Las cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social fueron encabezadas por vecinos inconformes con la falta de garantías para una vivienda digna y con servicios básicos de calidad. Los segundos en la lista fueron los trabajadores públicos.
Caracas. “Acabo de llegar del banco de cobrar mi pensión. 130 bolívares. Esto es lo que le dan a la gente de la tercera edad por pensión, después de haber trabajado toda la vida”, dice una mujer mientras sostiene en sus manos unos billetes.
Junto con ella están otros trabajadores de distintos sectores públicos. Algunos, son caras conocidas en redes sociales, puesto a que tienen tres años, o más, defendiendo derechos laborales en las calles.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad (OVSC) durante el primer semestre de 2024 hubo un total de 2383 protestas.
Quienes más manifestaron fueron los vecinos inconformes por la falta de garantías para el disfrute de una vivienda digna, adecuada y con servicios básicos de calidad, seguidos por los empleados públicos, que desde hace tres años le exigen al Gobierno un aumento salarial que se ajuste al artículo 91 de la Constitución, que establece que todos los trabajadores tienen derecho a un salario suficiente que les permita cubrir sus necesidades básicas.
Ese mismo texto dice que esto debe garantizarse a quienes prestan su servicio en el sector público y privado: “Será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.
Pero, muy alejado de la ley, tras una infinidad de documentos entregados al Ministerio del Trabajo y otros entes gubernamentales, además de las firmas que indican que los escritos han sido recibidos, no se han tenido respuestas, y el salario mínimo sigue, desde el 15 de marzo de 2022, en 130 bolívares, lo que equivale a 3,5 dólares al mes.
Oídos sordos
“Hemos luchado, nos cansamos de ir a la vicepresidencia y nunca nos atendieron”, sostuvo Ramón García, pensionado del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), durante una concentración en las afueras del metro de Chacao el pasado martes, 23 de julio.
García lamentó la situación de los pensionados e instó a la ciudadanía a votar el próximo domingo, 28 de julio.
De cara a las presidenciales, así como García, dirigentes de la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores, jubilados y pensionados del sector salud, educación, electricidad, construcción, cancillería, jubilados y pensionados manifestaron su descontento por la negativa del gobierno de Nicolás Maduro a escuchar a quienes prestan su servicio en el país y quienes dedicaron años a entes públicos.
Para la foto
El martes, 23 de julio, dirigentes sindicales de la Universidad Simón Rodríguez, acordaron reunirse, tras dos semanas de reclamos frente a la sede de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), con alguna autoridad que respondiera por sus prestaciones sociales, pago de fideicomiso a los jubilados, pago de uniformes y un seguro óptimo.
Sin embargo, al llegar se encontraron con otras personas del sindicato.
“La sorpresa es que cuando llegamos a la reunión había un sindicato que nadie eligió y que tenía ocho, o 10 años desaparecidos. Lo que buscaban era tomarse una foto y que se diga que todos los sindicatos están contentos con lo que está pasando”, aseguró José Pérez “pequeño Juan”, presidente del Sindicato de obreros de la Universidad Experimental Simón Rodríguez.
Pérez, quien también es secretario de contratación y conflicto de de la Federación de Sindicatos obreros de la Educación Superior de Venezuela (Fenasoesv), indicó que él, junto al resto de trabajadores que defiende, rechazaron las intenciones de mostrar que “todo está bien y que no pasan nada”.
Aclaró que tenían dos meses de negociaciones “intentando” el pago de los jubilados, que tienen cerca de cinco años a la espera de revivir sus prestaciones sociales y la cancelación de otros beneficios, sin tener éxito.
Tres años
«Se realizará entrega de una bolsa de alimentos en la sede administrativa del Ipasme, el día de mañana 21/07/2024 a partir de las 11:00 a.m.«, decía un mensaje que recibió Ana*, una trabajadora del Instituto de Previsión y Asistencia Social Para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme) el sábado, 19 de abril, a las 10:42 p.m.
Además de la molestia porque a esa hora, muchos de los que residen lejos de la sede administrativa, ubicada en la avenida Lecuna (Caracas), así como personas de la tercera edad, no verían el mensaje, Ana se sorprendió debido a que a diferencia de empleados de otros entes del Gobierno, desde hace tres años, quienes trabajan en el Ipasme no recibían bolsas de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Al igual que este beneficio, en ese mismo lapso de tiempo perdieron otros beneficios sin explicación ninguna. «Eso es porque vienen las elecciones. Dos años sin darnos absolutamente nada y justamente, una semana antes, nos llega esto«, sostuvo.
Consideró que la hora tardía del mensaje fue «a propósito« para que los trabajadores no buscaran las bolsas de comida y «quedaran para ellos«.
Protestas 2024
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró que hubo una disminución de 45 % con respecto a las protestas del 2023, cuya cifra fue de 4.351.
De 2383 protestas que hubo en el transcurso del 2024, 1666 corresponden a la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales
y Ambientales, es decir 70 %.
Los gráficos del observatorio publicados el 24 de julio, muestran que 903 fueron por exigir derecho a la vivienda, 748 para exigir derechos laborales y 482, derecho a la justicia.
«Durante el primer semestre de 2024, estados que encabezan el índice de protestas: Bolívar (291), Anzoátegui (230), Sucre (224), Falcón (133), y Carabobo (132). Las regiones con menos registros de protestas fueron: Amazonas (3), Apure (11), y Delta Amacuro (23)«, señaló el OVCS.
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