simetría y proporciones clásicas.
La iglesia sufrió severos daños, aunque no todos se aprecian a simple vista. El templo posee uno de los vitrales más grandes del país; no obstante, desde sus ventanas se nota que las piezas están rotas.
Su cúpula presenta grietas visibles desde el suelo, las torres exhiben fisuras, el piso muestra trozos de porcelana desprendidos y hay cables sueltos en la fachada.
El estudio de Clima 21 revela que las edificaciones religiosas son el grupo más afectado con 42 bienes estropeados. Sin embargo, en el caso de la Coromoto, Pese a los daños, no se aprecia desde el perímetro la existencia de alguna etiqueta que evidencie alguna inspección técnica.
Inacción institucional
La experta en patrimonio cultural Zaida García Valecillo explicó que hasta la fecha se desconoce un balance oficial del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), organismo gubernamental rector de la protección y salvaguarda de los bienes culturales, sobre los daños causados por los recientes sismos.
Aunque el Ministerio de la Cultura informó sobre reuniones con la Arquidiócesis y con varias instituciones afectadas para evaluar las estructuras, todavía no se ha publicado un informe global.
En 2005 se realizó un censo cuyos bienes registrados se consideran patrimonio; no obstante, los libros de esa consulta no abarcan la totalidad de las estructuras protegidas ni conforman una base de datos unificada.
La especialista señaló que la falta de un sistema público, integrado y claro sobre la ubicación, categoría de protección y estatus jurídico. Es decir, la condición legal y normativa que ampara a cada propiedad, de cada inmueble dificulta evaluar las afectaciones. Asimismo, frena la fijación de prioridades y la planificación de los procesos de recuperación y reconstrucción.
Como ejemplo destacan dos obras de alto valor patrimonial sobre las cuales no se encontró una declaratoria formal como patrimonio cultural. En primer lugar está el Gran Hotel El Palmar, diseñado por el arquitecto Luis Eduardo Chataing e inaugurado en 1949 en Caraballeda, el cual colapsó tras los terremotos.
En segundo lugar se encuentra el mural Inducción Cromática Doble Frecuencia, creado por el artista Carlos Cruz-Diez, referente mundial del arte cinético y óptico, en 1992 para el Club Náutico de Playa Grande.
Mosaicos y murales contra el colapso
En el caso de la Plaza Cubierta de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se han adelantado varias evaluaciones. Esta obra, considerada el alma del campus universitario, fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, organismo de las Naciones Unidas dedicado a la educación, la ciencia y la cultura, en el año 2000 por reunir arquitectura moderna y un valioso compendio de artes plásticas vanguardistas.
Tras los sismos del 24 de junio pasado, el acceso a este espacio permanece restringido con cinta amarilla. Un vigilante que resguarda el perímetro explicó que la fuerza de los temblores afectó varias columnas que sostienen los techos. Las estructuras están numeradas y fueron reforzadas con abrazaderas de hierro para evitar un colapso.
En el sitio se comprobó que diversos murales y mosaicos presentan grietas y fisuras marcadas con tirro y cintas para su posterior intervención. Entre las obras afectadas destacan los emblemáticos murales de los artistas Fernand Léger, Oswaldo Vigas y Pascual Navarro.
“Hay áreas que están en riesgo y se hizo una evaluación. Se intervinieron las columnas pero ahora viene la recuperación de las obras plásticas y de otras áreas. No hay una fecha para el inicio de esos trabajos pero seguro costaran mucho dinero”, comentó el trabajador.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, organización financiera internacional que brinda asistencia a países en desarrollo, los terremotos dejaron daños físicos directos calculados en 19.500 millones de dólares.
Opacidad en la Villa Santa Inés
Cerca de Caño Amarillo, en la parroquia 23 de Enero, se encuentra La Villa Santa Inés, una edificación que fue residencia oficial del general y expresidente Joaquín Crespo y que hoy sirve como sede del IPC.
