A la etnia Parguaza el Gobierno le ofrece de todo para que acepte el Arco Minero

Desde diciembre pasado, según denunciaron, los “enamoran” con casas, escuelas y hospitales para que no frenen el avance del campamento de la empresa Mixta Ecosocialista Parguaza S.A. Temen que con la explotación a gran escala del coltán, terminen desplazados como otros pueblos indígenas.

Caracas. Integrantes de la etnia Parguaza, en Ciudad Guayana, denunciaron ante la Asamblea Nacional (AN) que representantes del Gobierno les han ofrecido de todo para que acepten a la empresa socialistas que desarrollará el Arco Minero en su zona.

Crónicas de una minería anunciada. El miércoles 24 de febrero de 2016, en Gaceta Oficial N° 40.855, la presidencia de la República, mediante el decreto N° 22.48l, estableció un eje estratégico para su explotación de 111 mil kilómetros cuadrados, donde existen yacimientos de oro, niquel, coltán, piedras preciosas, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial, en donde participarán y se beneficiarán 150 empresas internacionales.

Pero el Arco Minero no llegó solo. Su acción se extiende mayoritariamente al norte del estado Bolívar, aunque también toca partes de Amazonas y Delta Amacuro. Lo atraviesan selvas como Imataca, La Paragua y El Caura, que en conjunto abarcan más de ocho millones de hectáreas, además de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní.

También las represas hidroeléctricas del Caroní, que generan la mayoría de la electricidad consumida en Venezuela, se ubican dentro de esta zona, lo que habla mucho del tamaño de la afectación del Arco, según la diputada María Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión de Cambio Climático.

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Hernández dijo que Venezuela cayó en el Arco Minero luego de que la empresa Gold Reserve le ganó la demanda al Gobierno por 769 millones de dólares ante el Banco Mundial por la expropiación ilegal que hizo Chávez en 2008 de la concesión minera de Las Brisas, ubicada en Guayana.

Ahora esa compañía tiene derecho para explotar esa mina y también Las Cristinas, en compañía de otro centenar de concesionarios que están en la zona aurífera.

Esta acción ha dejado, de acuerdo con las declaraciones del diputado a la AN por el estado Bolívar, Américo de Grazia, varias zonas indígenas diezmadas.

La AN promueve la ley que Deroga el Decreto del Arco Minero y su impacto consta de 27 artículos, esta será sometida a consideración en la plenaria del Parlamento y consultada con los grupos ecologistas del país y llevada a todos los rincones del país para sensibilizar a la población sobre los daños del Arco Minero. Pues el instrumento legal tendrá como objetivo preservar las reservas de agua dulce más importantes de Venezuela, ubicadas al sur del Orinoco, en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

“Ahora hay poblaciones enteras deambulando incluso en el centro de Puerto Ordaz, sin asistencia social, padeciendo enfermedades como diabetes, desnutrición, paludismo e incluso están expuestos y propagando el VIH-Sida. Pero además del desplazamiento hay algo grave, como es la destrucción ambiental y la criminalidad que se ha instaurado en esa zona de la Paragua”, comentó el parlamentario.

Perder una tradición ancestral. Alarmados por esa situación, a la AN llegaron siete indígenas —uno de ellos de la etnia Chaima del estado Sucre—, para alertar lo que se avecina en el sector de Parguaza, ubicado en Agua Mena, a 12 horas de Ciudad Bolívar.

Franklin Quiñones dijo que el cacique los traicionó.

En diciembre pasado se instaló en esa zona un campamento con nombres de la empresa Mixta Ecosocialista Parguaza S.A.

“El 8 de ese mes, los líderes del Gobierno se reunieron con el cacique de la etnia, Jorge Pupui, y le vendieron villas y castillos. Nosotros sí vimos como que él estaba cambiando  mucho y en efecto así sucedió. Nos sentimos traicionados y pensamos que cedió a las ofertas. Nos decían que íbamos tener casas, escuelas, hospitales y todo lo demás si firmábamos a favor del Arco”, contó Franklin Quiñones, en representación de su etnia, durante el foro donde se promovió la Ley que Deroga el Decreto del Arco Minero y su impacto, aupado por la Comisión Mixta de la AN que le hace seguimiento al tema.

