CIDH fija su atención en los militares presos y ordena a Venezuela garantizar la vida a tres de ellos

CIDH

El organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) ha instruido a las autoridades que permitan a los uniformados recibir el tratamiento médico adecuado y a que tomen medidas para mejorar sus condiciones de reclusión.

Caracas. La situación de los disidentes detenidos en las cárceles venezolanas vuelve a estar en la agenda de los organismos internacionales. En menos de un mes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha fijado su atención en los casos de tres uniformados que están tras las rejas, por su presunta participación en planes conspirativos; y ha ordenado a las autoridades que les garanticen su vida y salud.

Las instrucciones a favor del capitán de Corbeta Carlos Macsotay Rauseo; del teniente de navío Antonio Scola Lugo y del teniente de corbeta Gustavo Carrero Angarita figuran en las resoluciones 28/2023 y 30/2023 que el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) dictó entre el 16 y 29 de mayo pasado, respectivamente. Todas las resoluciones contienen medidas cautelares a favor de los militares.

La Comisión, en sus decisiones, demandó de las autoridades venezolanas que garanticen que a Macsotay Rauseo, Scola Lugo y Carrero Angarita acceso a un tratamiento médico “adecuado y oportuno”. También insta a que sus condiciones de reclusión se ajusten a los estándares internacionales en la materia.

Esto, tras considerar que las informaciones recibidas de parte de los representantes de los oficiales revelan que éstos están expuestos “a una multiplicidad de fuentes de riesgo, susceptibles de afectar seriamente sus derechos a la vida, integridad personal y salud”.

Sin condena

A los tres oficiales de la Armada los detuvieron en 2018 por presuntamente estar involucrados en la llamada “Operación Armagedón”, un plan, de acuerdo con lo que registró la Fiscalía Militar, en el que participarían “efectivos militares de unidades de Fuerzas Especiales del Componente Armada Bolivariana, funcionarios policiales y dirigentes políticos” y que supuestamente habría buscado evitar las cuestionadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro e incluso asesinarlo.

Desde el momento de su captura, los uniformados permanecen recluidos, primero en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y luego en la cárcel militar de Ramo Verde (Los Teques), donde aún se encuentran.

Pese a que no se les ha enjuiciado ni mucho menos condenado, los militares continúan privados preventivamente de su libertad, una condición que ha superado los tres años máximos que permite la legislación.

Cuadro preocupante

Los tres oficiales presentan problemas de salud y las autoridades han ignorado omitieron  las reiteradas peticiones de sus defensores para que las mismas sean tratadas.

En el caso de Mactosay Rauseo presentaba una “asimetría tonsilar (crecimiento desigual de las amígdalas), por lo que necesitaría realizar una biopsia”.

Sin embargo, en el caso de Scola Lugo y Carreño Angarita ambos requieren tratamiento para lidiar con las secuelas de las torturas a las que presuntamente lo sometieron tras su detención en 2018.

La parte solicitante ha indicado que, tras su detención en el 2018, se emplearon en su contra descargas eléctricas, fuertes golpes en distintas partes del cuerpo, el uso de objetos para infringir dolor, así como métodos de asfixia. Aunado a ello, la situación del propuesto beneficiario no solo se constataría por la naturaleza de tales hechos de violencia y lesiones, sino también por las secuelas que, según fue reportado, persistirían y se agravarían con el tiempo, sin que estén siendo debidamente tratadas a nivel médico. En ese sentido, la parte solicitante indicó que tiene estrés postraumático, insomnio y pensamientos suicidas por el maltrato psicológico, narró la Comisión sobre Scola Lugo.

Algo similar se afirma sobre Carreño, quien además desde 2020 comenzó a padecer dolores en la rodilla derecha.

Preocupación justificada

La negativa de las autoridades venezolanas a responder las peticiones de información de la CIDH sobre el caso de estos tres militares fue uno de los motivos por los que el organismo hemisférico aprobó las medidas cautelares, pero no fue el único.

Considerando que el propuesto beneficiario se encuentra en “Ramo Verde”, la Comisión recuerda que ha tenido oportunidad de conocer con anterioridad la situación concreta de riesgo de varias personas recluidas en dicho lugar, habiéndose vertido alegatos similares y consistentes con lo que se alega en el presente asunto, agregó.

Pese a que no figura en las resoluciones de la CIDH, no se puede ignorar el hecho de que en los últimos años al menos 11 presos políticos han perdido sus vidas tras la rejas y en las últimas semanas las autoridades han admitido que 2 de los más de 60 aprehendidos en la reciente campaña contra la corrupción fallecieron bajo custodia. Uno se habría suicidado y el otro habría muerto por problemas de salud, de acuerdo con la versión oficial.

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