Conflicto entre consejo legislativo y Gobernación de Anzoátegui mantiene en vilo a más de 27.000 trabajadores

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Los empleados adscritos a la Gobernación de Anzoátegui aún no han cobrado la primera quincena de junio debido a que el Consejo Legislativo de la entidad no aprobó completo el crédito adicional solicitado por el mandatario regional, Antonio Barreto Sira, sino solo lo concerniente al salario y no los gastos de funcionamiento de la institución. De acuerdo con José Cheo Hurtado, los diputados regionales están violando la ley porque la Constitución estatal establece que no se pueden aprobar créditos adicionales parciales.

Barcelona. Un nuevo episodio de las pugnas políticas entre el Consejo Legislativo y la Gobernación del estado Anzoátegui, mantiene sin cobrar la quincena a los más de 27.000 trabajadores dependientes del ejecutivo regional. Los asalariados protestaron el jueves pasado por el impago de su quincena.

De acuerdo con el contrato colectivo vigente, los empleados estatales deberían recibir sus remuneraciones los días 10 y 25 de cada mes. Sin embargo, han pasado 11 días desde que debieron cancelarles los emolumentos correspondientes a la primera quincena de junio y aún el pago no se ha reflejado en sus cuentas nóminas.

En su cuenta de Twitter, el gobernador Antonio Barreto Sira reflejó que apenas el viernes pasado la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) envió los recursos para la solicitud del crédito adicional para el pago de salarios y gastos de funcionamiento del ejecutivo. El Cleanz recibió la solicitud pero no aprobó todo lo requerido por Barreto Sira, sino lo correspondiente a la cancelación de salarios, hecho que el mandatario regional rechazó.

José Cheo Hurtado, presidente de la Unión Regional de Empleados Públicos de Anzoátegui (Urepanz), refirió que por esa razón Barreto Sira ha retrasado los pagos y destacó que las pugnas políticas entre el ente legislador y la Gobernación, una vez más privan a los trabajadores de gozar de sus derechos al salario y de llevarles el alimento a sus familias.

“Si multiplicamos por cuatro el número de integrantes de cada núcleo familiar, que es el promedio normal, alrededor de 100.000 personas están perjudicadas por esta guerra absurda, la Constitución del estado Anzoátegui en su artículo 14 numeral 15 reza que no se pueden aprobar de forma parcial los créditos adicionales. También los diputados del Cleanz están violando la Ley de Consejos Legislativos que prohíbe esa acción en su artículo 15 numeral 10. Esto no es un espaldarazo al gobernador pero claramente se ve que es una jugada política para crear descontento en la masa trabajadora, porque ellos saben que de Barreto aceptar esa aprobación parcial y pagarnos cometería un delito penado por la Ley de Contraloría y abriría una brecha para un posible antejuicio de mérito“.

Janeth Cuivas, presidenta de Sunep-Sas, sostuvo que tanto el Consejo Legislativo como la gobernación utilizan a los trabajadores para conseguir sus propósitos por lo que instan a ambos a cesar en sus acciones y respetar a la clase trabajadora.

“Ni el Consejo Legislativo quiere dar su brazo a torcer ni el gobernador quiere separar los créditos para que proceda el pago de los trabajadores, hacemos un llamado para que ambos cedan porque los trabajadores cuando tomemos la calle no vamos a acabar con uno sino con dos entes porque nos están lesionando nuestros derechos. Nosotros, ante esta situación, respaldamos a los trabajadores que no acuden a trabajar porque no tienen el dinero para hacerlo”, dijo.

En la sede del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) se realizó una especie de asamblea para determinar las acciones a tomar en caso de no recibir pago, así como se solicitó la cancelación de las remuneraciones aunque muchos están conscientes de que se cometería una irregularidad administrativa.

“Que nos paguen, con esos 20.000 me puedo comprar aunque sea un pollo, aquí los grandes perjudicados somos nosotros los trabajadores”, sostuvo una empleada de Saludanz.

Pasivos contraídos

Hurtado refirió que días antes establecieron una reunión con el mandatario regional en la que expusieron además de la falta de cancelación a tiempo de las quincenas —ocurre desde octubre de 2018—, el pago incompleto de beneficios como bono vacacional y aguinaldos.

Nuestro contrato dice que debemos cobrar 175 días de bono vacacional y al sector 8 apenas les están cancelando 60 días, se le están confiscando al trabajador sin explicación alguna 115 días, cuando vamos a Recursos Humanos y hacemos el reclamo el jefe de nómina nos dice que eso es lo que nos toca por contrato colectivo, eso es con la nación, nosotros firmamos fue con la Gobernación y el mandatario que esté de turno debe cancelar esos beneficios de manera completa.

El dirigente afirmó que la Onapre, en Caracas, les informó que a las gobernaciones que tienen bajo su régimen áreas de salud y educación, se les aplicó el contrato nacional desde octubre y que para hacer modificaciones debieron presentar las contrataciones colectivas y hacer los reclamos pertinentes, pero en el caso de Anzoátegui, este paso no lo hicieron por lo que se ha generado un pasivo con los trabajadores.


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