Acorralados
por la

Covid-19

Una cobertura especial sobre cómo la segunda ola de pandemia puso en jaque a los adultos mayores, a sus familiares, a los médicos y a los operadores del sistema forense en Venezuela

Esperar la muerte
en casa

Adultos mayores de sectores populares enfrentan en sus hogares el coronavirus y los riesgos de complicaciones letales ante la imposibilidad de conseguir cupos en hospitales públicos. Las dificultades para costear tratamientos costosos los empujan con frecuencia a la automedicación y a decidir si pagan medicinas o comen.

La gente tras
las medicinas

La población se volcó a buscar ayuda por todos los medios y a solicitar donaciones para cubrir los tratamientos y enfrentar la pandemia en la segunda ola que recorre Venezuela. La sociedad civil organizada se ve desbordada en sus esfuerzos para apoyar con recursos limitados.

El agobio diario
de los médicos

Los profesionales lidian con la frustración de no poder ayudar a todos los enfermos de COVID-19 que lo necesitan, con el peso de decidir quién puede hospitalizarse y quién no y con la tensión de enfrentar riesgos letales sin tener todo lo necesario para evitarlos.

El calvario
después de fallecer

Las muertes por COVID-19 van en aumento y, con ello, el colapso de un sistema forense precario para atender la cantidad de decesos. Los familiares deben pasar su duelo en medio de procesos retardados, listas de espera y recolección de fondos para cremar o enterrar a sus fallecidos.

Caracas. Venezuela está entre los países del mundo que aún lidian con la segunda ola de la pandemia del nuevo coronavirus. El salto de los contagios ha remecido a una ciudadanía ya agobiada por una hiperinflación única en el planeta y por una emergencia humanitaria que ha sido reconocida por organismos internacionales.

Mientras la sociedad reclama un plan de vacunación de auténtico alcance nacional, la falta de cupos para la internación médica en casos graves angustia a cientos de contagiados, en especial a adultos mayores, a los que no les queda otra opción que esperar en casa por el mejor el desenlace, y a parientes que se vuelcan a pedir solidaridad para costear los tratamientos recetados a sus familiares.

 

El personal sanitario, exigido hasta el borde de su resistencia emocional, enfrenta una excepcionalidad que no parece tener fin y el sistema forense ve comprometida su capacidad para responder oportunamente ante los súbitos picos de demanda.

Desde el gobierno en el poder de Nicolás Maduro se asegura que existe el mayor trabajo para enfrentar la pandemia y que están limitados por lo que denominan “el bloqueo”, sanciones internacionales impuestas a funcionarios e instituciones venezolanas por la comunidad internacional, que no reconoce la legitimidad del gobernante y critica su desempeño en materia de derechos humanos. Los agobios para la gente no terminan, sin embargo, mientras el Ejecutivo y sus opositores no logran ofrecer las soluciones que todos esperan.

Esperar la muerte en casa

Adultos mayores de sectores populares enfrentan en sus hogares el coronavirus y los riesgos de complicaciones letales ante la imposibilidad de conseguir cupos en hospitales públicos. Las dificultades para costear tratamientos costosos los empujan con frecuencia a la automedicación y a decidir si pagan medicinas o comen.

Caracas.  A sus 64 años de edad, un plomero y electricista de Catia, barrio del oeste de Caracas, era el sostén de su familia. Incluso con el aumento sostenido de casos de COVID-19 en Venezuela, tomaba todos los trabajos que le salieran. “El hambre no espera”, solía decir el señor. De repente le apareció una tos seca que le impedía hablar. Tenía cansancio, malestar en el cuerpo, fiebre, diarrea y un dolor de cabeza difícil de describir. Al cabo de siete días, murió, como confirmaron sus familiares a Crónica.Uno con la condición de anonimato.

Cuando el pecho apretado lo asfixiaba, su esposa y su nuera recorrieron Caracas con él en un carro prestado para encontrarle cupo en algún hospital. Trataron de hacerle la prueba para tener la certeza de que era COVID-19, pero en los cinco centros de salud públicos que visitaron carecían de exámenes. Tampoco había cupos de hospitalización y las emergencias estaban saturadas. La familia no tenía ahorros y menos seguro médico. Así que al plomero no le quedó otro remedio que volver a su casa, donde empeoró rápidamente.

Una médica de un Centro de Diagnóstico Integral (CDI), una instalación sanitaria perteneciente al programa Misión Barrio Adentro creado por el fallecido presidente Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro, lo visitó en casa. Allí, según sus parientes, le recomendó un tratamiento con oxígeno y remdesivir, uno de los medicamentos más recetados en Venezuela para tratar el virus, más allá de que no esté probada su eficacia para ello. El oxígeno, sin embargo, fue lo único que los parientes del enfermo pudieron conseguir: cada unidad de la medicina costaba 100 dólares y eso les resultaba impagable. Debieron conformarse entonces con ofrecerle analgésicos comunes e infusiones de té de jengibre que les recomendaron en una tienda naturista. Pasaron apenas 72 horas hasta que una madrugada, a la 1:20 a. m., la esposa despertó sobresaltada en su cama con un sonido que pareció al mismo tiempo un quejido y un grito. Se levantó y encontró a su marido sin vida en el suelo. El acta de defunción dice que murió de un paro respiratorio, una de las causas de muerte más comunes asociadas al coronavirus. “Cuando se llevaron el cuerpo vino una médica a la casa. Como nunca le hicieron la prueba, ella me dijo que murió de un paro respiratorio con sospecha de COVID-19”, contó.

La muerte del plomero de Catia está lejos de ser excepcional. Relatos semejantes se han multiplicado en las últimas semanas con el agravamiento de la segunda ola de coronavirus en el país. Testimonios recogidos por Crónica.Uno reflejan que, ante la falta de cupos hospitalarios, adultos mayores de sectores populares y rurales han encarado cuadros confirmados o compatibles de coronavirus en casa, e incluso han muerto en sus hogares tras el agravamiento de su condición de salud.

Muchos de ellos, como el plomero, sobrevivían con sus pensiones o trabajaban en la calle pese a los riesgos; recurrieron a la automedicación, incluso con guarapos, como una forma de paliar lo que no podían enfrentar de otro modo; o debieron escoger entre comer y garantizarse algún tipo de tratamiento médico. Así lo retrataron las versiones de parientes de víctimas, líderes comunitarios, médicos, sacerdotes y activistas sociales consultados para este trabajo.

Foto: Luis Morillo

En las últimas ocho semanas, la pandemia dio un salto. Según datos oficiales, la cifra diaria de infectados supera el millar, un promedio que es más del doble de lo que se registró, por ejemplo, en enero pasado. El pico ha empujado las estadísticas del gobierno de Nicolás Maduro, que desde marzo de 2020 hasta el 10 de junio de 2021 ha reportado 2.781 muertes y 247.847 contagios. Son números que han sido cuestionados por instituciones como la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman), que menciona la existencia de un subregistro, entre otras razones, por los reducidos índices de realización de pruebas diagnósticas (PCR), que ubican a Venezuela debajo de los promedios internacionales y regionales. Según los académicos, las defunciones podrían ser hasta cinco veces más que las admitidas oficialmente.

Los datos oficiales, sin embargo, confirman una proporción que se ha repetido en otros países con el nuevo virus: más de 61 % de los fallecidos tenían edades superiores a los 60 años. En el caso venezolano, la población de adultos mayores, calculada en 4,5 millones de personas, es especialmente vulnerable. Sobreviven con pensiones individuales de tres dólares mensuales en medio de una hiperinflación que llega a su cuarto año consecutivo y en un país donde 96 % de los hogares vive en pobreza de ingresos, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello, y que atraviesa una emergencia humanitaria compleja documentada por organismos internacionales como Naciones Unidas.

Todo ello bajo la incertidumbre sobre cuándo serán cubiertos por un plan de vacunación. Maduro anunció en noviembre de 2020 que para enero se recibirían 10 millones de vacunas, pero hasta el 24 de mayo apenas habían llegado al país 2,6 millones, según datos ofrecidos por sus voceros. En una primera etapa el registro para vacunarse se manejó a través del Sistema Patria, lo que ha sido denunciado como discriminatorio para aquellos adultos mayores que no tenían el llamado Carnet de la Patria, documento obligatorio para la inscripción. Desde el pasado 30 de mayo el Ministerio de Salud de Maduro habilitó otra plataforma y abrió una nueva etapa de registros que ha transmitido la sensación de que comenzó a mejorar la cobertura y de que hay mayor amplitud en la entrega de citas, aunque los especialistas observan con escepticismo los avances.

Para obtener una opinión sobre las estrategias de atención y progresos en la vacunación de la población de adultos mayores, se pidió una entrevista a algún vocero autorizado del Ministerio de Salud de Maduro el pasado 26 de abril, pero al cierre de este trabajo no fue concedida.

