Tras los terremotos de junio, trabajadores de Zaituna Café denuncian reducción ilegal del 50 % de su salario bajo amenazas de despido. Maryolga Girán, especialista en derecho laboral, analiza el marco legal de la fuerza mayor y la crisis laboral que enfrentan comercios y profesionales independientes.
Caracas. Al menos seis trabajadores de Zaituna Café renunciaron luego de que la quincena del 30 de junio pasado se la redujeron a la mitad y la empresa pretendió mantenerles la mitad del sueldo hasta, por lo menos, diciembre. Los afectados denuncian que laboraron todos los días posteriores al doblete sísmico en la sede de Los Palos Grandes.
Después de trabajar desde el 25 de junio y cada día posterior al doble terremoto del 24 de junio pasado, los trabajadores de Zaituna Café, con sedes en Los Palos Grandes, El Rosal, Sambil Chacao, La Candelaria y el aeropuerto nacional e internacional, recibieron como pago la mitad de su sueldo.
La reducción del salario en 50 % sorprendió a Héctor*, nombre ficticio por temor a represalias, quien ahora enfrenta la incertidumbre sin red de protección laboral.
“Yo revisé mi cuenta el 30 y me consigo con que solo tengo la mitad de la quincena. Le pregunto a los gerentes y ellos a Recursos Humano., y la única respuesta que nos dieron es que al día siguiente iban a hablar con nosotros. Como nunca nos dijeron nada, nos trasladamos a la sede principal en El Rosal para preguntar qué había pasado con nuestro pago”, reveló.
En la sede de El Rosal, los trabajadores recibieron atención por parte de la encargada de Recursos Humanos, el gerente general y uno de los dueños.
Según contaron a Crónica Uno tres extrabajadores, “la única explicación que nos dieron es que ellos tuvieron que cerrar algunas sedes por el terremoto y que por la situación que estaba pasando el país no tenían para cancelarnos la quincena completa y que de ahora en adelante y hasta por lo menos diciembre solo recibiríamos la mitad del pago, aunque todas las sedes están abiertas y las ventas hasta han subido porque había pocos restaurantes abiertos. De hecho, la sede Los Palos Grandes, que nunca cerró, tuvo más clientela”.
Amenazas y filtraciones
Los trabajadores, quienes optaron por declarar bajo condición de anonimato, denunciaron amenazas. “Nos amenazaron con demandarnos si alguno de nosotros hacía alguna publicación en las redes o declaraba a los medios”.
A pesar de la intimidación, en redes sociales se filtraron dos videos de la reunión. Ante las amenazas y la falta de pago, en la sede de Los Palos Grandes renunciaron seis trabajadores. Luego, la empresa les depositó la totalidad de la quincena.
A Elizabeth* la llamaron a una reunión privada y le ofrecieron pagarle su sueldo completo a cambio de quedarse. “Nosotros nunca dejamos de trabajar después del terremoto. A mí me llamaron aparte junto con dos personas y nos dijeron que nosotros éramos los elegidos y sí había posibilidad de pagarnos el 100 %, porque habíamos estado con la empresa, y que a los demás solo les iban a pagar el 50 %”.
Contó que cuando su jefe le preguntó si seguían contando con ella, dijo que no y renunció.
“Todos tenemos necesidad y ninguno de nosotros faltó ni un día después del terremoto. Yo escuché cuando uno de los directivos le dijo a la de RR. HH. que hiciera una lista de los que estábamos allí reclamando porque él no nos quería ver ahí más”.
Elizabeth no tiene miedo a buscar empleo, pues considera que, al igual que Zaituna Café, otros restaurantes y tiendas siguen abiertos. Sin embargo, cuestiona la falta de empatía de sus antiguos jefes con sus empleados y que “ni siquiera nos preguntaran si estábamos bien. Nosotros no faltamos”.
Una “campaña de difamación”
Por su parte, Zaituna Café emitió un comunicado en redes sociales en el que, en resumen, rechaza los señalamientos e indican que “no han terminado la relación laboral de ningún trabajador”. Asimismo, calificaron los videos y denuncias como una campaña de difamación e indicaron que se reservan el derecho de ejercer acciones legales para proteger su reputación.
Entre tanto, en Maracay, estado Aragua, varias empleadas denunciaron también que resultaron despedidas tras de negarse a regresar a la tienda tras el doblete sísmico.
Como consta en la denuncia en Instagram, las empleadas salieron del establecimiento para proteger su integridad física y, al rechazar el retorno inmediato a sus puestos de trabajo por el riesgo de las réplicas, la empresa las despidió.