El dato

En los predios del Arco hay entre 90 y 100.000 hombres y mujeres ejerciendo la minería, según el Observatorio Guayana Sustentable 

Quiñones denunció que los “líderes del Gobierno” engañaron a todo el mundo diciendo que habían recogido 32 firmas de las comunidades indígenas del pueblo Huottöja ubicado a las riberas del río Parguaza:

“Y eso nunca ocurrió, ellos falsificaron esas firmas, pues nosotros recorrimos todos esos sectores y nadie está de acuerdo con la explotación del coltán a gran escala en Parguaza”.

En ese sector, expresó, se hace una minería tradicional. No usan grandes máquinas y no han degradado el río. Quiñones sostuvo que ellos son defensores del ambiente y que temen perder lo que tienen de la naturaleza. También se dedican a la agricultura y a la pesca y ahora se preguntan “¿por qué el Gobierno viene ahora a ofrecernos estas cosas y no lo hizo antes? No queremos que nos desplacen como ha ocurrido con otros paisanos y perder incluso nuestros templos ancestrales”, señaló.

Piden la intervención de la AN.

Esta queja ya la consignaron ante el Ministerio para los Pueblos Indígenas, sin eco hasta la fecha. Por eso aprovecharon su participación en el foro para llamar la atención y generar la alerta de los parlamentarios.

Minería masacra al pueblo. En el foro realizado en los espacios del Museo Bolivariano, se presentó la ley a las organizaciones ecologistas. Y desde el podio, el autor de las normas ambientales de la Constitución nacional, el exsenador Alexander Luzardo, calificó de crimen al Arco Minero.

“El primer crimen que se comete con este proyecto es el nombre, pues es un desmantelamiento de nuestros bosques y sin estos no hay agua. El problema es que aquí cayó el plan de la patria cuando se vino abajo el precio del petróleo y por eso se buscó la renta minera, sin haber hecho un impacto ambiental. El otro es el 0,4 % del Producto Interno Bruto, llevar eso a 100 toneladas es destruir esa reserva. El Arco es la explotación de Guayana y acabar con la reserva nacional de agua potable, con el suministro de energía. Es la destrucción de nuestros ríos. Simplemente ese proyecto es una masacre ambiental”.

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Por tanto, promovió la divulgación de la ley que deroga el Decreto que afecta 12 % del territorio del país y crea una zona costera protectora del Orinoco, una extensión del Parque Nacional Canaima y la zona protectora sur del estado Bolívar.

“El problema del Arco Minero es que la República está siendo hipotecada y además destruida. Se busca promover un ecocidio en nombre de un supuesto desarrollo, además del impacto ambiental y el daño que ocasionará sobre las aguas constituye un gran fraude, una oferta engañosa al país”, sentenció.

Viola el convenio de París

La diputada María Gabriela Hernández (Unidad/Monagas), aseguró que el Decreto del Arco Minero contraviene el quinto objetivo del Plan de la Patria y el Tratado de París sobre el cambio climático suscrito en el año 2015: “Se sabe que habrá deforestación, contaminación, amenaza de las reservas de agua y de incontables especies de animales y eso influye en el cambio climático no solo en Venezuela sino también en el mundo. Y si se afecta esa zona de agua definitivamente la represa del Gurí también se verá afectada más de lo que está”.
Destacó que una onza de oro cuesta 1226 dólares y un turista puede pagar 4000 dólares por un paquete turístico a Canaima y al Salto Ángel, y se preguntó: “¿Por qué no explotan el turismo en esa zona, en lugar de implementar un proyecto que hace tanto daño al ambiente?”.
 

 

Fotos: Cheché Díaz/Mabel Sarmiento Garmendia


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