Analistas advierten que la falta de controles en el nuevo modelo energético en Venezuela favorece a corporaciones estadounidenses y la obtención de divisas, pero pone en riesgo a ecosistemas y comunidades que ya están afectadas.
Caracas. Una nueva etapa de control administrativo sobre los recursos energéticos del país, podría relegar la seguridad ambiental de los ecosistemas en peligro a un segundo plano. A esa conclusión llegan expertos y ambientalistas que advierten que la nueva fase de extractivismo bajo la gestión de Delcy Rodríguez y el mandato de Estados Unidos (EE. UU.), podría agravar la crisis ecológica preexistente.
El 29 de enero pasado se sancionó y promulgó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, promulgada por la presidencia encargada. La normativa redefine las funciones del Ejecutivo en la industria energética y, según especialistas, busca atraer capitales internacionales mediante mayores beneficios operativos y de propiedad para corporaciones extranjeras, en particular estadounidenses.
Es decir, busca atraer inversión extranjera directa, especialmente de empresas de EE. UU., otorgándoles mayor control sobre la extracción, refinación y comercialización de petróleo y gas, algo que históricamente había sido más regulado por el Estado a través de Petróleos de Venezuela, S. A., (Pdvsa), la empresa estatal.
En declaraciones recientes, Rodríguez anunció esta etapa como una oportunidad para maximizar recursos y revertir los niveles críticos de la producción de crudo. Sin embargo, analistas ambientales han alertado que el énfasis en producción y ganancias ha generado tensiones no solo económicas sino socioambientales. Pues, se prioriza la extracción sobre la mitigación de impactos ecológicos acumulados.
Amenaza ambiental
Expertos y organizaciones como Mongabay Latam advirtieron que este giro político profundiza la crisis ecológica, pues el nuevo esquema carece de garantías para la protección ambiental. Para los especialistas, esa ausencia de salvaguardas, añade una capa de riesgo a ecosistemas ya vulnerables. Además, la fiscalización estatal ha sido descrita como insuficiente e inconsistente.
La urgencia por elevar la producción, que podría alcanzar una producción diaria superior a 1.500.000 barriles para finales de 2026, de acuerdo con datos de la Asamblea Nacional (AN), ignora el daño ambiental acumulado.
Fuentes consultadas por Cronica Uno alertaron que el nuevo modelo, caracterizado por una “laxitud normativa”, prioriza la rentabilidad de las corporaciones estadounidenses y la generación de divisas sobre los protocolos de protección de ecosistemas críticos y la remediación de daños.
Desde hace una década Pdvsa, no rinde cuentas sobre los derrames petroleros. El documento Balance de la Gestión Social Ambiental 2016 de Pdvsa, indica que ese año las autoridades registraron 8250 derrames: 98% fueron de hidrocarburos y suman 182.317 barriles; 86% de los cuales afectaron cuerpos de agua con un vertido total de 36.124 barriles (20%).
Formalización del capita
Para Emiliano Terán Mantovani, sociólogo e investigador del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP), la diferencia en esta etapa de explotación energética está en la regularización y reforma de las estructuras normativas.
Mientras que bajo el mandato del exgobernante Nicolás Maduro la extracción de oro era mayoritariamente ilegal y el contexto político carecía de legitimidad internacional, el actual esquema busca la formalización del capital internacional. Es decir, permitir la inversión extranjera dentro de un marco legal aprobado por el Estado. Esto cambia la dinámica de explotación y control del territorio.
Esto se traduce en que ahora, con la nueva Ley de Hidrocarburos y las reformas mineras, se eliminan obstáculos para las corporaciones. Esto le concede facilidades a la inversión extranjera, estadounidense, que exige estabilidad y liberalización.
No obstante, en la práctica, Pdvsa pierde su rol protagónico en la explotación para quedar con un rol administrador a lo largo del proceso. Ese desplazamiento institucional, para los ambientalistas, refleja la simultaneidad de un giro político y un debilitamiento del rol del Estado frente a intereses corporativos y financieros externos. Con esto se limita la capacidad del país de controlar los impactos ambientales directos.
Minería fuera de control
Este debilitamiento del Estado frente a los intereses de la administración de Donald Trump, caracterizada por una narrativa antiambiental, podría anular cualquier garantía real de monitoreo sobre los impactos en los ecosistemas.
Desde hace más de una década, una coalición de académicos y organizaciones como SOS Orinoco y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han denunciado el incumplimento de la legalidad ambiental en el sur de Venezuela.
Estos expertos recordaron que la explotación minera en los estados Bolívar y Amazonas ignora acuerdos internacionales. Entres estos citaron el Convenio de Minamata, que prohíbe el uso de mercurio, y el Acuerdo de Escazú, sobre acceso a información y justicia ambiental.
Ambos pactos buscan proteger la salud humana y los ecosistemas frente a actividades extractivas que liberan contaminantes peligrosos, como el mercurio, muy usado en la minería de oro.
En el sur del país el daño ecológico se refleja en una destrucción sistemática documentada por la organización SOS Orinoco. Según sus investigaciones ,entre los años 2000 y 2020, la región perdió más de un millón de hectáreas de bosque . De acuerdo con los datos 40% de la cobertura vegetal desapareció a partir de 2015, año previo a la creación oficial del Arco Minero del Orinoco.
El Arco Minero es una franja de más de 112.000 km² en el sur de Venezuela destinada a la explotación de minerales estratégicos.
Inversores protegido
Uno de los puntos más críticos de la redirección de las actividades energéticas es la creación de mecanismos que protegen al inversor por encima del patrimonio nacional. Terán Mantovani destacó que la normativa contempla compensaciones económicas para las empresas si los proyectos enfrentan inviabilidad financiera. Para esto se garantiza la reducción de regalías e impuestos.
“Las empresas están buscando una una máxima rentabilidad y eso implica suprimir al máximo todas las regulaciones ambientales”, señaló Mantovani.
El diagnóstico del investigador sobre la infraestructura de la industria es poco alentador. Le falta mantenimiento a los oleoductos y la quema de gas en mecheros destruyen los medios de vida de comunidades pesqueras y agrícolas.
El ambientalista enfatizó que no existe posibilidad de una gestión ambiental real sin la restauración de la democracia. La situación actual en Venezuela, señalaron los entrevistados, no solo exige cambios técnicos, sino un replanteamiento del contrato social entre Estado, ambiente y ciudadanía, donde las comunidades tengan voz, información y capacidad de denuncia.
A su juicio, la ausencia de canales institucionales para la denuncia y de libertad de expresión mantiene en vulnerabilidad a las comunidades del Lago de Maracaibo, Falcón y el Arco Minero. En todos estos sitios, reiteró, el modelo extractivo prioriza el flujo de divisas sobre la sostenibilidad de la vida.
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