Además del acuerdo que ratifica la ilegalidad del bono 2020, el Parlamento aprobó uno en defensa de la autonomía universitaria y en respaldo a los migrantes venezolanos en otros países. Además se aprobó autorizar al presidente de la AN y encargado de la República, Juan Guaidó, a designar a los miembros de la junta ad hoc de la Corporación Venezolana de Petróleo.
Caracas. Este martes la Asamblea Nacional (AN) aprobó a un acuerdo en el que declaran la “ilegalidad” del bono 2020 (Pdvsa 2020). Según el Parlamento la emisión de estos papeles no contó con el aval de esta instancia.
En un comunicado del Centro de Comunicación Nacional (CCN), informaron que “además de violar el artículo 150 de la Constitución de la República, infringen los artículos 311 y 312 del Estatuto, ya que fueron contratos lascivos, que carecen de legalidad”.
El acuerdo cita que la Asamblea Nacional ha venido formulando ciertos cuestionamientos, desde el año 2016, “en torno al endeudamiento irresponsable de Pdvsa y la celebración de contratos de interés público nacional no autorizados previamente, todo lo cual está siendo objeto de una investigación que incluye, entre otros, el acuerdo suscrito con Rosneft Trading, S. A.”.
Durante el debate previo a la aprobación del acuerdo, los diputados de la oposición criticaron los bonos asegurando que representaban una hipoteca de Citgo, empresa cuyas acciones (50,1 %) fueron puestas como respaldo de dichos bonos.
En su intervención el diputado Alfonso Marquina dijo que el chavismo “entregó e hipotecó Citgo al ceder 50,1 % de las acciones a inversionistas extranjeros y 49 % a la empresa rusa Rosneft”.
“Es por eso que hoy tenemos, también como compromiso al estatuto de transición, el deber de defender y proteger los activos de la República”, dijo.
Marquina aseguró que solo en esa operación del bono 2020, la deuda de Pdvsa se incrementó en 568 millones de dólares, algo que –dijo– va en contra de los intereses de la República.
Hoy venimos a pedirle a esta AN que ratifique la declaración de nulidad por ilegal, por inconstitucional, pero además por ser contraria a los intereses del pueblo, de la emisión de los bonos 2020”, dijo.
Una postura similar fue la mostrada por el diputado Luis Stefanelli, quien cuestionó la forma en la que se constituyeron estos bonos y el hecho que Citgo haya sido puesto como respaldo para la emisión de esos bonos.
“El bono 2020 produce intereses del 20 %. Se recupera el capital en cuatro años. No existe operación en dólares que sea capaz de dar ese rendimiento, esos bonos hipotecaron Citgo que en ese momento tenía un valor de 6.000 millones de dólares. Pero lo peor es que esos bonos fueron puestos a la venta por 40 % de su valor, es decir solo 2.800 millones de dólares”, criticó Stefanelli.
Por la bancada del chavismo intervino el diputado Julio Chávez. Dijo que los recursos de esos bonos sirvieron para “llevar a cabo programas sociales de inclusión en el país, programas que reivindicaron al pueblo venezolano”.
Chávez en particular criticó que, mientras que la AN declaró como ilegales los bonos 2020, fue la misma Asamblea Nacional la que el pasado 7 de mayo de 2019, “aprobó el pago de los intereses de ese bono por un valor de 71,6 millones de dólares”.
“¿Con quiénes se reunieron? ¿A quiénes le pagaron los intereses de esa deuda?”, se preguntó el parlamentario.
De igual forma, se aprobó un segundo acuerdo que permite a Juan Guaidó, presidente de la AN y encargado de la República, la designación de la junta ad hoc de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), la cual quedó conformada por: Miguel Antonio Soto Quintana, Javier Alegrando Rodríguez Lugo, Javier Ricardo Linares Peña, Guillermo Andrés Benzecry Izaguirre, Luis Eduardo Yusti Lugo.
