Lexys Rendón aseguró que en los próximos días entregarán documentos en otras embajadas y consulados del país para conseguir la liberación de San Miguel porque este caso es la puerta a otras violaciones de derechos humanos.
Caracas. A Rocío San Miguel se le ha negado el derecho a una defensa privada. Lexys Rendón, socióloga y coordinadora del Laboratorio de Paz, explicó que esto violenta su derecho al debido proceso penal.
La abogada, defensora de los derechos humanos, profesora y especialista en el tema militar tiene 11 días de haber sido detenida. El hecho ocurrió en el aeropuerto Simón Bolívar, de Maiquetía, el viernes 9 de febrero cuando se disponía a viajar a la ciudad de Miami.
“Desde su detención no se ha realizado lo correctamente debido. San Miguel fue presentada el pasado 13 de febrero, en una audiencia irregular porque se realizó en el lugar donde se encontraba recluida y sin la presencia de sus abogados lo que limita el derecho de apelación”, dijo Rendón.
A San Miguel se le imputaron los cargos de traición a la patria, conspiración y terrorismo. Además, la vinculan con un presunto golpe militar contra el gobierno de Nicolás Maduro.
“Le pedimos a los funcionarios diplomáticos de España que sigan realizando las gestiones y que, por favor, intenten garantizar el proceso de su caso. Es necesario que sus abogados puedan juramentarse lo antes posible para que se den todas las las labores de apelación y de solicitud de investigaciones que son fundamentales para demostrar su inocencia”, declaró la activista desde la sede de la Embajada de España en Caracas.
Por su parte, el abogado Joel García alertó el lunes, en una entrevista a Crónica.Uno que este 20 de febrero vence el lapso para apelar a la acusación que le hicieron a San Miguel.
“El hecho es que sin defensa no puede ejercer el recurso de apelación ni solicitar diligencia de investigación”.
Rendón mencionó que el poder del Estado se debería utilizar para defender los Derechos Humanos, pero en el país se revierte para violarlos; por lo tanto, el estado de indefensión es mucho más grande.
“Pedimos a la comunidad internacional y especialmente hoy a la Embajada de España que sea el camino para atender todos estos casos”.
Concentración por la libertad
Este martes, un grupo de defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil se reunieron frente a la sede de la Embajada de España, urbanización La Castellana, para hacer entrega de un documento con varios puntos que deben tomarse en cuenta ante la detención de Rocío San Miguel.
Los activistas entregaron el documento a María Victoria García Ojeda, consultora de derechos humanos de la Embajada.
“Reiteraron su compromiso para garantizar la seguridad de Rocío y su familia. Además, se comprometieron a gestionar con las autoridades venezolanas el derecho a la defensa privada y que se cumpla el debido proceso”, precisó Rendón.
Asimismo, recordó que San Miguel y su hija cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde 2012, lo que la reconoce como una víctima del Estado venezolano. “Estas medidas se le otorgaron debido a que San Miguel era objeto de hostigamientos y amenazas, incluyendo amenazas de muerte, por las actividades que desarrolla en su organización Control Ciudadano”.
“Durante los próximos días continuaremos llevando el documento a distintas embajadas y consulados del país hasta conseguir la liberación de San Miguel. Su detención es un ejemplo más de la política de persecución que ejerce el Estado venezolano”, añadió Rendón.
Desaparición forzada
El fiscal general, Tarek William Saab, afirmó a través de su red social X (antes Twitter) que el caso de Rocío San Miguel no entra en desaparición forzada. Alegó que la activista tenía una orden de aprehensión por estar presuntamente vinculada en una trama conspirativa.
Sin embargo, Oscar Murillo, coordinador de Provea, informó que la desaparición forzada ocurre cuando alguien es detenido por agentes del Estado y con el propósito de quitarle la protección de la ley, no se brinda información o se niega revelar el paradero de esa persona a sus familiares.
“Durante las primeras horas de una detención es necesario que los familiares y abogados de la víctima sepan de su paradero y estén en contacto”, indicó Murillo.
Asimismo, reconoció que el informar a los familiares de las víctimas es una manera de que se garantice el ejercicio de los derechos en el marco del debido proceso, así como protegerlo frente a posibles torturas por parte de las autoridades del Estado.
En el caso de San Miguel hubo una desaparición forzosa, debido al aislamiento prolongado y la incomunicación a la que ha sido sometida, ya que desde su detención no había tenido comunicación con familiares y no se había podido confirmar si había sido victima de torturas. No fue hasta el domingo cuando le permitieron la visita de su hija a las celdas del Sebin de El Helicoide, donde se encuentra recluida la defensora de derechos humanos, afirmó Murillo.
Sin embargo, reconoció que sus abogados no han podido verla y aún no le permiten una defensa privada. A su juicio, esto mancha el debido proceso y sigue siendo víctima de una desaparición forzada.
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