Este icónico inmueble, construido en 1884, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1970. Diseñado bajo el modelo afrancesado de las villas europeas de finales del siglo XIX, presenta una planta rectangular con patio elíptico.
Destaca por sus decoraciones neobarrocas, estilo arquitectónico recargado y ornamental inspirado en el barroco clásico, que contrastan con la zona donde se ubica.
García Valecillo explicó que este bien patrimonial fue uno de los que sufrió daños considerables por los temblores, según testimonios. Sin embargo, existen pocos datos sobre la magnitud exacta de las afectaciones y en las afueras del recinto no hay etiquetas que certifiquen inspecciones o evaluaciones recientes.
“Determinar la cifra exacta de inmuebles impactados es complejo porque el universo de bienes no está delimitado. La cantidad de estructuras identificadas con valor patrimonial es muy alta, y en el caso de los centros históricos el número aumenta de acuerdo con la cantidad de casas que sufrieron daños”, indicó Valecillos
Un trabajador de la Villa aseguró que los daños fueron menores y que los espacios interiores están en perfecto estado. Sin embargo, el acceso al lugar fue denegado y solo se permitió tomar fotos de la fachada y los perímetros.
Desde la entrada se observaron daños en las molduras ornamentales y grietas en los frisos, capas de mortero o mezcla utilizadas para revestir las paredes. También se notó que algunas de las estatuas de la familia Crespo están rotas e incompletas. En los alrededores había restos de materiales de construcción, pero no fue posible ubicar a ningún obrero en la zona.
“A los jefes aquí no les gusta que entren a grabar ni a tomar fotos. Por el momento solo trabajamos hasta las 12:00 p. m. y no se realiza ninguna actividad para el público”.
afirmó el empleado.
Al borde del colapso
Hacia la zona del centro, en San Bernardino, se encuentra la estructura colapsada del antiguo Patronato San José de Tarbes, un colegio religioso para niñas y jóvenes que quedó inhabitable tras los sismos. Esta institución educativa, fundada en 1918 por la hermana María Lorenza, fue por décadas un referente educativo y arquitectónico.
No obstante, tras la tragedia el lugar quedó destruido y abandonado. Todo el perímetro está cerrado con cintas de seguridad y la estructura presenta dos etiquetas rojas que advierten un riesgo inminente de colapso ante cualquier réplica.
Desde las cercanías se aprecia que las ventanas y la estructura sufrieron profundas grietas y fracturas que comprometen la estabilidad del edificio. La parte frontal de la fachada muestra una leve inclinación que amenaza con ceder.
Un parquero del lugar contó que, 15 días después de los sismos, una comisión de evaluación técnica diagnosticó el inmueble en peligro máximo, pero se desconoce si será demolido.
Llamado a la restauración
Para atender la situación, García Valecillo señaló la urgencia de realizar evaluaciones técnicas especializadas y aplicar medidas inmediatas de estabilización y protección. Asimismo, enfatizó en la necesidad de actualizar los inventarios y guiar la recuperación bajo los principios de conservación, reducción de riesgos y reconstrucción resiliente.
Este enfoque, orientado a adaptar y reforzar las estructuras para resistir futuros desastres, fue fijado por organismos como la Unesco, el Iccrom, Centro Internacional de Estudio de la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales, el Icomos, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y el Marco de Sendai, acuerdo internacional para la reducción del riesgo de desastres impulsado por la ONU.
En el ámbito internacional existen marcos y protocolos para actuar ante desastres socioambientales. Entre ellos que destacan la Convención de La Haya de 1954, tratado internacional destinado a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado o emergencias, y el Fondo de Emergencia para el Patrimonio, creado por la Unesco en 2015.
Más allá de los protocolos internacionales, la especialista subrayó que los procesos de restauración deben contar con la participación activa de las comunidades. Para la investigadora, el patrimonio cultural representa una herramienta clave en la reconstrucción del tejido social.
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