La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica del Sistema Eléctrico y abrió la puerta al capital privado tras varios años de monopolio estatal.
Caracas. Luego de 16 años de estricto control estatal sobre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, y en primera discusión, el proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
La propuesta, presentada formalmente ante la Comisión de Administración y Servicios, busca dinamizar el sector mediante la apertura económica y la modernización de la infraestructura eléctrica del país.
Durante la exposición de motivos el diputado Orlando Miranda (PSUV) precisó que el proyecto —compuesto por 42 artículos— busca introducir capital mixto y privado bajo un régimen riguroso de concesiones, supervisión pública y corresponsabilidad civil y penal para las operadoras.
“Esta ley busca abrir las puertas a un sistema eléctrico moderno, mixto, autosustentable y responsable”, explicó Miranda, quien agregó que el núcleo de la reforma es diversificar a los actores en las fases de generación, transmisión, distribución y comercialización.
Con este marco legal, el Ejecutivo busca flexibilizar el monopolio ejercido desde 2007 a través de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), institución que en su momento unificó a 14 empresas estatales y privadas.
Indemnizaciones por apagones
Uno de los puntos más llamativos de la reforma es el enfoque en la protección al consumidor. De ser aprobada, las empresas distribuidoras y comercializadoras estarán obligadas a indemnizar a sus clientes por cualquier daño material causado por apagones o deficiencias en el suministro.
El plan legislativo apunta a una reducción progresiva del subsidio eléctrico estatal para la población general, lo que permitirá sincerar las tarifas.
Al respecto, el diputado José Gregorio Correa (Acción Democrática) señaló que la legislación debe transformar el rol del Estado en un ente netamente controlador y defensor que garantice la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones nacionales e internacionales.
Para ello, propuso la creación de la figura del “contralor o defensor de la eficiencia eléctrica”, encargado de vigilar los compromisos de optimización de los inversionistas.
Un paso necesario, pero con cautela jurídica
Crónica Uno consultó bajo condición de anonimato a un especialista en materia eléctrica, quien calificó el debate parlamentario como una iniciativa positiva, siempre que se blinde la seguridad jurídica de los capitales.
«La ley debe ser transparente. No puede repetir los vacíos de la Ley de Hidrocarburos que terminaron ahuyentando a los inversionistas. En Venezuela se necesita mucha inversión y las empresas requieren recuperar esos fondos a largo plazo», advirtió el experto.
El analista lamentó que las autoridades tuvieran que esperar “el colapso del sistema” para reaccionar y recordó que gremios como Fedecámaras ya habían presentado planes de inversión en el pasado sin obtener respuesta.
“Esperemos que ahora sí se pueda trabajar de manera conjunta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
La estructura técnica de las concesiones
Por su parte, el diputado Aníbal Sánchez desglosó la operatividad técnica que regirá al nuevo SEN, la cual se articulará mediante el formato de concesiones regulado en los artículos 29, 32 y 33 de la reforma.
Sánchez explicó que, si bien el Estado se ratifica como el actor principal y se reserva la potestad de revocar derechos, la Presidencia de la República podrá autorizar por decreto la constitución de empresas mixtas. Estas entidades tendrán una duración de hasta 25 años (prorrogables por 15 más) y estarán sujetas a la delimitación geográfica y a la reversión obligatoria de sus activos al Estado al finalizar el contrato.
Finalmente, el parlamentario destacó que el artículo 37 fijará las obligaciones específicas por área:
- Generación: Declaración obligatoria de capacidad y cumplimiento técnico.
- Transmisión: Garantía de acceso abierto a las redes y continuidad.
- Distribución: Servicio universal, planes de expansión y la ya mencionada compensación por fallas.
- Comercialización: Contratos transparentes y claridad tarifaria para el usuario.
El ministerio de la materia mantendrá plenas facultades de supervisión e intervención preventiva o definitiva, limitando el reconocimiento económico de inversiones no depreciadas al término de los acuerdos.