 

A pesar del tardío inicio de la jornada de vacunación a la población de la tercera edad, el Gobierno aseguró en todo momento que los adultos mayores serían inmunizados. “¡Abuelos y abuelas! Reciban en su día el más grande de los abrazos y reconocimientos. Cuentan ustedes con una revolución que les garantiza protección, incluso en medio de esta dura batalla contra la pandemia. Pido que su bendición nunca le falte a la familia. ¡Dios los bendiga!”, dijo Maduro el pasado 29 de mayo, cuando se celebraba justamente el Día del Adulto Mayor.

 Encerrados y enfermos

Activistas que recorren los sectores populares de Caracas y de otras zonas del país han palpado la escala del fenómeno de los adultos mayores que enferman en sus casas y eventualmente desarrollan cuadros graves o mueren.

Un estudiante de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que pidió resguardo de su nombre, y forma parte de un proyecto que brinda asesoría médica en casa a adultos mayores con síntomas sospechosos de COVID-19 en la parte alta de la populosa parroquia La Vega, reveló que tienen contabilizado a 340 personas de tercera edad con enfermedades de base y vulnerables al virus. Muchos son atendidos de manera improvisada en sus casas por médicos cubanos, quienes les dan un combo con aspirinas, vitaminas C y D y un antiparasitario cuyo uso no es recomendado en la mayoría de los países, aunque se ha recetado ampliamente en Venezuela como una fórmula de combate. “Esto no es recomendable para pacientes que tienen, por ejemplo, patologías de base relacionadas con el aparato vascular, porque si le mandas a tomar anticoagulantes les puede provocar un ACV hemorrágico en poco tiempo. Si no mueren por la COVID-19, los mata una mala indicación”, alertó.

Así como la Escuela de Medicina de UCV, hay otras organizaciones que se activaron para ayudar a la población de la tercera edad ante la segunda ola. Una de ellas es la Fundación Ayuda de Vida Venezuela (Funavive), dirigida por Isabel Pérez. Su organización realizó un censo en los municipios Sucre y Libertador del estado Miranda y Caracas, respectivamente, y entre los 969 adultos mayores registrados hay 144 adultos con posibles síntomas de COVID-19 que no tienen recursos para costear el tratamiento. “Son abuelos que viven en Santa Eduvigis, avenida El Rosario, José Félix Ribas, Caucagüita, La Dolorita del municipio Sucre, y en Antímano y El Valle del municipio Libertador. Están sobreviviendo con la pensión que cobran que, por supuesto, no les alcanza ni para medio kilo de queso”, explicó.

En Catia, en el oeste de Caracas y una de las zonas más populares de la ciudad, también hay alarmas. El profesor y líder comunitario Ángel Cacique está preocupado por la cantidad de adultos mayores enfermos y de los que hasta ahora se sabe que han fallecido por COVID-19, porque muchos ocultan la enfermedad por temor al estigma social y al rechazo. Solo en su calle, Altavista, conoce seis casos de ancianos que murieron en sus hogares con sintomatología de coronavirus: aseguró que todos dieron positivo a las pruebas rápidas.

“El médico que atiende en esta zona cobra 40 dólares por consulta y pocos pueden pagarlos. Muchos son atendidos para estabilizarlos en un CDI, les hacen las pruebas rápidas y les dan Carvativir”, resaltó al referirse al medicamento que la administración de Maduro ha descrito como milagroso y como una alternativa para curar el coronavirus, más allá de las críticas por la falta de evidencias sobre su efectividad.

Luis Francisco Cabezas, director de la organización no gubernamental dedicada al trabajo con adultos mayores Convite, aseguró que tan solo en el último mes saben de alrededor de 15 adultos mayores que han fallecido en zonas populares y rurales, bajo sospecha de tener el virus, pero con la imposibilidad de realizarse las pruebas para descartarla. “Las personas mayores mueren en sus casas por no tener cómo desplazarse a los centros de salud y por temor a ser aislados, y las familias en muchos casos no tienen las capacidades económicas que supone tener a alguien hospitalizado así sea en un hospital público. En Barlovento se presentaron varios casos en zonas rurales y caseríos, como San Fernando Rey y Tacarigua de La Laguna, sitios en los que se les hizo imposible acudir a un hospital o un CDI”, explicó. Estas son apenas pinceladas de un cuadro que se agravó con la llegada de la nueva ola de la pandemia en los últimos dos meses.

 Sin vacunas para viejitas y viejitos

Una vecina de Antímano, en el oeste capitalino, perdió a su tía de 70 años y a su suegra, de 86 años, por unas “gripes” cuyos síntomas fueron diagnosticados como compatibles con COVID-19 por un médico que las visitó en sus casas, tras no encontrar cupo en hospital El Algodonal —uno de los 46 centros centinelas priorizados para atender pacientes con coronavirus—, cerca de sus residencias. Estos son apenas dos casos de personas de tercera edad que no tuvieron oportunidad de recibir su vacuna a tiempo para evitar el contagio. “La vacuna llegó tarde, perdí a un familiar mayor que pudo recibir su dosis a tiempo, y eso quizás habría ayudado a que el virus no actuara tan rápido en su organismo y llegara a tales circunstancias”, contó con impotencia una vecina de La Pastora.

Foto: Luis Morillo

A pesar de que las personas de la tercera edad han sido priorizadas en casi todos los países del mundo para recibir antes que nadie las vacunas contra la COVID-19, en Venezuela no ha sucedido de esa manera. Las primeras dosis de las vacunas rusas Sputnik V que llegaron en febrero de este año fueron usadas para que los miembros del gobierno de Maduro —empezando por él mismo y sus familiares— se vacunaran.

Ello fue motivo de quejas en redes sociales y protestas frente al Ministerio de Salud, en las que se reclamaba por un plan de vacunación con énfasis en los sectores vulnerables en días cuando la pandemia mostraba su peor rostro en el país. Sin embargo, aun cuando la vacunación para adultos mayores y personas con enfermedades crónicas avanza con tropiezos en todo el país, el Gobierno todavía no ha cumplido con un reclamo básico de academias, especialistas y gremios: la publicación de un plan de vacunación transparente.

La Federación Médica Venezolana (FMV) calcula que a la fecha solo 0,8 % de la población venezolana ha sido vacunada, lo que implica un porcentaje exiguo de personas de la tercera edad. Carlos Alvarado, ministro de Salud de Maduro, informó el pasado 8 de abril que, como parte de una nueva etapa de vacunación, las dosis que llegaron al país serían destinadas a los adultos mayores de 60 años “con más de una comorbilidad” y que incluirían a las personas que están “institucionalizadas en centros de atención para adultos mayores” y distribuidas a través del Sistema Patria, un mecanismo oficial controlado por el Gobierno para ofrecer bonos y ayudas sociales especialmente a sus partidarios.

En la comunicación sin respuesta que Crónica.Uno envió al Ministerio de Salud el pasado 26 de abril, se le consultó si el uso del Sistema Patria era el mecanismo más idóneo para convocar una vacunación masiva de adultos mayores. La no tenencia del Carnet de la Patria, una acreditación percibida como un recurso para el proselitismo y control político de los seguidores de Maduro, implicaba la exclusión automática de la posibilidad de inscribirse. Una segunda variable era la necesidad de la conexión a internet, de la que no gozan muchos adultos mayores que ni siquiera se enteran del llamado a recibir su dosis.

A partir de la última semana de mayo, sin embargo, el gobierno habilitó un mecanismo a través de la página web del Ministerio de Salud para que los adultos mayores y pacientes con enfermedades de riesgo se registren en el portal, se les asigne una cita y los datos —fecha, hora y lugar— les sean enviados en un mensaje de texto que les llegue a sus celulares y puedan recibir la primera dosis de la vacuna. El sistema funciona de manera dispar en todo el país. Algunos usuarios se han quejado en redes sociales de la desorganización, aglomeraciones, problemas para acceder a la web y la desinformación; mientras que otros han acudido a jornadas organizadas en las que se respeta la distancia física y garantizan hasta la hidratación de los adultos mayores.

Infusiones caseras y decidir si comer o no

La imposibilidad de costearse tratamientos con precios siderales ha empujado a adultos mayores con síntomas compatibles con la COVID-19 a tomar té e infusiones naturales como si se tratara de un resfriado común. Lo hacen por falta de alternativas o a veces convencidos de que es una buena opción.

Foto: Luis Morillo

“El jengibre es bueno para la gripe y el malestar, por eso siempre tomo esas infusiones y me siento protegida”, dijo una vecina de José Félix Ribas, en Petare. A un habitante de la populosa parroquia de Coche le aconsejaron darle gárgaras de bicarbonato de sodio con vinagre a su padre cuando cayó enfermo de coronavirus, también que le diera de beber té de canela, diente de león, hojas de menta, ajo, así como vasos de agua con limón. Pero la medicina natural apenas alivió en algo la tos seca del señor y no sirvió de nada para tratar los síntomas del coronavirus.