Y en Puerto Cabello, estado Carabobo, un grupo de trabajadores de un supermercado renunció masivamente debido a que el edificio aledaño al establecimiento tiene daños mayores y corre el riesgo desplomarse.
Ante la amenaza de los encargados del local de despedirlos sino se incorporaban a sus labores, los trabajadores de Catania renunciaron.
El marco legal ante la fuerza mayor
Maryolga Girán, especialista en derecho laboral y profesora de relaciones sociolaborales de la Facultad de Relaciones Laborales de la UCAB, explica el contexto legal de estos reclamos e indica que, aunque la fuerza mayor es una causa de la suspensión del trabajo, existe incertidumbre sobre el manejo de esta medida. Precisa que la suspensión no impide que sigan corriendo las prestaciones sociales, ni exime al patrono del deber de pagar el salario.
De acuerdo con la Ley, el trabajador no tiene la obligación de prestar el servicio, pero el tema es que habrá empresas con capacidad para continuar el pago del salario, mientras que otras no podrán hacerlo porque desaparecieron o carecen de solvencia financiera para la nómina.
Girán lamenta que el país se encuentra en la misma encrucijada que en 1999 con el deslave de Vargas. En esa ocasión, desaparecieron centros de trabajo como talleres, peluquerías, automercados y agencias bancarias. También evoca los cierres por la pandemia, cuando las personas no podían acudir a sus puestos.
“Hoy estamos ante una magnitud de tragedia que no alcanzábamos a imaginar”.
La situación en el sector portuario y los servicios
Los reportes de afectación económica en La Guaira son críticos debido al desastre en la infraestructura provocado por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió a Venezuela hace 12 días. El Ejecutivo declaró a La Guaira como “zona de desastre natural”, al registrarse allí el epicentro de las pérdidas humanas y de los daños materiales en el país.
Parte de la dificultad es dimensionar la magnitud de la tragedia, ante la falta de estadísticas oficiales. El estado La Guaira cuenta con una población estimada de entre 400.000 y 420.000 habitantes.
Con base en la tasa de participación laboral promedio del país que mide la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), la fuerza laboral de la entidad se sitúa entre 160.000 y 180.000 personas.
Vicente Martínez vive en Catia La Mar y trabaja en una almacenadora en el Puerto de La Guaira. El día del doblete sísmico estaba en Caracas y retornó el lunes 27. Junto con su jefe bajó a la oficina, la cual se encuentra operativa pese a daños menores y desorden.
“El puerto está trabajando a medias, porque el área de silos, muelle norte, está habilitado como morgue. Aquí pude ver a la gente de seguridad de Bolipuertos y del Seniat que también está trabajando”.
En la empresa de Vicente estiman la reactivación de actividades en unos 20 días. “En el puerto, operaciones empezó a hacer despachos de la mercancía que solo estaba a la espera del proceso de nacionalización. Pero es muy difícil trabajar así, tenemos compañeros fallecidos y otros que aún buscan a sus familiares”.
Ante realidades como la de los trabajadores portuarios y de comercios, la abogada Maryolga Girán destaca que la respuesta a los trabajadores dependerá del tamaño de la organización.
“No es lo mismo lo que puede hacer un banco o una empresa internacional de telecomunicaciones a lo que puede hacer una panadería o una tienda de trajes de baño”.
Profesionales independientes en el limbo
En Aragua, donde la afectación de la infraestructura fue menor que en La Guaira, Luis Enrique Lara, fisioterapeuta, quedó en un limbo laboral.
Aunque trabaja en un gimnasio/estudio donde ofrece terapias junto a un equipo de especialistas, el local permanece cerrado desde el día del doblete sísmico a la espera de una inspección de ingeniería municipal, pues la estructura sufrió daños.
Luis Enrique cobra por paciente atendido, por lo que no percibirá ingresos en este período. “En la práctica me quedé sin trabajo, no tengo ahorros y el gym no tiene ninguna obligación contractual conmigo. No sé qué voy a hacer”.
Esta vulnerabilidad se alinea con el diagnóstico de la especialista Maryolga Girán, quien advierte sobre las limitaciones estructurales para responder a los trabajadores en la actualidad:
“Esta situación se agrava porque en el país no hay fuente de financiamiento. Si hubiera crédito bancario, el asunto podía paliarse. ¿Cómo se va a manejar esto? Bueno, ya las empresas empezaron a hacer su censo, ver cómo están sus trabajadores, para en la medida de las posibilidades de cada empresa ir ayudando a los trabajadores a reiniciar su vida. Esto sin tomar en cuenta la infraestructura, que también es muy importante”.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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