Codhez alerta sobre desconocimiento a los derechos humanos en el Zulia

Fallas en el suministro de energía y de agua potable se multiplicaron durante mayo en el Zulia en hospitales y hogares. La Comisión de Derechos Humanos del estado denunció detenciones a ciudadanos por parte de los órganos de seguridad sin orden judicial previa.

Maracaibo. El estado Zulia enfrenta la peor cara de la pandemia mundial COVID-19. La falta de servicios públicos que permitan hacer frente al brote pronunciado en la región implica limitaciones sanitarias a sus habitantes. Así lo destaca la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) en su boletín de mayo que alerta sobre el desconocimiento de garantías en el Zulia.

“Las medidas excepcionales dictadas por los gobiernos nacional, estatal y municipales en el marco de la pandemia de COVID-19 han implicado graves limitaciones, arbitrarias y desproporcionadas, al ejercicio de derechos como el acceso a servicios de salud, alimentación adecuada, educación, libre tránsito e información, entre otros, cuyas consecuencias se ven reflejadas en una evidente desmejora en la calidad de vida”.

El pasado 12 de mayo, el Ejecutivo nacional dictó el decreto número 4198 que extendió por 30 días el estado de alarma establecido desde el 13 de marzo. Es la segunda prórroga de este tipo de estado de excepción, pese a que la regulación prevista en el artículo 338 de la Constitución solo permite una única prórroga por 30 días.

Durante mayo la restricción a la circulación y la medida de confinamiento se mantuvieron vigentes, tanto mediante el decreto nacional como en el caso de Maracaibo, con el decreto número 0036-2020. Para el Codhez, la prohibición de suministro de gasolina para los particulares, “afectó de forma agravada a las personas con enfermedades crónicas que requieren de sucesivos tratamientos para conservar su salud. Estas personas se han visto perjudicadas durante la cuarentena por la imposibilidad de traslados hacia los centros de salud especializados”.

El aumento de casos en el Zulia trajo como consecuencia que a partir del 30 de mayo se declarara la emergencia sanitaria en toda la región y que se realizarían pruebas rápidas de despistaje en todas las parroquias de Maracaibo. A partir de ese día, el número de casos positivos en el Zulia ha ido en aumento y la mayoría se relaciona con el mercado Las Pulgas como núcleo de contagio.

La Comisión de Derechos Humanos destacó que, de los hechos reportados en mayo, “destacan las denuncias del personal médico en el Hospital Universitario de Maracaibo que exigen implementos de bioseguridad para protegerse del contagio por COVID-19. Desde el mes pasado existen reportes de médicos residentes que habrían dado positivos en las pruebas”.

Además, Codhez apunta que familiares de las personas aisladas en el Hospital Universitario de Maracaibo han reiterado denuncias sobre la escasez de agua potable en ese centro hospitalario, a pesar de que la buena higiene y saneamiento es la principal medida preventiva para prevenir el contagio por COVID-19.

“A la vez, los familiares de los pacientes denuncian que han requerido permiso para el ingreso de alimentos y otros productos de primera necesidad, pues, según su testimonio, el hospital carece de insumos suficientes para la alimentación adecuada, debida atención y recuperación de esas personas. También, se reportaron diversas denuncias sobre casos de personas asintomáticas que fueron remitidas, en aislamiento absoluto y sin contacto con familiares, en moteles de la ciudad carentes de condiciones mínimas que garanticen su alimentación y cuidado”.

Detenciones

Codhez informó que en mayo se han producido varios casos de detenciones por parte de los órganos de seguridad ciudadana sin la existencia de una orden judicial previa.

“En Ciudad Ojeda, destaca la detención de una persona el 30 de abril por el supuesto incumplimiento de las medidas sanitarias del decreto de estado de alarma y la publicación en sus redes sociales de denuncias por escasez de agua potable por más de 30 días en el municipio. Esta detención fue realizada sin orden de aprehensión en su contra. Al día siguiente, la persona fue puesta en libertad después de que el Ministerio Público no precalificara ningún delito”.

Otro de los casos registrados, es el de Andreína de los Ángeles Urdaneta Martínez, médica residente adscrita al hospital Adolfo D’ Empaire de Cabimas. “Fue privada de libertad sin previa orden judicial por la supuesta comisión del delito de instigación al odio contra el presidente de la República por la publicación de un estado de WhatsApp”.

El pasado 2 de junio, el Tribunal Primero de Control de Cabimas, estado Zulia, ratificó la privativa de libertad por 45 días más mientras transcurre el proceso de investigación.

Servicios domiciliarios sin soluciones

Durante mayo, en el Zulia se intensificaron los racionamientos eléctricos hasta dos veces por día. En una época caracterizada por un clima caluroso y muy húmedo, el confinamiento ha obligado a permanecer en casa sin las mínimas condiciones de bienestar. Codhez reportó que sectores solo contaban con electricidad de cuatro a seis horas al día, con racionamientos que podían extenderse por 14 horas continuas.

La escasez de agua potable en la región sigue siendo una constante. Las medidas implementadas por las autoridades gubernamentales son coyunturales e improvisadas, desde Codhez se advierte que no reflejan el resultado de una política pública consistente, sostenible y sustentable.

Tal es el caso de la entrega de 18 cisternas para la distribución del agua en la región zuliana. De acuerdo con el plan de suministro en esta modalidad, los camiones llegarán a un punto principal en los sectores para que luego sus habitantes repartan el agua casa por casa. Para la organización, esta solución no atiende el núcleo del problema como debe ser: la regularización del agua potable por medio de tuberías que llegue a los hogares de forma permanente y asequible.

Codhez calificó la realidad de los zulianos como “una evidente vulneración al derecho a un nivel de vida adecuado”. La rutina de las personas que habitan la región occidental del país se caracteriza por un cúmulo de carencias y precariedades, ante “la desatención de parte de las autoridades competentes quienes se limitan a dictar medidas coyunturales, insostenibles en el tiempo, y que no dan respuesta oportuna a las diversas necesidades”.

La organización advirtió que el desconocimiento a los derechos humanos de los zulianos cada día se hace más grave y evidente. Para Codhez, mientras persistan las precarias condiciones entre otras razones, por el deficiente funcionamiento de los servicios básicos, es imposible la realización de cualquier derecho, es “el Estado el principal responsable tanto de la persistencia de esas condiciones como quien debe atender su inmediata resolución y mejoramiento”.