Recurrir a las alternativas naturistas, sin embargo, implica riesgos concretos, porque pueden ser potencialmente dañinas para quien las recibe. Patricia Valenzuela, médica infectóloga y miembro directivo de la Sociedad Venezolana de Infectología, de hecho teme por la proliferación de la automedicación y por las hospitalizaciones improvisadas en domicilios particulares: “Hay casos que se llevan sin ningún criterio médico, con un alto riesgo para el paciente y su familia”. Incluso en la administración del oxígeno, Valenzuela recomendó prudencia y asesoría médica, porque puede tener efecto inverso al esperado si no se aplica en las concentraciones correctas. No hacerlo supone que puede disminuir el oxígeno en la sangre y los órganos más importantes del organismo. “Para que este suministro sea efectivo se requieren en promedio más de 10 litros por minuto y ningún equipo en un domicilio lo puede garantizar”, advirtió la especialista. El que logra acceder a oxígeno en su residencia, sin embargo, no deja de tener un servicio caro que tiene un clímax de demanda en el país. 

Los costes que supone la búsqueda de insumos y medicamentos también han empujado a los adultos mayores a decisiones difíciles. Una vecina de Carapita, en el oeste de Caracas, se enfrentó al dilema de comprar comida o medicamentos cuando su exsuegra, de 86 años, presentó tos y agotamiento: “Los médicos te dicen que tienes que comer bien, comer muchas proteínas, y luego te mandan una batería de medicinas que…¡guao!, te dices ¿a qué le doy prioridad?”. Su familiar murió siete días después, con temblores y problemas para respirar, mientras la trasladaban a un hospital.

La falta de alimentos expone aún más a las personas de tercera edad a la enfermedad, porque se debilita su sistema inmunológico. De acuerdo con datos de la ONG Convite, tres de cada cinco adultos mayores se acuestan regularmente con hambre, y uno de cada 10 se acuesta todas las noches con hambre. “Las morbilidades de adultos mayores son generalmente diabetes e hipertensión, y si a eso le sumas que te alimentas mal y no tomas medicamentos, entonces hay una tormenta perfecta. Todo eso los hace vulnerables al virus. Muchos están comiendo arroz, pasta y tubérculos; es un riesgo latente”, alertó Cabezas.

Foto: Tairy Gamboa

El gobierno de Maduro ha insistido en que promueve “la protección integral de los adultos  mayores” y otorga bonos especiales a través del Sistema Patria, en el cual están registrados 4,5 millones de adultos mayores de 60 años, y les vende las cajas de alimentos otorgadas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) que carecen, en su mayoría, de proteínas, según denuncias de usuarios. Pero la pobreza en la que viven sumidos los adultos mayores los somete a privaciones en su vejez. Con inmensas dificultades para desplazarse y encontrar cupos en los hospitales y apenas en el inicio de un plan de vacunación poco transparente y desorganizado, si contraen la COVID-19 se resignan a esperar cualquier desenlace en sus casas, y alivian los dolores con los medicamentos a los que puedan acceder según sus bolsillos y sus redes de ayuda.

 

 

La gente tras las medicinas

La población se volcó a buscar ayuda por todos los medios y a solicitar donaciones para cubrir los tratamientos y enfrentar la pandemia en la segunda ola que recorre Venezuela. La sociedad civil organizada se ve desbordada en sus esfuerzos para apoyar con recursos limitados.

Caracas. Su teléfono no para de sonar. Cada vez que repica, Luis Francisco Cabezas, director de la organización venezolana no gubernamental Convite, se levanta de su escritorio para ir a la recepción. Atiende más de 100 llamadas que entran a su oficina cada día. Simultáneamente, a un ritmo que también lo desborda, se le acumulan los mensajes en todas sus redes sociales y las de la ONG. Provienen de personas que le piden ayuda, donaciones de medicamentos y tratamientos que se recetan para la COVID-19. 

Cabezas advierte en todos los contactos dos rasgos: “Notas la desesperación y también la imposibilidad de las personas para poder pagar el tratamiento. Las personas de los sectores populares que nos contactan están acostumbradas a vivir en la necesidad, y han desarrollado redes de apoyo para enfrentarse a la pandemia”. La institución que encabeza está enfocada en ayudar a personas de la tercera edad y en donar medicamentos, en su mayoría, para la hipertensión y diabetes. Sin embargo, las constantes peticiones que recibe muestran cómo la población se volcó a la búsqueda de tratamientos recetados contra el coronavirus, tras el rápido aumento de contagios que vive el país desde finales de marzo. 

Las personas buscan anticoagulantes, antivirales, esteroides, antiparasitarios y antiinflamatorios a través de estados y cadenas de WhatsApp, aunque varios de los medicamentos continúan en investigaciones científicas o los datos son insuficientes para recomendar su uso, según organismos internacionales. En Twitter se publican y comparten miles de mensajes que indican los lugares para conseguir oxígeno. Se intenta pagar las hospitalizaciones y tratamientos abriendo campañas para donaciones a través de la plataforma GoFundMe, publicando datos para pago móvil y las cuentas bancarias, o realizando rifas de artículos y alimentos. Artistas, periodistas y hasta los llamados influencers, usuarios con miles de seguidores en redes sociales, se suman a diario para apoyar y replicar las solicitudes de ayuda de sus audiencias. 

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Foto: José Camacho

La ciudadanía desesperada también recurre a líderes comunitarios, centros de estudiantes, sacerdotes parroquiales, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, para pedir donaciones, dinero y medicamentos, llamados que se replican a una velocidad viral de boca en boca. Todo ello sucede en un país con una hiperinflación única en el mundo, afectado por una emergencia humanitaria que ha sido retratada por organismos internacionales y con un sistema de salud en grave crisis, según denuncias de gremios, médicos y pacientes que afirman que no hallan respuestas oportunas para el coronavirus, como tampoco las encontraban antes de la pandemia. 

La demanda de ayuda se intensificó en Venezuela con el aumento de casos de COVID-19 ocurrido en las últimas ocho semanas. Para el 10 de junio se contabilizaron 247.847 casos y 2.781 fallecidos de acuerdo con cifras del gobierno de Nicolás Maduro. Los datos sobre decesos y enfermos han sido puestos en duda por instituciones como la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman), que asegura que el número de muertes puede ser cinco veces mayor y que el subregistro se debe, entre otras razones, a la  limitada capacidad diagnóstica de la enfermedad en Venezuela, uno de los países de América Latina donde se realizan menos pruebas de laboratorio por número de habitantes.

Mientras la desesperación se expresa por todos los canales, Maduro y sus voceros han insistido en recomendar a la población el uso no solo de infusiones naturales, sino de medicamentos con efectividad no probada. Entre ellos destacan las llamadas “gotas milagrosas” de Carvativir, antiviral desarrollado en Venezuela al que el gobernante atribuyó la propiedad de curar la COVID-19, algo que no ha logrado ningún otro desarrollo farmacéutico en el mundo. Además de esas gotas, en distintas declaraciones han mencionado otros medicamentos, como la cloroquina, el interferón y el dióxido de cloro, cuya utilidad para contrarrestar la enfermedad, según la comunidad científica, todavía no se encuentra plenamente demostrada. En julio del año pasado, las academias de Medicina y de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales rechazaron en un comunicado conjunto el empleo de estos productos y de la homeopatía como esquema terapéutico para el tratamiento de personas con COVID-19.

La vacunación, única solución sobre la que hay consenso científico global, permanece como una incógnita en el país. En noviembre, Maduro indicó que se tenían garantizadas 10 millones de vacunas rusas Sputnik V para el primer trimestre de 2021. Durante el año fueron llegando lotes de la vacuna rusa, y 1,3 millones de vacunas de la marca china Sinopharm. El total de 2.600.000 vacunas equivale a menos del 10% de lo que necesita la población, según la Academia Nacional de Medicina (ANM). La falta de las dosis ha llevado al gremio de la salud, academias, especialistas, facultades universitarias a protestar y exigir un plan de vacunación nacional que permita a los venezolanos superar la pandemia. 

El pasado 30 de mayo el Ministerio de Salud del gobierno de Maduro anunció una nueva etapa del plan de vacunación, que prometía agilizar la aplicación de dosis en el país. Al despacho se envió una comunicación el 26 de abril para hablar del plan de vacunación, sobre el uso de Carvativir y los medicamentos aconsejados por el ministerio para combatir la enfermedad. Al cierre de este reportaje, la carta no fue respondida. Sin embargo, en múltiples declaraciones oficiales, el ministro Carlos Alvarado ha señalado que se hace todo lo posible por proteger a la población, a pesar de las restricciones ocasionadas por el “bloqueo” y las “medidas ilegales y criminales que dificultan el acceso a insumos y vacunas para combatir la COVID-19, violando el derecho a la salud del pueblo venezolano”; sanciones internacionales impuestas por la comunidad internacional que cuestiona la legitimidad de Maduro y su desempeño en materia de derechos humanos.

