El miedo a detenciones por contenido político ha crecido en Venezuela tras el decreto de Estado de conmoción exterior. Aunque muchos optan por borrar información o dejan el teléfono en casa, la Constitución y la Resolución Conjunta 0085 prohíben la revisión arbitraria de celulares sin orden judicial.
Caracas. El decreto del Estado de conmoción exterior, promulgado el 3 de enero pasado, ha generado una ola de miedo y preocupación entre ciudadanos de distintas regiones del país. Diversas denuncias señalan que, en alcabalas y puntos de control, funcionarios de seguridad solicitan el acceso a teléfonos y contraseñas para revisar mensajes y archivos con contenido político o crítico al gobierno.
Estos reportes, ampliamente difundidos en redes sociales, surgieron tras los operativos ejecutados en Caracas y varios estados que culminaron con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Numerosos testimonios detallan cómo funcionarios revisan los dispositivos en busca de material relacionado con la situación política.
Ante estos relatos, muchas personas han optado por eliminar información sensible de sus teléfonos. En paralelo, organizaciones de derechos humanos y expertos legales advierten que estas prácticas carecen de sustento jurídico y violan la Constitución, la cual protege expresamente el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones.
Los incidentes se han registrado en distintas regiones —como Caracas, Bolívar, Carabobo y Anzoátegui— durante los días posteriores a la entrada en vigencia del decreto, a pesar de las desautorizaciones públicas emitidas por algunas autoridades.
La justificación para estas ilegales revisionesse basaría en el propio Decreto de Estado de conmoción exterior, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.954.
No obstante, aunque este instrumento faculta al Ejecutivo a adoptar medidas extraordinarias, las organizaciones de derechos humanos subrayan que el texto no especifica con claridad qué derechos pueden ser restringidos ni bajo qué criterios, por lo que consideran que su aplicación podría derivar en prácticas arbitrarias.
Contradicción gubernamental
Abogados consultados por Crónica Uno reiteraron que, incluso bajo regímenes de excepción, está prohibido que un funcionario revise el celular de una persona sin una orden judicial, al tratarse de una pertenencia privada protegida por la ley.
“La posición política no es un delito. El decreto de conmoción permite medidas excepcionales de seguridad nacional, pero no otorga un cheque en blanco para violar el Artículo 48 de la Constitución, que protege el secreto de las comunicaciones”, explicaron.
Pese a los reportes de intimidación, algunos funcionarios y autoridades han negado que exista una orden general para requisar teléfonos en alcabalas, mientras que organizaciones de sociedad civil señalan que las denuncias documentadas no se han desmentido de forma sistemática. La contradicción entre la actuación de los funcionarios en las calles y la norma escrita ha sido un punto de debate político y legal.
Organizaciones como Espacio Público han registrado casos de revisión arbitraria de celulares en controles policiales durante situaciones de tensión política, como en las protestas poselectorales de 2024, documentando patrones de abuso en diversas ciudades.
A continuación se explica en qué casos la revisión del teléfono por parte de funcionarios estaría amparada por la ley y se ofrecen algunas recomendaciones.
1. La contradicción oficial
Pese a los reportes de ciudadanos intimidados en alcabalas, la propia administración dirigida ahora por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha tenido que pronunciarse para desestimar estas prácticas, lo que evidencia una contradicción entre la actuación de los funcionarios en la calle y la normativa vigente.
El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, junto al director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la región zuliana, salió públicamente a desmentir la existencia de una orden para requisar teléfonos.
En un video difundido recientemente, Di Martino subrayó que esta práctica está prohibida y que no existe sustento legal para que un funcionario coaccione a un ciudadano a entregar sus claves o mostrar sus fotografías.
Además, existe una Resolución Conjunta de 2022 de los ministerios de Defensa y de Relaciones Interiores que regula las alcabalas y prohíbe la revisión arbitraria de celulares.
En dicha normativa y en el marco legal vigente, se establece que los funcionarios no tienen potestad para invadir la privacidad digital de un ciudadano de forma aleatoria.
2. ¿Cuándo es legal?
Para que la revisión de un celular sea legal, deben cumplirse ciertos protocolos técnicos y jurídicos, entre ellos los siguientes:
- Orden Judicial: solo un puede autorizar el acceso a un dispositivo en el marco de una investigación penal. Así lo estipula el artículo 169 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) vigente.
- Flagrancia: el Código Orgánico Procesal Penal exige una orden judicial para registrar pertenencias privadas, salvo en casos de flagrancia. Revisar un teléfono “para ver qué hay” o por “actitud sospechosa” no cumple con los extremos legales.
3. El impacto del miedo
En Venezuela, esta práctica ilegal por parte de algunos integrantes de cuerpos de seguridad del Estado se ha extendido desde situaciones de protestas y tensiones políticas. Esta irregularidad ha contribuido a la percepción de vulneración de la privacidad garantizada en la Constitución, particularmente el artículo 48.
El artículo 48 establece que debe garantizarse el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. Estas solo podrán ser intervenidas por orden de un tribunal y con apego a las disposiciones legales.
“Estas acciones en las calles no son aisladas. Además buscan restringir mucho más la participación social y la libertad de expresión en los procesos de manifestación social”,
señalaron a Crónica.Uno.
4. ¿Qué debo hacer?
De acuerdo con la página web de la Organización No Gubernamental Espacio Público, si un funcionario de seguridad solicita revisar su equipo, tome en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Pida la orden judicial que permita la revisión. Si no hay una entrega de la misma, tome nota del nombre del funcionario y el cuerpo al que pertenece.
- Busque testigos del hecho.
- Ponga la denuncia ante el Ministerio Público. Puede ampararse en el artículo 48 de la constitución.
- En caso de que le quiten el celular, evite dar la contraseña.
- Mantenga un respaldo de la información de su equipo.
- No guarde información confidencial por mucho tiempo en el celular.
- De ser posible, mantenga cifrada la información en el equipo.
- Utilice aplicaciones que permitan eliminar los mensajes automáticamente.
Lo que ocurre en las calles de Venezuela pone de manifiesto un dilema importante: la seguridad nacional y los derechos individuales no deben estar en conflicto. Mientras los ciudadanos intentan proteger su privacidad, la vigilancia sin justificación debilita la confianza en las instituciones.
Además, plantea dudas sobre el respeto a los derechos constitucionales por parte de las autoridades, aún en tiempos de incertidumbre. Es claro que encontrar un equilibrio entre el control del Estado y las libertades personales es vital para mantener avanzar hacia una sociedad democrática.
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