El Colegio de Ingenieros de Venezuela culminó la primera fase de evaluación tras el doble sismo en la Gran Caracas. Según la inspección, 75 % de 11.185 obras evaluadas sufrió daños menores. El informe confirmó que un 10 % de las estructuras sufrieron daños severos y que las grietas en paredes responden a fallas históricas de diseño, en edificios construidos entre 1950 y 1960.
Caracas. Cuando el centro-norte del país tembló el 24 de junio pasado por un doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5, la ingeniería nacional sometió a examen décadas de criterios constructivos en Caracas, La Guaira y Miranda.
Ante la contingencia, el gremio activó brigadas de diagnóstico estructural, equipos técnicos encargados de evaluar la firmeza de las edificaciones, confirmando la solidez de los edificios modernos pero encendiendo las alarmas sobre la necesidad de actualizar las normativas de construcción para los cerramientos de paredes.
“En nuestras inspecciones observamos muchos daños en paredes, que no forman parte de la estructura. Este es un defecto que venimos arrastrando desde hace muchos años en todos los países, no es algo exclusivo de Venezuela, porque diseñamos estructuras muy flexibles, pero utilizamos paredes muy rígidas y frágiles”, reconoció Alfredo Urich, directivo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV).
Esta constituye una de las principales conclusiones presentadas por el gremio profesional en su primer balance operativo, tras desplegar las brigadas en el Distrito Capital y el municipio Sucre del estado Miranda, en labor conjunta con la Comisión Presidencial para la Reconstrucción.
“Los edificios en Caracas y el municipio Sucre se ajustaron a las regulaciones antisísmicas. Pero es muy probable que las nuevas normativas ajusten los materiales y los métodos de construcción de paredes en este tipo de estructuras. Debemos reconocer que en los edificios recientes los daños fueron mínimos, lo que demuestra la calidad de las construcciones en la capital”, insistió.
Daños en inmuebles antiguos
El especialista examinó además la situación de las edificaciones erigidas durante las décadas de 1950 y 1960, las cuales registraron severos compromisos estructurales que obligaron a demoler inmuebles irrecuperables.
“Para la época, el conocimiento en ingeniería sísmica era básico y esas estructuras respondieron de forma deficiente. Por eso registramos desde colapsos hasta daños severos en miembros estructurales como columnas, entre otras condiciones precarias”, indicó.
Aseguró que diversas infraestructuras han sido apuntaladas, con soportes temporales para evitar su caída, y reforzadas preventivamente con el fin de iniciar a la brevedad los proyectos formales de reparación.
“En este sentido, es importante aclarar que las reparaciones deben enfocarse en recuperar el miembro estructural afectado y no en modificarlo. Hemos visto paredes donde, además de la reparación, colocaron corazas de acero y vigas adicionales; estas intervenciones alteran el edificio y no pueden ejecutarse sin un estudio técnico completo realizado por especialistas”,
detalló.
Cifras del diagnóstico masivo
Por su parte, el ingeniero Carlos González, integrante de la Comisión de Habitabilidad del CIV, el equipo que dictamina si una vivienda es segura para habitar, detalló que se capacitaron a 3.925 personas en apenas ocho días. Este despliegue permitió conformar 243 brigadas operativas en el Distrito Capital y el municipio Sucre.
“Cada brigada estuvo integrada por 15 o 16 personas. Hasta el miércoles 19 de agosto completaron 11.185 inspecciones. De ese total, 8620 edificaciones (75 %) recibieron etiqueta verde; 1544 (13 %) obtuvieron etiqueta amarilla, y 1119 (10 %) fueron marcadas con etiqueta roja. Con esto prácticamente finaliza la fase 1 de diagnóstico”, destacó.
El sistema de señalización utilizado, un método gráfico para clasificar los niveles de riesgo habitacional, establece que la etiqueta verde corresponde a inmuebles habitables y sin riesgos estructurales inmediatos.
La etiqueta amarilla determina un acceso restringido debido a daños moderados que requieren reparaciones puntuales. Mientras que la etiqueta roja identifica edificaciones inhabitables por presentar un alto riesgo sísmico o colapso inminente, el derrumbe de la estructura.
Precisó que los equipos avanzan en la fase 2. Esta se enfocará en la evaluación detallada de los inmuebles marcados con etiquetas amarillas y rojas, orientada a proyectar el plan de reconstrucción junto a la comisión presidencial.
Ante estas demarcaciones, familias afectadas y propietarios de inmuebles marcados en rojo han solicitado celeridad en la asignación de recursos y proyectos, mientras la Comisión Presidencial evalúa los tiempos para la ejecución de los planes de reconstrucción.
“Toda la documentación recopilada en la fase 1 reposará en el CIV. Próximamente entregaremos a la directiva un manual para la conformación de centros de operaciones y gestión de crisis ante eventos similares”, reveló.
Alianza para la reconstrucción
El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Enzo Betancourt, reiteró el firme compromiso del gremio para colaborar con los distintos niveles de gobierno en la ejecución de proyectos de infraestructura bajo estrictas normas técnicas. Con esto buscan evitar la repetición de escenarios como el ocurrido el 24 de junio pasado.
“Culminamos la primera fase y el Colegio de Ingenieros de Venezuela se pone a la orden de la Comisión Presidencial para la Reconstrucción. Ofrecemos todo nuestro conocimiento técnico para sacar al país adelante luego de este doble terremoto”, sentenció.
Asimismo, expresó su agradecimiento por el respaldo brindado por la Cámara Venezolana de la Construcción, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana y demás asociaciones profesionales que lideraron los peritajes, las evaluaciones técnicas especializadas, en las zonas impactadas.
“Queremos hacer un reconocimiento público a los colegas ingenieros, arquitectos y estudiantes universitarios que, de forma voluntaria, dieron un paso al frente para colaborar ante la emergencia vivida en La Guaira, Caracas y otros estados”, afirmó.
Apoyo a la emergencia regional
Betancourt puso a disposición de las autoridades de Colombia el bagaje técnico de la ingeniería venezolana, ante la compleja situación que afronta la nación vecina tras el sismo que afectó a cinco de sus departamentos.
El informe del Colegio de Ingenieros de Venezuela deja al descubierto una dicotomía crítica en la infraestructura del país: la urgencia de atender las secuelas del sismo contrasta con la oportunidad histórica de corregir fallas de diseño que se arrastran desde hace décadas.
Tras el diagnóstico, la reconstrucción exige cambios profundos en los códigos de edificación. El éxito ante próximos eventos telúricos exige rigor técnico de todos los actores involucrados.
La experiencia del sismo deja lecciones que ningún informe técnico puede ignorar.
La prevención exige inversión sostenida y voluntad política para aplicar estándares estrictos. Los expertos resaltaron que olo así se evitará que el dolor de hoy se repita en el futuro.
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