En la defensa de los migrantes venezolanos
La AN aprobó durante la sesión de este martes un acuerdo en respaldo de los migrantes venezolanos que han salido del territorio nacional como consecuencia de la crisis económica de los últimos años.
El acuerdo ratifica “la responsabilidad del régimen ante la emergencia humanitaria que es la causa del éxodo masivo”, al mismo tiempo califican a los migrantes como “refugiados” para que estos sean amparados por el marco legal del acuerdo de Cartagena y cuenten con protección jurídica en los países a los que lleguen.
De igual forma, la AN se comprometió a instar a la comunidad internacional para que esta reconozca “la crisis de refugiados venezolanos y así otorgarle a la crisis un grado global que no puede ser resuelta como una crisis regional”.
Durante el debate previo al acuerdo, varios diputados tomaron el derecho de palabra para expresar, según ellos, cuál era la causa real de la migración de venezolanos a otros países del mundo.
El diputado Rafael Veloz señaló durante su derecho de palabra que la responsabilidad era del gobierno de Nicolás Maduro, el cual “convirtió a Venezuela en un país fallido que no respeta los Derechos Humanos” lo que, según él, obligó a las personas a abandonar el país.
“Este modelo, que ahora conduce Nicolás Maduro y esa bancada (del chavismo) han fracasado y eso es lo que ha generado el éxodo, ese modelo que ha fracasado aquí y que ha fracaso en todos los países del mundo”, señaló.
Por su parte, la diputada Ilenia Medina del PPT y la bancada del chavismo, señaló que la migración es motivo de un “bloqueo” y de “sanciones” que, a su juicio, se han aplicado en contra del país y del pueblo por culpa de la oposición venezolana.
“La causa es el decreto Obama y luego las medidas unilaterales coercitivas solicitadas por el señor Julio Borges”.
Medina calificó la migración venezolana como una migración “inducida y conducida” por parte de la oposición venezolana y acusó a la alternativa democrática de buscar usar a los migrantes “como un botín de guerra”.
Por su parte, el presidente de la AN, Juan Guaidó, dijo que hoy en día existe una solución para la crisis migratoria venezolana, y que la misma se encuentra “bloqueada” por “un pequeño grupo de personas que prefieren que se vayan los hijos del país a que se vaya un dictador”.
En defensa de la autonomía universitaria
Otro debate realizado durante la sesión de este martes fue acerca de la autonomía universitaria que, según el acuerdo aprobado, se ve amenazada por la sentencia 0324 de la Sala Constitucional del TSJ la cual ordena una serie de procesos electorales dentro de universidades autónomas del país.
El acuerdo que la AN aprobó desconoce dicha sentencia por “violar la autonomía universitaria”. Además, reitera las garantías de las universidades consagradas en la Constitución de la República y ordenó la creación de una comisión de diputados y universitarios para presentar una propuesta que permita canalizar ayudas hacia las casas de estudio del país.
Esta comisión también llevará a cabo una revisión del marco jurídico de los reglamentos educativos para que estos “sean adecuados a la realidad del país”.
Durante la discusión de este punto, habló Jesús Mendoza, consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela, quien criticó a los diputados de la bancada del chavismo por “atentar contra la autonomía universitaria”.
Hoy el estudiante universitario no tiene transporte, no tiene becas, no tiene presupuesto justo. Yo quisiera saber si sus hijos pueden estudiar en estas condiciones señor (Francisco) Torrealba. No, no pueden, porque además ustedes tienen a sus hijos estudiando en el extranjero”.
Ante las respuestas del diputado Torrealba, que gritaba desde su curul, Mendoza solo respondió: “Mi generación es la de 2017, tragó bombas lacrimógenas, tragó tiros. No tengo miedo, señor Torrealba”.
Comisión para la designación del contralor especial
Como último punto se aprobó la creación de una comisión constituida por los diputados Omar Barboza (presidente), Macario González (vicepresidente), Freddy Valera, Juan Miguel Matheus y Eustoquio Contreras, la cual empezará las labores para proceder a designar un contralor especial para el gobierno que encabeza Juan Guaidó.
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