Con pocos recursos en las manos, hombres y mujeres buscan hasta debajo de las piedras ayuda y dinero que les permitan conseguir los medicamentos y oxígeno para tratar la enfermedad, y quienes pueden hacen lo imposible por dar una mano. Hasta ahora, por ejemplo, Convite donó 468 jeringas de anticoagulantes recetados para la COVID-19, que en farmacias pueden costar 20 dólares. Y aunque ya los medicamentos se les acabaron, las llamadas de auxilio continúan: “Les decimos en qué farmacia conseguirlo, pero responden que no tienen cómo pagarlo, que lo buscan donado. Es frustrante no poder ayudar más”, relató Cabezas. 

Una búsqueda por cielo, mar y tierra

Ariannaly Pea, publicista de 23 años, vecina de San Antonio, está entre las personas que llamó a fundaciones y farmacias, envió cadenas de WhatsApp y publicó en redes sociales pedidos de ayuda para conseguir los medicamentos que sus padres necesitaban, luego de que se contagiaron a finales de marzo. En tres días llamó a 116 contactos para buscar la bombona de oxígeno que necesitaba su papá. Las de venta llegaban a los 2.000 dólares y los alquileres no estaban disponibles. 

Con los números de teléfono que recolectó a través de familiares y amigos, creó una base de datos con proveedores de oxígeno que publicó en su cuenta de Twitter y que ha sido compartida más de 1.800 veces en la red social, que se convirtió en un centro de acopio para ayuda. Fuera de las redes sociales las búsquedas alcanzaron picos visibles con las frecuentes colas para recargas de oxígeno que pueden observarse en varios estados del país. En Bolívar, los comerciantes hicieron una recolecta, para pacientes con el virus; en Táchira los proveedores de oxígeno no se dan abasto ante la demanda. En Sucre y Carabobo los pacientes reclaman su escasez. “Empecé a buscar oxígeno para ayudar a mis padres graves con la COVID-19. Sufrí ansiedad y me daba miedo porque no lo encontraba. Cada vez que llamaba para preguntar, escuchaba una y otra vez en el oído: no hay. Da mucho miedo: no es solo la COVID-19, es la situación en Venezuela, es que los servicios no se dan abasto y todo es complicado”, relató.

Como en el caso de Pea, las redes sociales han sido un gran apoyo para personas de todos los estratos sociales. Entre el 28 de marzo y 4 de abril, términos como “remdesivir”, “dexametasona” e “ivermectina”, medicamentos usados para la COVID-19, tuvieron su tope de consultas, según la herramienta de búsqueda de tendencias Google Trends. En GoFundMe, actualmente hay más de 2.287 campañas relacionadas con Venezuela y la COVID-19, una aritmética a la que le llevan el pulso varios tuiteros. 

En los barrios populares, según activistas consultados, los afectados se apoyan en las redes de solidaridad de siempre para ayudarse entre vecinos. El sacerdote jesuita Alfredo Infante, párroco de la iglesia San Alberto Hurtado en el barrio La Vega y coordinador de Derechos Humanos en la Fundación Centro Gumilla, contó que se vale de alianzas entre las ONG y personas del exterior para pedir colaboración para los más necesitados: “Se contacta a gente solidaria que contribuye con ayudas concretas y puntuales. Hemos podido salvar vidas así. Sin embargo, lo que noto últimamente es que muchos de los medicamentos cada vez son de más difícil acceso”. Estudiantes universitarios, activistas y médicos de la Misión Barrio Adentro forman parte de las personas que recorren casas para brindar apoyo a los enfermos, de acuerdo con testimonios consultados para este trabajo. No siempre, sin embargo, pueden ofrecerles las medicinas que son necesarias para el tratamiento. En Catia, en el oeste de la ciudad, líderes comunitarios como Ángel Cacique han armado redes en la zona para ayudar a las personas enfermas que carecen de recursos a costear el tratamiento y los alimentos. Contó que los comerciantes del sector recaudan dinero entre todos, lo que coloquialmente se conoce como “vacas”, y ese fondo se utiliza para comprar comida y medicamentos, y luego es repartido entre los vecinos con la COVID-19 de menos recursos. En Antímano, José Gregorio Ochoa está en contacto permanente con una enfermera que trabaja en el Poliedro de Caracas —un recinto diseñado para eventos y espectáculos, ahora utilizado como hospital de Campaña—, para conseguir cupos a los pacientes de su comunidad. 

La falta de acceso a las medicinas hace que muchas veces los enfermos de los sectores menos favorecidos terminen poniendo esperanzas en infusiones naturales y guarapos, que según especialistas pueden empeorar los cuadros o carecen de propiedad terapéutica alguna. La búsqueda desesperada también hace que surja la automedicación, una opción que preocupa a los expertos: “Vemos que determinadas compañías de seguros prescriben combos con antibióticos, antiparasitarios y vitaminas por siete días. Los pacientes que se mantienen tomando eso no mejoran y van tardíamente al hospital, lo que les resta las posibilidades de sobrevivir”, dijo Patricia Valenzuela, médica infectóloga y miembro directivo de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI).

Pocos recursos para tanta demanda

La combinación de una pandemia con la emergencia humanitaria compleja empuja a las instituciones sociales y organizaciones no gubernamentales a brindar un apoyo para el cual no todas estaban preparadas. En una población desesperada por ayuda, poco importa si las organizaciones sociales se dedican a la salud.

La asociación civil Acción Campesina es un ejemplo. Aunque se enfoca en el suministro de agua en comunidades rurales del país, su director, Manuel Gómez, recibe al menos tres llamadas a la semana con solicitudes de ayuda para la compra de medicamentos y pago de exámenes de laboratorio. 

Las constantes llamadas de auxilio por medicamentos o exámenes, a las que no podían brindar una respuesta, hicieron que Acción Campesina se planteara la creación de un fondo específico para las ayudas relacionadas con la COVID-19.

Las madres beneficiarias del programa nutricional y económico de Cáritas parroquial San José, en Catia, parroquia popular del oeste de Caracas, envían mensajes en los grupos de WhatsApp para preguntarle a Ailec Villalobos, coordinadora del programa económico, cuándo llega el dinero. Lo necesitan para comprar alimentos y medicamentos, algunos de ellos para la COVID-19. “En nuestra parroquia tenemos un depósito de medicinas que se ha ido donando como hemos podido. Hemos tenido un porcentaje alto en contagios”, dijo Villalobos. 

La ONG Convite considera pedir a sus donantes más anticoagulantes recetados para el tratamiento de la COVID-19, ya que es uno de los medicamentos que más les solicitan cuando los llaman, aunque ya se agotaron las donaciones que tenían disponibles en sus almacenes.

Otras organizaciones, aunque no puedan brindar ayudas con tratamientos, dinero o medicamentos, suministran equipos de bioseguridad a las comunidades en las que trabajan o adaptan sus actividades en medio de la coyuntura.

Foto: Gleybert Asencio

Alimenta la Solidaridad, una organización que reparte alimentos a más de 17.000 niños en 240 comedores ubicados en comunidades populares de 16 estados del país, ahora también lleva almuerzos a trabajadores de la salud en Caracas. “Estamos haciendo todo un esfuerzo para poder ampliar nuestra cobertura y poder seguir creciendo, pero depende siempre de poder conseguir los recursos”, afirmó Roberto Patiño, director de la organización.

Desde la oposición, Miguel Pizarro, comisionado especial para la Ayuda Humanitaria del equipo de la administración de Juan Guaidó —quien reclama para sí el ejercicio de la presidencia interina de Venezuela y actualmente preside una Comisión Delegada a la que la Asamblea Nacional elegida para el período 2015-2020 le transfirió las obligaciones en un controvertido decreto de transición—, se mueve en esferas diplomáticas para lograr el ingreso de alimentos y medicamentos al país: “Venezuela es una emergencia dentro de la emergencia”. 

Y aunque el gobierno de Maduro asegura que desde el año pasado están “listos, prestos y preparados para la cooperación internacional, la ayuda humanitaria, poniendo la politización de un lado”,  la crisis sigue sin tener una solución a corto plazo. Las jornadas de vacunación empezaron en el país sin un plan claro y en medio de reclamos por la desorganización y la falta de información. El Gobierno asegura, sin embargo, que ya 11 % de la población está vacunada.

