Funcionarios del Estado le están pidiendo a los trabajadores la planilla 1×10 y que se tomen fotos cuando voten el 30 de julio. Los están amenazando con despedirlos si no lo hacen. Provea desde el 17 de julio de 2017 registra casos de hostigamientos en ministerios y entidades adscritas al Ejecutivo.

Caracas. En Altagracia de Orituco no solo están obligando a todos los empleados a sacar el carnet de la Patria en el Ipasme y en el hospital J.F. Torrealba, sino que además también obligan a que cada empleado consigne un listado de 10 personas, cada uno, para las elecciones de la Constituyente. También les dan un instructivo de cómo y por quién votar. Todo esto bajo amenaza directa de despido si no cumplen con los objetivos. Además, nos dijeron que en cada centro habrá un personal con listas esperándonos el día de las elecciones.

Ese es uno de los testimonios de hostigamiento laboral de cara a la Constituyente, registrado por la ONG Provea.

Los trabajadores fueron obligados a llenar esta planilla.

Según el abogado del departamento de Exigibilidad y Educación de Provea, Carlos Patiño, no es la primera vez que mediante declaraciones de funcionarios de diverso rango —comenzando por Nicolás Maduro— se advierten posibles represalias a trabajadores de dependencias oficiales.

¿Qué están haciendo?

Desde el movimiento de Derechos Humanos han convocado a los funcionarios a no cooperar con la intención de abolir la Constitución. Los han exhortado a que no se involucren en la organización de un evento para la derogación de la Carta Magna de 1999, mediante una iniciativa inconstitucional, ya que podrían ser objeto de sanciones en un futuro, por lo que están en su derecho de abstenerse a participar y además cumplir con el deber de velar por la defensa de la Constitución.

En 2016, la ONG recibió denuncias de 16 mujeres trabajadoras de la Fundación del Niño Simón que fueron despedidas por haber firmado a favor del referendo revocatorio.

Con estos nuevos casos de hostigamiento y discriminación a ciudadanos que expresan sus preferencias políticas, se consolida una política de Estado que entraña una retaliación contra trabajadores de la administración pública, vulnerando no solo su estabilidad laboral, sino el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento.

Los casos de denuncia se manejan respaldándose en el anonimato para darle más seguridad a los denunciantes.

En el Ministerio de Salud nos obligaron a ir al simulacro y nos presionaban con despedirnos. Hace poco nos hicieron llenar una planilla con todos nuestros datos, e incluso los años de servicio y nuestras redes. Hasta nos querían tomar las huellas. Eso lo hicieron a unos y a otros no porque la máquina se dañó. Incluso crearon un link donde está la lista de los que van, es como una especie de monitoreo para el domingo 30 de julio. Nos dijeron que no les importa si tenemos 30 años de servicio, si somos funcionarios de carrera. Aquí muchos estaban pensando en no ir y como se dieron cuenta de nuestra molestia nos están amenazando hasta con quitarnos las fulanas cajas del Clap, contó una de las víctimas.

Lee también
El chantaje con los Clap aparece de nuevo en las zonas populares

Las quejas por acoso y chantaje en el marco de la Constituyente se incrementaron después del 16 de julio, a raíz de la consulta popular convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), según Patiño.

Provea ha registrado un gran número de denuncias por parte de trabajadores y funcionarios de distintos organismos del sector público que han sido víctimas de amenazas para que, aún en contra de su voluntad, acudan a convalidar el fraude Constituyente del próximo domingo. Incluso les piden que se tomen una foto y que el lunes 31 entreguen el comprobante.

Estos son algunos de los casos que registra Provea.

La Constitución y la legislación laboral venezolana prohíben cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. En pocos días hemos recibido denuncias de trabajadores y trabajadoras de la administración pública a quienes se les conmina a dejar constancia de su participación en el referido evento, reportando hora, fecha, lugar y fotografías, además de la elaboración de listas de asistencia para dirigir a los trabajadores a los centros de votación; con la amenaza de ser despedidos o destituidos del cargo, dependiendo del caso, si no demuestran su asistencia.

No tienen una cifra exacta de las amenazas pues una sola denuncia puede estar respaldada por el caso de 30 trabajadores. Pero los entes señalados por los trabajadores son Pdvsa, Sudeaseg, Corpoelec, Inces, Seguros Federal, Seguros La Previsora, Pequiven, Banco Bicentenario, Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Metro de Caracas, Ministerio de Vivienda y Hábitat, Ministerio para la Educación, Hidroven, Servicio Autónomo de Registros y Notarías, Empresas Básicas de Guayana, Movilnet, Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública, Red de Abastos Bicentenario.

De casi todas las dependencias del Estado reciben quejas.

De acuerdo con Patiño, en los casos presentados se observa una política de retaliación, hostigamiento y discriminación contra personas que hacen uso de sus derechos políticos, siendo amenazadas de ser despedidas; contraviniendo, asimismo, lo estipulado en el artículo 89 de la Constitución, que define al trabajo como hecho social, prohibiendo todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por otra condición.

El pasado 3 de julio el presidente Maduro amenazó a los trabajadores. «Atención UBCh, Clap a movilizar a la gente para la votación, apuntó e instó a los trabajadores a también buscar votantes. Hay que buscar a todos los trabajadores, buscar en cada centro hasta el último trabajador. Uno por uno y lo llevan a votar.

Por su parte, Servando Carbone, coordinador Nacional de Únete y coordinador Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos, destacó que el 15 de julio —antes de la consulta popular— introdujeron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un informe con las amenazas del Gobierno que han sido públicas y notorias. Dijo que hay audios y comunicados con las amenazas.

Las amenazas fueron llevadas a la OIT.

La OIT quedó en pedir la información al Estado, cosa que no le suministraron y, de nuevo, esta mañana [viernes 28 de julio] enviamos otras denuncias. Lo importante es que los empleados públicos deben entender que esta no es una elección nacional, sino una reafirmación del partido socialista, son unos comicios del PSUV para formar su nuevo consejo. No deben tener miedo de abstenerse, dijo.

 Amparados universalmente

La Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa que todas las personas nacen libres e iguales y deben ser tratadas con dignidad, sin importar idioma, color de piel, religión, condición social y económica, opinión política, orientación sexual o cualquier otra distinción, y sin discriminación por la condición política, jurídica o internacional del territorio o del país en que se encuentre la persona.

Aunado a ello, la Observación General Nº25 del Comité de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas establece que las personas deben ser libres de apoyar al gobierno u oponerse a él, sin influencia ni coacción indebida de ningún tipo que pueda desvirtuar o inhibir la libre expresión de la voluntad de los electores.

Esto en concordancia con los principios de no discriminación previstos en el artículo 21 de la Constitución vigente que, precisamente, se pretende abolir con el fraude Constituyente.

De igual manera, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones, y Medioambiente de Trabajo (Lopscymat), establece en su artículo 56 que los empleadores deberán abstenerse de realizar toda conducta ofensiva, maliciosa, intimidatoria y de cualquier acto que perjudique psicológica o moralmente a los trabajadores, y a evitar la aplicación de sanciones no claramente justificadas o desproporcionadas.


Participa en la conversación