La Ley de Minas que se discute en la Comisión de Energía y Petróleo, busca agrupar toda la normativa de una industria que de acuerdo con el diputado Elias Matta se lleva a cabo en el país casi sin regulación y de forma clandestina, por lo que no aporta ingresos significativos al Estado.

Caracas. La minería sin control en Venezuela ha sido un tema que desde la Asamblea Nacional (AN) se ha denunciado constantemente por la presencia de grupos irregulares armados y el impacto ambiental que esta industria ha tenido en el país. Parte de esta problemática es la que el Parlamento busca solventar con la nueva Ley de Minas que en la actualidad se discute en la Comisión Permanente de Energía y Petróleo.

Elías Matta, diputado del Zulia y presidente de esa comisión, aseguró que la Ley de Minas que se discute busca, entre otras cosas, agrupar toda la legislación en materia de minería en Venezuela, esto bajo un nuevo ministerio que sería la máxima autoridad dentro del país.

Matta criticó que «la generación de ingresos de la minería al Estado ha sido pírrica» y que eso es algo que se busca cambiar con el nuevo instrumento jurídico.

«Los ingresos que se han dado por la minería son algo muy insignificante, por debajo de 1 % del Producto Interno Bruto, y eso en el mejor de los casos», manifestó el parlamentario que luego sentenció que «nunca ha beneficiado al Estado».

El diputado señaló que según los cálculos de las personas que se han consultado para la redacción de la Ley de Minas, con los cambios propuestos, se podría estar hablando de una industria que podría dejar al país «hasta unos 12 millardos de dólares en unos 8 o 10 años».

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Para lograr esta nueva recaudación, uno de los principales cambios que la ley propone es reemplazar el sistema actual impositivo por un pago único al año por parte de las empresas o grupos mineros, el cual se haría con base en las hectáreas que  la mina ocuparía.

El pago único iría además acompañado por un pago mensual de regalías que se cancelará dependiendo del producto que se esté minando. 8 % de los ingresos para las minas de oro, plata y platino;  6 % para las de diamantes y piedras preciosas y  7 % para otros minerales.

La Ley de Minas, que Matta señaló ya lleva un avance superior a 50 %, se seguirá discutiendo dentro de la Comisión para ser llevada a consulta pública en las próximas semanas a los estados mineros como Bolívar y Amazonas.

El diputado dijo que busca que esta sea una «ley aprobada por consenso» junto con las comunidades mineras del país y los gremios. Luego de la consulta, se procederá a presentarla a la Cámara, aunque no se animó a aproximar una fecha para esto, en cambio dijo que «todavía nos queda un año».

Buscando el beneficio para los municipios

Otro problema que se plantea solucionar la Ley de Minas es del aporte que la industria haga a los municipios en los que se desarrolle la actividad.

Manuel González, diputado y exalcalde del municipio Roscio del estado Bolívar, calificó la ley de un paso en positivo para los municipios mineros, en particular en lo relacionado con los beneficios que estos recibirían de la industria.

«Espero que se incluya el apoyo a los municipios, se ha discutido ampliamente», expresó.

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González también destacó que el instrumento legal sería un apoyo para los pequeños mineros del país, aquellos que viven en riesgo por los grupos irregulares activos en el país.

«La ley, al normalizar, va en resguardo del pequeño y mediano minero, que son los que viven a diario en las minas. Son 200.000 mineros. No hay ninguna ley que vele por ellos. Si eres minero no puedes denunciar irregularidades ni atropellos porque te persiguen», explicó.


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