Mientras, la agenda política y la ciudadana llevan ritmos muy diferentes. La población vive una carrera desenfrenada para conseguir ayudas, bien sea dinero o medicamentos. La hermana Carmen Rosa Camacho, coordinadora de Cáritas en Catia, se siente de manos atadas ante la imposibilidad de hacer más. Quisiera ayudar a cada niño que pesa en las jornadas y que está en desnutrición o presenta otras patologías. También quisiera darles dinero a las familias en situación de riesgo por la pandemia: “Pero los recursos son escasos. A mí se me arruga el corazón, es muy duro”.

El agobio diario de los médicos

Los profesionales lidian con la frustración de no poder ayudar a todos los enfermos de COVID-19 que lo necesitan, con el peso de decidir quién puede hospitalizarse y quién no y con la tensión de enfrentar riesgos letales sin tener todo lo necesario para evitarlos.

Caracas. “Vi a mi tío morir en la sala COVID-19 a pocos metros de mí. Estaba tan agotada y saturada de trabajo que no pude ayudarlo por completo. Aún no me recupero”. Leslec Hernández se lamenta no solo de la suerte que corrió su familiar, sino de la impotencia que sintió. Es una médica de 26 años de edad a quien le ha correspondido hacer guardias de 36 horas seguidas en el hospital de Los Magallanes de Catia, en el oeste de Caracas. En ese centro centinela, uno de los 46 hospitales enfocados en el control de la pandemia del coronavirus en Venezuela, especialistas y enfermeras no se dan abasto para atender a los pacientes ingresados, según testimonios recopilados para este trabajo. 

Lo que sucedió con su tío es un ejemplo extremo de las situaciones que Hernández y el resto de sus colegas enfrentan de modo especial en días recientes. El incremento de contagios de la enfermedad en las últimas ocho semanas ha puesto en jaque el sistema de salud, de acuerdo con la Federación Médica Venezolana (FMV), fuentes del personal sanitario y reportes de los corresponsales de Crónica.Uno. En ese entorno ha aumentado la angustia de quienes atienden las emergencias y terapias intensivas bajo altos niveles de estrés no solo por la obligación de decidir cuáles pacientes serán internados y cuáles no en un panorama de recursos escasos, sino por los riesgos de contagio que corren ante una pandemia que desató su segunda ola y los alcanza entre denuncias de la falta de un plan de vacunación que los proteja.

Foto: Tairy Gamboa

El salto de los contagios que los apremia no solo se percibe en los centros de salud, sino que se refleja en las estadísticas. Entre marzo y abril el conteo de infectados con el virus pasó de un promedio de 688 a más de 1.000 diarios, de acuerdo con cifras oficiales. Hasta el 10 de junio de este año, el gobierno de Nicolás Maduro reportó que el país acumulaba 247.847 infectados y 2.781 fallecidos. Son datos que han sido puestos bajo lupa por instituciones como la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que ha asegurado que hay un importante subregistro y que incluso los fallecidos podrían ser cinco veces más. 

El dilema de los médicos de decidir cómo asignar las camas cuando salta sensiblemente el número de personas que las necesitan ya ha sido vivido en otros sistemas sanitarios, incluso en países desarrollados durante picos de la pandemia. En el caso venezolano, sin embargo, ha adquirido dramatismo por la crisis hospitalaria que hace que los cupos escaseen y fallen servicios básicos como los de agua, electricidad y hasta suministro de jabón en los centros de salud, en el contexto de una emergencia humanitaria compleja que ha sido documentada por organismos internacionales incluso de Naciones Unidas. 

Foto: Tairy Gamboa

A diario los galenos y sus auxiliares lidian, además, con la preocupación por las vacunas y los equipos de bioseguridad. Carlos Alvarado, ministro de Salud del gobierno de Maduro, ha dicho que 90 % de los médicos ya están vacunados, pero Douglas León Natera, presidente de la FMV, insiste en que solo “una cantidad ínfima” de las más de 2,6 millones de dosis rusas y chinas que han llegado al país ha sido aplicada al personal médico. Un estudio de Monitor Salud concluyó que 43 % de los trabajadores del gremio recibieron las dos dosis para inmunizarse, por lo que la mayoría siguen expuestos.

A ello se suma la falta de equipamiento básico de protección en hospitales públicos, los cuales registran una media de 50 % de falta de tapabocas, de 58 % de escasez de guantes y de 65 % de carencia de protección facial, de acuerdo con la organización no gubernamental Monitor Salud. Así, los trabajadores de la salud se ven obligados en muchos casos a reutilizar los tapabocas, una práctica desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sobre la cual el Gobierno no ha emitido ninguna recomendación u ofrecido alguna solución.

El cóctel de falta de vacunas y de equipos de protección ha pasado una factura fatal, según León Natera, quien calcula que desde que empezó la pandemia, en marzo de 2020, han muerto 370 médicos y 555 profesionales sanitarios, y que desde las últimas tres semanas dos galenos fallecen cada día. Un cálculo semejante ha llevado la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela (MUV), que asegura que hasta el 24 mayo han muerto 582 profesionales. El gobierno de Maduro solo ha admitido ante la OMS el fallecimiento de 165 trabajadores sanitarios, un dígito que confirma que las víctimas se cuentan por cientos y que hay razones para la tensión en la pandemia. 

“Duele no poder ayudar a todos los que lo necesitan y además ver cómo nuestros amigos de estudios, colegas, familiares y conocidos pierden la vida”, dice Jaime Lorenzo, coordinador nacional de MUV, quien agrega que la depresión y la impotencia golpean la salud mental del personal sanitario. 

El gobierno de Maduro ha insistido en que no solo ofrece garantías para los médicos y auxiliares, sino para todo paciente que lo requiera, a pesar del denunciado “bloqueo” aplicado a través de las sanciones internacionales de gobiernos que consideran ilegítimo y antidemocrático al sucesor de Hugo Chávez. Sus voceros, no obstante, dejaron sin respuesta una comunicación enviada al Ministerio de Salud el pasado 26 de abril para consultarle sobre las implicaciones de la pandemia para el sistema sanitario. 

Las tensiones y duras decisiones de los médicos

Leslec Hernández, la médica del hospital de Los Magallanes de Catia, ejemplifica con una frase la tensión que ha vivido en los días recientes por la avalancha de casos: “El ritmo es extenuante y pasa factura. He perdido cinco kilos en las últimas semanas”. Incluso fue diagnosticada con síndrome ansioso a causa del exceso de trabajo. Cuando logra dormir, sueña que está atrapada en el hospital. Con una frase busca consuelo en medio de las circunstancias: “Ser médico no es de gente débil”.

Como ella, hay otros colegas que padecen estrés semejante mientras encaran una pandemia que no se sabe cuándo cesará y que no deja de cobrar vidas: “A veces me voy llorando a casa. Las guardias son inacabables. No veo la hora de que esto pare”. Quien lo dice es una médica de un hospital público de una zona popular de Caracas, que no se atreve a decir su nombre por temor a represalias como las que aplicaron a algunos compañeros que fueron detenidos después de hablar de COVID-19 cuando se confirmaban los primeros contagios en el país. 

Con el salto del coronavirus, los médicos han tenido que aplicar en una escala impensada el triaje, método que se utiliza para determinar el nivel de gravedad de los casos y la prioridad con la que debe ser atendido un paciente. Su uso ha sido rutinario incluso mucho antes de la pandemia. Su creación se le atribuye a Dominique Larrey, un cirujano militar que lo ideó como una manera de salvar vidas de las tropas durante las guerras napoleónicas. A pesar del origen bélico, tuvo una efectividad que hizo que se extendiera rápidamente en los sistemas de salud. Con la pandemia de COVID-19 el triaje ha tenido una prueba de alcance mundial en condiciones que pocos hubieran podido pronosticar.

“Muchos se nos mueren en menos de dos o tres horas, mientras esperan un cupo en una sala improvisada hasta que puedan entrar a la Unidad de Cuidados Intensivos”, relata un médico que trabaja en una zona popular capitalina y quien tampoco quiere divulgar su nombre. Dice sentirse “mentalmente agotado” de la exposición a circunstancias como esas. Un intensivista consultado también admite estar “emocionalmente agobiado”. Confirma que hay pacientes que llegan con cuadros de vida o muerte que procuran atender, aunque no siempre pueden: “Trato de enfocarme en las cosas que puedo resolver para tener mínima higiene mental”.

En el hospital de Los Magallanes de Catia, por ejemplo, el triaje relacionado con el coronavirus se aplica en una carpa en las afueras de la instalación. Si hay personal, los médicos generales evalúan si los pacientes presentan fiebre, tos seca o dificultad respiratoria. En caso de contar con pruebas rápidas, se aplican al paciente; si el resultado es positivo y se descartan otras infecciones virales, se practica un hisopado nasofaríngeo prueba PCR para confirmar el diagnóstico de COVID-19. Pero el criterio más importante es el oxígeno en sangre: “Si está debajo de 90 %, el paciente cumple con criterio de ingreso. Si no, se le recomienda aislamiento domiciliario”, explica Leslec Hernández.

