Con un déficit que alcanza los 4.000 MW, las fallas en el servicio profundizan la pobreza multidimensional en al menos la mitad del país. Ante el silencio oficial, ingenieros proponen auditorías y la apertura al capital privado como vía de rescate al Sistema eléctrico Nacional.
Caracas. La brecha entre los 25.000 megavatios (MW) de capacidad nominal instalada en Venezuela y los 9000 a 11.000 MW de generación real actual deja fuera de servicio hasta 14.000 MW de la red eléctrica nacional. Esta brecha en la infraestructura produce un déficit operativo inmediato de hasta 4000 MW, la causa principal detrás de las fallas del suministro.
La cifra se ha traducido recientemente en un aumento de protestas que se ha extendido desde hace más de dos semanas contra los racionamientos intempestivos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), con cortes de 4 a 12 horas diarias y sin previo aviso en casi la mitad del país.
Además, confirma la advertencia de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2025): la degradación de los servicios públicos perpetúa la pobreza multidimensional, que mide la privación de necesidades básicas como agua, salud y vivienda, la desigualdad y el estancamiento de la educación, los hogares y la productividad del país.
Pese a los constantes reclamos de la población en diversas regiones, las autoridades del organismo estatal no han emitido declaraciones oficiales actualizadas que den respuesta a las interrupciones del suministro.
El Ministerio de Energía Eléctrica proyecta la incorporación de 1300 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la red integrada de plantas de generación, líneas de transmisión y subestaciones del país, durante el último trimestre de 2026, con el objetivo de elevar la estabilidad del servicio, aumentar la continuidad del suministro y disminuir los cortes de energía en el país.
Especialistas del sector advirtieron a Crónica Uno que la estabilización y recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) requiere atender cuatro pilares estratégicos: inversión sostenida, mantenimiento preventivo con personal calificado, descentralización operativa y un esquema tarifario sostenible.
Sin embargo, la efectividad de estos ejes dependerá en gran medida de la existencia de una verdadera voluntad política para ejecutar las reformas de fondo.
Inversión para la generación
Alexis Barroso, especialista e investigador del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), calcula que recuperar el SEN demanda una inversión estimada de 9000 a 11.000 millones de dólares en un lapso de cuatro años.
“Para recuperar rápidamente la generación termoeléctrica se necesitan unos 11.000 millones de dólares en un período de cuatro años, sumado a un plan estratégico enfocado en la planificación a largo plazo para estabilizar la demanda”, precisó Barroso.
El investigador enfatizó en la necesidad de contar con proyectos rigurosos antes de ejecutar desembolsos. “Se deben desarrollar diseños y planes operativos acordes con las necesidades reales. Los ingenieros tienen que planificar el SEN con proyección a 20 años y manejar escenarios de alta, media y baja demanda para evitar crisis como la actual”.
Por su parte, el ingeniero eléctrico Isnaldo Jiménez explica que generar un megavatio de energía cuesta actualmente unos $3.000.000. Pero mediante un plan de recuperación de la infraestructura termoeléctrica existente el costo se reduciría a $700.000.
“Estas plantas pueden recuperarse en un plazo de ocho meses a un año. Su reactivación aliviaría la sobrecarga del sistema hidroeléctrico del Guri. Antes de realizar nuevas inversiones de envergadura, debemos estabilizar la capacidad instalada”,
indicó Jiménez.
La gravedad de esta situación se evidencia de forma crítica en el interior del país, donde la falla de un transformador puede dejar sin suministro durante semanas a comunidades enteras. En todas las zonas afectadas la población enfrenta la interrupción de sus actividades diarias, pérdidas económicas y el colapso de sus servicios básicos tras racionamientos que superan las 20 horas continuas.
Prioridades para la recuperación
El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica (Aviem) y consultores independientes coinciden en que la primera fase para la recuperación de la red eléctrica nacional debe ser una auditoría técnica e inventario integral que determine el estado real de la infraestructura.
Los especialistas señalaron que también resulta urgente recuperar la documentación técnica, los planos y los protocolos de protección en plantas y subestaciones. Así se podrían elaborar planes de mantenimiento eficientes.
Entre las prioridades destacan:
- Parque termoeléctrico: Ejecutar mantenimientos mayores y sustituir piezas clave, garantizando la coordinación con el sector de hidrocarburos para el suministro constante de gas natural.
- Red de transmisión y distribución: Implementar planes preventivos de desmalezamiento en los corredores de alto voltaje (765 kV, 400 kV y 230 kV), las líneas encargadas de transportar la electricidad a largas distancias y altas tensiones. Así mejoraría la prevención de incendios, junto con la sustitución progresiva de transformadores e interruptores obsoletos.
- Despacho y protecciones: Fortalecer el control de las protecciones eléctricas para evitar que fallas puntuales escalen a apagones nacionales.
- Administración de carga: Publicar esquemas transparentes y programados de racionamiento mientras se estabiliza la oferta. Esto permitirá a la población y al sector productivo planificar sus jornadas.
A la problemática de la generación nacional se le suma el deterioro del sistema de distribución local. Un caso representativo ocurre en el estado Bolívar, donde transformadores dañados mantienen sin electricidad a cuatro comunidades de Ciudad Guayana. Esta deficiencia deja a decenas de familias y comercios desamparados ante la falta de respuesta oficial.
Desmonopolización del mercado
Los análisis del sector apuntan a que, para superar la crisis eléctrica, se requiere desmontar el modelo centralizado de Corpoelec e incorporar inversión privada.
Desde Cedice Libertad, un centro de pensamiento enfocado en el análisis económico y las políticas públicas, sugieren la desmonopolización total por parte del Estado. Esto se lograría mediante concesiones o privatizaciones en generación, transmisión, distribución y comercialización.
Según sus estimaciones, este modelo, respaldado por un marco regulatorio independiente y tarifas que reflejen los costos reales, podría atraer cerca de los 21.000 millones de dólares. El monto es necesario para la reestructuración completa del SEN.
En paralelo, gremios técnicos como el CIV plantean un modelo mixto de descentralización progresiva. De esta forma, el Estado mantendría el control de la generación hidroeléctrica del Caroní y las redes troncales de transmisión. Mientras, la generación termoeléctrica regional, la distribución urbana y la comercialización pasarían a manos privadas.
Esquema tarifario viable
Tanto el sector técnico como las organizaciones de análisis económico coinciden en que el sistema eléctrico no será financieramente viable sin un nuevo esquema tarifario.
Las propuestas van desde el libre mercado defendido por Cedice Libertad hasta modelos con subsidios focalizados propuestos por los especialistas. Estas ayudas económicas directas estarían dirigidas a personas de menores ingresos, para proteger a la población vulnerable.
En cualquier caso, se asume que la adecuación gradual del precio del kilovatio-hora, la unidad estándar que mide el consumo de energía en los recibos del hogar, constituye la única vía para sostener los costos operativos. También se captaría inversión privada y se dignificarían los salarios del personal especializado.
Para los gremios y analistas del sector, la solución al colapso energético trasciende los parches temporales. Por el contrario, exige una transformación profunda del modelo de gestión actual.
La combinación de auditorías técnicas rigurosas, apertura a la inversión privada y una sincera adecuación de las tarifas sienta las bases para rescatar la infraestructura del país. De la ejecución disciplinada de este plan integral derivará, de acuerdo con los expertos, la posibilidad de devolver la estabilidad a los hogares e impulsar el aparato productivo venezolano.
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