En el área de terapia intensiva del hospital hay 25 tomas de oxígeno para pacientes con COVID-19, pero la alta demanda obligó al personal a buscar alternativas y valerse de bombonas grandes con manómetro para ofrecer nueve cupos adicionales y salvar más vidas. Los pacientes son vigilados cada cuatro horas usualmente por tres enfermeras y dos especialistas que hacen todo cuanto pueden para no perder a ningún hospitalizado, de acuerdo con las fuentes internas que fueron consultadas para el reportaje. 

El triaje también se aplica en instituciones de la red privada, según José Félix Oletta, exministro de Salud y miembro de la red Defendamos la Epidemiología. El médico indica que en los principales centros privados de Caracas se utilizan criterios de alerta universalmente aceptados para gestionar los escasos cupos. Se prioriza a mayores de 65 años de edad que presenten síntomas asociados al virus y otras patologías previas debilitantes. También la alerta abarca a personas con algún cuadro agudo de reciente aparición, como frecuencia respiratoria elevada, deshidratación, confusión mental, coloración azul o lívida de la piel y de las mucosas provocada por la oxigenación deficiente de la sangre. “Los pacientes también deben ser valorados individualmente sobre la base de su historial médico”, alerta.

Pocos cupos, muchos casos 

Bajo agobio, el personal sanitario administra un bien que no es infinito: el número de camas disponibles. 

En marzo de 2020, cuando llegó el coronavirus a Venezuela, Jorge Rodríguez, entonces vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo del gobierno de Maduro, aseguró que el país contaba con un total de 23.762 camas de hospitalización y 1.213 de cuidados intensivos en centros públicos y privados para combatir la COVID-19. 

El dígito no les resultó confiable entonces a todos los observadores. “En marzo del año pasado había solo 100 camas en la red pública y 300 camas en las clínicas, para una población de 28 millones de habitantes. Estamos en 2021 y no se ha hecho ningún esfuerzo”, asegura Huníades Urbina, miembro de la Academia Venezolana de Medicina. El galeno calcula que hay un déficit de, por lo menos, 40 % de camas públicas.

El curso de la pandemia, sin embargo, ha desafiado las capacidades de los mejores sistemas de salud del mundo. Patricia Valenzuela, miembro directivo de la Sociedad Venezolana de Infectología, asegura que aproximadamente la décima parte de los casos que se reportan requieren hospitalización y terapia intensiva. Siguiendo esa aritmética que se ha repetido  internacionalmente, alrededor de 22.000 pacientes pudieron haber necesitado cuidados intensivos en las 1.213 camas mencionadas, todo según cifras oficiales que han recibido críticas por conservadoras. Un escenario que, en cualquier caso, implica presión al sistema.

En el día a día, a los profesionales de la salud se les manifiesta en forma de una situación difícil de gestionar. “La realidad es que a los pacientes se les dice que no tenemos lugar y los referimos a otro lado. Comienza el calvario para ellos buscando un cupo. Muchos pacientes optan por ir a su casa y pueden morir allí. Es deprimente”, resume un doctor de un populoso hospital de la Gran Caracas. Santiago Guzmán, médico internista del ambulatorio José Gregorio del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), explica que al área de emergencia de la institución llegan diariamente hasta 15 personas, de las cuales dos o tres cumplen con los criterios de hospitalización. Es decir, presentan insuficiencia respiratoria, deshidratación, tos seca y baja saturación de oxígeno. Esos casos son referidos a otras instituciones, sin garantías de que reciban asistencia.

A Valenzuela justamente le preocupa la tardanza que sufren pacientes en recibir atención, sobre todo porque la mitad de los casos más graves puede terminar con fallecimiento. Revertir eso supone, entre otras cosas, abrir nuevos cupos, lo que implica un desafío en Venezuela. Tener un área de aislamiento para tratar un paciente con COVID-19 implica contar con servicio eléctrico, luz y agua y jabón continuo las 24 horas, sin contar el personal de enfermería, limpieza y mantenimiento. Las restricciones para ampliar la oferta hacen que sean numerosos los pacientes que terminan en el llamado ruleteo, la búsqueda infructuosa de un lugar donde poder ser recibido. 

La alternativa de las instituciones privadas, en ese entorno, no representa solución para personas que no dispongan de recursos abundantes. Valenzuela apunta que un solo día de hospitalización puede oscilar entre los 1.500 y los 3.000 dólares según el caso. A eso se añade que las aseguradoras solo pagan 50 % del tratamiento a sus afiliados. “El costo de estar en una clínica también depende de si el paciente está recibiendo atención médica en terapia intensiva o intermedia”, explica. 

Foto: Gleybert Asencio

Sin vacunas para seguir la lucha

El personal sanitario se expone a diario a la lucha contra la pandemia sin contar con la certeza de un plan de vacunación que les alcance, según las denuncias de los voceros gremiales. Eso implica tensiones adicionales. “El virus va frontalmente contra quien está recibiendo al paciente infectado, es decir, el médico o el equipo de salud. El sanitario es quien está en primera línea y es más probable que se contagie y quien corre más riesgos, porque toca y palpa al paciente”, enfatiza León Natera.

Maduro anunció el 15 de noviembre de 2020 que a principios de 2021 llegarían a Venezuela 10 millones de vacunas rusas Sputnik V. De ese total, sin embargo, solo se recibieron 1.300.000 por lotes, además de otras 1.300.000 chinas de la marca Sinopharm. A pesar de que el Gobierno asegura que nueve de cada 10 médicos ya está vacunado, una encuesta realizada a finales de mayo por la organización gremial Médicos Unidos de Venezuela a 2.970 sanitarios arrojó que solo 58 % del sector público sanitario está inmunizado. 

El presidente de la FMV calcula que más de 500.000 profesionales enfrentan la pandemia y, por ello, reclama un millón de dosis, dado que las vacunas importadas son de dos aplicaciones. “Aquí se inventaron unas vacunas en primera línea para el Gobierno, ministros y cubanos usurpadores ejerciendo ilegalmente la medicina, en lugar de seguir las recomendaciones de la OMS, que establecen que, una vez llegadas las vacunas, se le apliquen primero al personal sanitario. Estos parámetros fueron adoptados en todos los países del mundo”, subraya.

Mientras la incertidumbre y el malestar del día a día permanecen, los médicos intentan dar lo mejor de sí mismos. “El dolor no nos nubla la razón, pero tampoco somos máquinas. El dolor nos embarga, pero nos toca convivir con él”, dice Jaime Lorenzo, coordinador de Médicos Unidos por Venezuela. No abandonan la esperanza de que la pandemia y las dificultades para tratar a los pacientes con la COVID-19 se superen pronto. 

El calvario después de fallecer

Las muertes por COVID-19 van en aumento y, con ello, el colapso de un sistema forense precario para atender la cantidad de decesos. Los familiares deben pasar su duelo en medio de procesos retardados, listas de espera y recolección de fondos para cremar o enterrar a sus fallecidos.

Caracas. A Dennys Osorio, una vecina de Lídice, le cuesta asimilar que sus padres murieron y no pudo despedirse de ellos como hubiera querido. Los cuerpos de Félix, un mesonero y vendedor informal de 76 años de edad, y de Socorro, un ama de casa tres años mayor, terminaron enterrados en fosas de una terraza habilitada por las autoridades en el Cementerio de El Junquito, en las afueras de Caracas, para inhumar restos de fallecidos debido a la COVID-19. A ninguno de los dos le pudo rendir tributo con un funeral, ni con una ceremonia previa al entierro, ni con una inhumación en una parcela solo para ellos.

Ambos vivían en La Pastora, populosa parroquia capitalina. Murieron después de un súbito deterioro de salud ocasionado por el nuevo coronavirus, como confirmaron las pruebas rápidas en ambos casos: “Me duele muchísimo. Me da ansiedad y tristeza. Hubiera querido enterrarlos como merecían, pero no tenía el dinero. Todo pasó tan rápido que no hubo tiempo de hacer nada”.

Su padre murió primero. Pasó sus últimos días internado en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de la Maternidad Concepción Palacios, en Artigas.  Fue en ese establecimiento público de salud, de la Misión Barrio Adentro, donde su hija logró que lo atendieran, luego de batallar contra la desatención y los maltratos del sistema sanitario, según relató. Pasaron 24 horas del deceso, cuando su madre murió, pero en casa. Con los bolsillos extenuados, los nervios agotados y en shock por los dos mazazos, Osorio se sintió sin otra alternativa que aceptar la propuesta que le formularon en la morgue de Bello Monte en Caracas, donde está la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

Allí le ofrecieron a la vecina de Lídice hacer dos entierros por separado en los que los funcionarios y voceros del gobierno de Nicolás Maduro denominan fosas “familiares”, “comunitarias” o “sociales” a pesar de que la ley venezolana vigente, aprobada en 2014, no menciona ninguno de esos adjetivos. La legislación que regula los servicios funerarios y dejuyhgtfr cementerios solo habla de “fosas”, las cuales define como toda excavación con bóvedas para sepultar restos humanos, y de “fosas comunes”, aquellas habilitadas por las autoridades cuando se presentan “epidemias o catástrofes” que rebasan la capacidad de los lugares existentes para hacer inhumaciones. Osorio siente que los restos de su papá y su mamá reposan en una terraza de El Junquito como la descrita en la última definición mencionada.

Adioses frustrados. Duelos incompletos. Fosas especiales. Osorio forma parte de la lista de miles de venezolanos que han debido enfrentar circunstancias como esas luego de la muerte de parientes con cuadros confirmados o sospechosos de coronavirus. En pleno luto, los ciudadanos no solo se someten a los estrictos protocolos establecidos para evitar la propagación del virus y en virtud de los cuales están prohibidos los funerales como ritual de despedida: también deben atravesar la crisis generada por la pandemia en la cadena pública y privada involucrada en el manejo de los restos de los fallecidos, de acuerdo con testimonios recabados por Crónica.Uno para este trabajo.

Tardanzas en la búsqueda de cadáveres en domicilios u hospitales por parte de los servicios forenses, mal estado de los sistemas de refrigeración para proteger los restos de los fallecidos o de los hornos para incinerarlos, esperas interminables para lograr cremar o enterrar a sus parientes, precios fuera del alcance para pagar por inhumaciones e incineraciones en un ambiente de hiperinflación forman parte de un catálogo de vivencias al que se han sumado los entierros de emergencia en las llamadas fosas “familiares, sociales o comunitarias” en medio de una inesperada pandemia que no deja de enlutar al país y al mundo. 

El viacrucis de las familias se ha agudizado en Venezuela con la llegada de la segunda ola del virus. De acuerdo con las cifras oficiales, desde marzo el promedio de muertes saltó de casi 688 a más de 1.000 casos diarios. Según el gobierno de Maduro, en el país ha habido en un año y dos meses 247.847 contagiados y 2.781 muertos. Son cifras que han sido cuestionadas por instituciones como la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que señala la existencia de subregistro en los conteos de infectados y fallecidos por la poca realización de pruebas diagnósticas.

Para algunos prestadores de servicios funerarios, el panorama ha cambiado para mal en los últimos dos meses. Juan Carlos Delgado, gerente general del cementerio privado Jardines El Cercado, localizado en Guarenas, a 30 minutos de la capital venezolana, admitió que el incremento de casos hizo desbordar el sistema en Caracas y sus alrededores: “En el área metropolitana, desde Tejerías hasta Higuerote, todo lo que enmarca gran parte del Distrito Capital y el estado Miranda, no hay la capacidad instalada de cremación que aguante la demanda que hemos tenido”. Delgado afirmó que uno de los picos más fuertes en el área capitalina se vivió hace cinco semanas, pero fuentes vinculadas a los servicios funerarios revelaron a este equipo que la segunda ola está lejos de terminar y que en los estados Zulia —uno de los que tiene mayor densidad poblacional en Venezuela— y Lara las morgues y funerarias siguen desbordadas: “Hay un déficit en el ámbito nacional y todo el mundo está poniendo de su parte y sacando el pecho adelante en medio de esta crisis”. 

Crónica.Uno envió una solicitud de información al Senamecf en abril pasado para consultar a voceros de la institución sobre los impactos ocasionados por el incremento de fallecidos asociados a la pandemia. Una alta fuente del organismo accedió a brindar “una aclaratoria” a propósito de las preguntas enviadas. En ella afirmó que nadie en el mundo estaba preparado para una pandemia como la que se desató, pero que los servicios forenses con apoyo gubernamental han logrado responder a la emergencia y trabajan sin cesar para brindar la atención exigida: “Tenemos una sala destinada a la atención de la COVID-19 que funciona las 24 horas y estamos cumpliendo los protocolos”. La fuente también negó que existieran retrasos en la búsqueda de cadáveres y pidió colaboración de la ciudadanía no solo para informar oportunamente de los fallecimientos, sino para respetar los protocolos de bioseguridad elaborados junto con el Ministerio de Salud

Foto: Tairy Gamboa

A las fosas sin despedidas

Osorio sabe que los restos de su padre y su madre fueron identificados con cintas en los pies antes de enterrarlos. Cuando se le entrevistó para el presente trabajo, no tenía una idea precisa de dónde habían sido ubicados en El Junquito. Suponía que no en la misma fosa, porque los trámites para uno y otro caso ocurrieron con prácticamente un día de diferencia. En la morgue le prometieron que contaría con las coordenadas precisas de localización a posteriori y en ello confía. “Tengo que ir al cementerio cuando tenga el acta de defunción, para que me digan dónde quedaron ubicados. Ya ha pasado un mes y todo esto es muy doloroso, aún no lo acepto. Necesito ayuda psicológica”, contó.

La fuente del Senamecf explicó que a las personas sin dinero les han puesto a disposición entierros para sus parientes en las denominadas fosas familiares habilitadas en una terraza del Cementerio de El Junquito, la única autorizada en la Gran Caracas para ese propósito: “Las familias que no tienen recursos nos llaman y se les ofrece esta inhumación. Luego nos envían la copia de la cédula de identidad del familiar fallecido, que debe ser directo, y el certificado de defunción. Después, firman un acta en la que individualizan al fallecido dando sus datos, y firman y sellan que están de acuerdo con el entierro”. La terraza de El Junquito también se usa para los restos que no han sido retirados ni identificados en un lapso de 48 horas. En cualquiera de los casos, el pariente de la persona muerta puede cremar el cuerpo de su ser querido tras esperar seis meses luego de la inhumación, de acuerdo con la fuente. La institución también cuenta con convenios con el Cementerio del Este de Caracas, el Monumental de Los Teques y Jardines El Cercado de Guarenas que les brindan un limitado número de cupos para inhumaciones para familias que no disponen de medios económicos.

Foto: Tairy Gamboa

Los protocolos aplicados debido a la pandemia hacen que la oportunidad de despedir los restos sea mínima. “No se debe velar ni acompañar a los cuerpos, ese es el protocolo y aquí se le está dando cumplimiento”, añadió la alta fuente del Senamecf. De acuerdo con el procedimiento, a los familiares se les permite reconocer el cadáver a través de una foto que se toma con un celular autorizado por el organismo. Luego los restos deben ser guardados en una funda blanca de tela impermeable con cierre de 0,70 por 2,06 metros de longitud, hasta el día cuando es enterrado dentro de esa bolsa en un ataúd sellado. En estados donde no hay posibilidades de cremar, se ha pedido a las funerarias el uso de urnas metálicas herméticas y entierros sin velorios ni exposición de los cuerpos, de acuerdo con  Joel Uribarri, director de la Cámara Nacional de las Funerarias (Canadefu): “Eso pasa, por ejemplo, en algunas ciudades como Barinas y Guanare”.

El impacto de la no despedida es duro para quien lo sufre. “Llorar al difunto en presente es importante en el duelo. Con la pandemia se cierra esa posibilidad y eso genera vacío, angustia y un duelo muy profundo. Eso se vive con dolor y tristeza; para el creyente es necesario rezar y ponerlo en manos de Dios. Para el no creyente se necesita el dolor, llorarlo”, afirmó Alfredo Infante, sacerdote jesuita, párroco de la iglesia San Alberto Hurtado de La Vega, en el oeste de Caracas, y coordinador de Derechos Humanos del Centro Gumilla. “En la parroquia acompañamos a la gente con oración y novenarios, y eso también representa un proceso de duelo y sentirse acompañado por otro, para hacerse la idea de que el ser querido no está”, añadió.

Juan Carlos Delgado, gerente de Jardines El Cercado, coincide con el sacerdote en que sobrellevar el duelo incompleto es lo más difícil de todo el proceso que se dispara con la muerte de un familiar por el virus: “El luto hay que vivirlo, hay que honrarlo. Esta pandemia deja ciclos abiertos. Ahora hay un apego sobredimensionado por las cenizas en personas que no pudieron ver más a su ser querido. Es un dolor magnificado”.

En algunos casos la desesperación de las personas ante la muerte y la inminente falta de despedida ha motivado incumplimientos de los protocolos. En la morgue de Bello Monte afirmaron que algunas funerarias ofrecen breves velorios, con exposición del cadáver, a cambio de tarifas dolarizadas. En otros casos, según testimonios recogidos para este reportaje, algunos funcionarios han descubierto fugazmente los cadáveres para que sean vistos por sus deudos antes de los entierros. Los familiares han recibido esas acciones como gestos humanitarios, aunque implican riesgos. Al analizar la situación, el padre Infante dijo que urge una “política pública” para acompañar a quienes sufren los duelos incompletos por la pandemia, y que los sacerdotes católicos, en un país donde la mayoría profesa esa religión, no se dan abasto para ofrecer atención espiritual a los deudos, especialmente en los barrios.

Cuando enterrar o cremar es una proeza

Osorio quedó sin nada en los bolsillos después de tener que afrontar de manera simultánea la enfermedad de su padre y su madre: “Con mis padres enfermos con COVID-19, gastamos mucho en el tratamiento y los taxis, y estos últimos gastos fueron en dólares. Todo nos agarró fuera de base”. Debió peregrinar por Caracas para buscar cupo hospitalario y realizar exámenes para su papá, quien desde el principio lucía con un estado de salud más comprometido. Su mamá le asistió en lo que pudo, pero en el tránsito de acompañar a su esposo en la enfermedad también cayó. “A mi papá lo habíamos llevado al hospital de Lídice, pero no sabíamos que tenía coronavirus. Las pruebas decían que tenía una infección de orina y una bacteria en el estómago, aunque luego se confirmó que tenía COVID-19 cuando ya era tarde. Mi mamá se contagió, empeoró y en el hospital de Lídice la mandaron a su casa con el tratamiento y murió un día después de mi papá”, relató.

Lo que le pasó a Osorio sucede con la mayoría de los venezolanos. Unos carecen de los medios, en un país con 80 % de pobreza y en medio de una emergencia humanitaria compleja, y otros quedan con los ahorros comprometidos luego de hacer hasta lo imposible por proteger la vida de sus parientes. De esa suerte, les resultan impagables los montos, muchas veces dolarizados, que piden funerarias y cementerios privados para entierros y cremaciones, servicios que, además, conllevan en la pandemia prolongados tiempos de espera que alargan el sufrimiento de quienes gestionan el destino final de sus familiares.

Foto: Tairy Gamboa

El director de la Canadefu aseguró para este trabajo que la red de 23 crematorios activos existente en Venezuela —de los cuales hay ocho en Caracas— ha estado sometida a una presión inusitada por la pandemia. Ante el incremento de muertes se levantaron dos crematorios más: uno en la ciudad capitalina y otro en Maracaibo, capital del estado Zulia. Un par adicional se está construyendo en la región zuliana. El vocero gremial reconoció que existen listas de espera para las incineraciones y que variables como las limitaciones en transporte y la escasez de combustible impactan en la velocidad de respuesta a la demanda. Otros factores también saltaron a la vista cuando se indagó sobre ellos. Por ejemplo, Jardines El Cercado cuenta con dos hornos para incinerar un máximo de 16 cuerpos al día, pero cuando el cementerio fue visitado por el equipo de Crónica.Uno solo servía uno y la cantidad de cadáveres rebasaba todas las posibilidades. 

Una vecina de Antímano, que es funcionaria pública, contó que la muerte de su tía de 70 años el 25 de marzo pasado fue un doloroso trajín familiar. Cuando tuvo que gestionar la cremación, la falla de un horno en el Cementerio de El Junquito hizo retrasar los planes. Primero les informaron a los parientes que no había cupo. Por ello los restos estuvieron embolsados en la cava de una funeraria durante cuatro días más: “Nos cobraron más por cada día adicional. Finalmente, cuando la sacaron para incinerarla, nos informaron que el horno estaba dañado y tuvimos que correr y la enterramos en el cementerio de Antímano”.

Las experiencias de quienes carecen de recursos han sido complejas. Una cremación puede costar en promedio 400 dólares. El Senamecf ofrece la posibilidad de algunas cremaciones gratuitas gracias a los convenios con proveedores capitalinos, pero incluso así hay restricciones. “El Cementerio del Este, por ejemplo, antes nos daba cuatro cupos diarios, ahora son dos cupos para cremar, pero eso depende de la fluidez. Las familias lo único que pagan es un impuesto de 1.800.000 bolívares. Todo lo cubre el Estado”, aseguró la fuente a Crónica.Uno. En el interior del país las gestiones se han convertido en un peso diario. Hasta hace poco, los vecinos de Maracay, capital de Aragua, debían movilizarse para realizar las cremaciones en ciudades próximas, como San Joaquín (Carabobo) y Los Teques (Miranda), pero, con el aumento de muertes por la COVID-19, a inicios del 2021 se habilitó un crematorio que ayudó a aliviar las angustias de los maracayeros. En Sucre, por ejemplo, los pobladores deben emprender una travesía en busca de funerarias autorizadas para gestionar incineraciones, porque en el estado no hay hornos y deben buscarse las soluciones en las vecinas ciudades de Puerto La Cruz (Anzoátegui) y Maturín (Monagas).

Las historias que se viven con las inhumaciones son semejantes en cuanto a los retardos para recibir atención y los precios que resultan fuera de todas las posibilidades. Se han hecho cotidianas en los barrios las colectas entre amigos y vecinos para recaudar el dinero y enterrar a sus deudos. Una parcela y el servicio de inhumación en cementerios como el Del Este o Jardines El Cercado puede costar, en promedio, alrededor de 400 dólares. En el interior del país los montos son diferentes. En el cementerio privado Jardines del Orinoco, por ejemplo, localizado en el estado Bolívar, una parcela cuesta entre 170 y 200 dólares; el entierro para casos de coronavirus, 198 dólares y la urna sellada, entre 70 y 80 dólares. En Monagas los montos varían entre 50 y 100 dólares. No hay que olvidar que el salario básico en Venezuela es de aproximadamente tres dólares mensuales. De allí que muchos tengan que optar por soluciones como las que ofreció el Senamecf a Osorio o como las que facilitan en Maracay las distintas alcaldías de la entidad a las familias de escasos recursos, a las que se les ayuda con el traslado de los restos en bolsas de bioseguridad hasta el cementerio Metropolitano, donde se les gestionan fosas sociales individuales. Una fuente del sector dijo a Crónica.Uno que el Estado administra 85 % de los cementerios del país, por lo que es un actor clave.

La cantidad de cadáveres también impacta en la operación diaria. Una fuente con conocimiento de las operaciones del Cementerio General del Sur —el mayor camposanto gestionado por el sector público en Caracas— reveló a Crónica.Uno que en las últimas semanas de los meses de marzo y abril llegaban entre 35 y 40 cuerpos al día y que “ahora el número ha bajado un poco y se ha estabilizado”. En plena pandemia, Carmen Meléndez, ministra del Interior, Justicia y Paz, anunció la recuperación del cementerio para que sea utilizado por la población, pues se encontraba deteriorado y las denuncias de profanación de tumbas y robo de lápidas eran una constante.

El desafío del retiro de cadáveres

Osorio siente que en el caso de su padre y su madre todo ocurrió a una velocidad trepidante. La llegada de los síntomas, el agravamiento de sus cuadros de salud y la noticia de las muertes. También los trámites que llevaron a los entierros de ambos en el Cementerio de El Junquito: “No hubo tardanza en sus casos”.

A otros venezolanos les ha ocurrido diferente. Según testimonios obtenidos para este trabajo, los deudos han sufrido por las demoras en el retiro de los cadáveres en domicilios y hospitales. En los centros de salud, de modo particular, el mal estado de los sistemas de refrigeración ha generado denuncias por la acumulación de cadáveres no siempre debidamente conservados. En hospitales como el Clínico Universitario, el de los Magallanes de Catia y El Llanito  —todos centros centinelas destinados al manejo de la pandemia— se han presentado denuncias recurrentes de mal funcionamiento de las cavas y descomposición de cadáveres porque no son retirados de manera oportuna. 

Mauro Zambrano, dirigente Sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, aseguró que en el Hospital Clínico y en el Hospital de Coche se acumulan por semana hasta 16 cadáveres porque el Senamecf no los busca a tiempo. “Nos han dicho que están full, pero al parecer no cuentan con los vehículos necesarios para hacer los traslados a tiempo. Tampoco se cuenta con la cantidad de cavas para refrigerar los cuerpos”, indicó.

Acorralados por la Covid-19

Textos: Betania Franquis, Shaylim Valderrama, Norma Rivas, Omarela Depablos, Celina Carquez y Yohana Marra

Con información de: José Camacho (Anzoátegui); Gregoria Díaz (Aragua); Jhoalys Siverio (Bolívar); Rafael Lastra (La Guaira); Natacha Sánchez (Monagas); Mónica Salazar (Sucre); Ana Fabiola Barrera (Táchira) y Mariela Nava (Zulia)

Edición de textos: Flor Cortez

Fotos y producción audiovisual: Gleybert Ascensio, Tairy Gamboa, Luis Morillo y José Camacho

Diseño: Lesslie Cavadías

Coordinadora de la Unidad de Contenidos Especiales: Celina Carquez 

Consultoría editorial: David González

Publicado el 13 de junio 2021