La Corte Interamericana enjuiciará a Venezuela por discriminar con la “Lista Tascón”

Mañana el juzgado internacional celebrará la audiencia oral y pública relacionada con el despido del que fueron objeto tres mujeres en 2004, luego de firmar la solicitud para someter al fallecido Hugo Chávez a un referendo revocatorio.

Caracas. La decisión de las autoridades venezolanas de despedir a funcionarios o negarles documentos o beneficios sociales a aquellos ciudadanos que se les oponen le costará al país un nuevo juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este martes 14 de febrero, el organismo analizará el caso de Rocío San Miguel, Magally Chang y Thaís Peña, quienes fueron despedidas del Consejo Nacional de Fronteras en 2004, luego de que firmaran la solicitud para someter al entonces presidente Hugo Chávez a un referendo revocatorio, el cual se celebró el 15 de agosto de ese año.

Las tres mujeres son las víctimas más conocidas de la llamada lista Tascón, el registro que recoge los nombres, apellidos y número de cédula de identidad de todos los venezolanos que apoyaron la consulta; y que el entonces diputado chavista Luis Tascón obtuvo del Consejo Nacional Electoral (CNE) y difundió.

La lista fue utilizada en buena parte de la Administración Pública para sacar a todos aquellos que aparecían en ella y para negarle trabajo a quienes aspiraban ingresar, purgándola así de opositores.

El proceso reviste importancia no solo nacional sino regionalmente, pues “es la primera vez que llega a la Corte un asunto por discriminación política. El despido de San Miguel, Chang y Peña es algo accesorio, lo principal (…) es que a estas profesionales se les castigó por su posición política, por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la participación en los asuntos públicos”, afirmó el abogado Héctor Faúndez, quien es uno de los representantes de las víctimas.

Para San Miguel, quien hoy encabeza la organización Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, la audiencia oral y pública “es la oportunidad de (…) ser escuchadas luego de 13 años por unos jueces imparciales, algo que en Venezuela ha sido imposible”.

Ningún tribunal, ni siquiera el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tomó medidas para amparar a las mujeres, pese a que ellas tenían pruebas de que su despido era producto de una represalia por motivos políticos.

“Yo grabé una conversación que tuve con el entonces secretario del Consejo, Feijoo Colomine, quien me dijo que el entonces vicepresidente José Vicente Rangel había ordenado mi despido. Él me increpó: ¿Cómo se te ocurre firmar contra el tipo que te paga el sueldo?”, relató, al tiempo que denunció que ningún juez ha llamado a declarar a Rangel por este caso.

En esta audiencia participarán más de 30 peritos y expertos, informó Control Ciudadano en una nota de prensa. Los representantes del Estado objetaron, sin éxito, a algunos de ellos tales como el magistrado jubilado de la extinta Corte Suprema, Román Duque Corredor; o el comunicólogo Oscar Lucien.

[irp posts=”45217″ name=”Bloque chavista se presenta más unido que la MUD ante renovación de partidos”]

Una práctica que sigue

Pese a que en 2005 el propio presidente Chávez pidió que la lista Tascón fuera “enterrada”, lo cierto es que ha seguido siendo utilizada en estos años y las prácticas discriminatorias se han sofisticado. Así lo denunció la organización internacional de Derechos Humanos Human Rigths Watch, la cual presentó un amicus (opinión consultiva) en este caso.

“Casi 13 años después, el caso de estas mujeres pone a prueba principios que, ahora más que nunca, están en jaque en Venezuela”, denunció el director del Programa para las Américas de la agrupación, José Miguel Vivanco, quien agregó:

“La oficina pública a cargo de cuestiones aduaneras y tributarias (Seniat) despidió a decenas de trabajadores el año pasado, en aparente represalia por haber apoyado un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Los medios de comunicación han informado que cientos de otras personas que apoyaron el referendo habrían sido despedidas en circunstancias similares, y un programa oficial que distribuye alimentos y artículos de primera necesidad a precios controlados por el Gobierno también habría discriminado a críticos (Clap)”.

Luego del proceso de recolección del 1 % para activar el revocatorio, voceros oficialistas como Diosdado Cabello abogaron por despedir a todo directivo que haya firmado a favor de someter a Maduro a la consulta. “No puede haber escuálidos dirigiendo ninguna institución del Estado”, soltó.

En el documento entregado la semana pasada, la organización le recordó a la Corte que los derechos de los ciudadanos a expresar sus opiniones y participar en el proceso político implican no solo poder votar en elecciones, sino no ser objeto de represalias por manifestar su opinión y mucho menos ser “arbitrariamente despedidos” de sus empleos por ello.

[irp posts=”44674″ name=”“Le quitaron el poder a los consejos comunales para dárselo a los Clap””]

Haciendo memoria

Aunque consideró altamente probable que la Corte condene a Venezuela, Faúndez también dio por descontado que las autoridades desacatarán el fallo, tal y como han hecho con 17 de los 19 dictámenes previos que el tribunal con sede en San José (Costa Rica) ha emitido sobre violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país, sin embargo, restó importancia a esto.

“Una sentencia a favor de las víctimas sería parte de su reparación y aunque el Gobierno no la cumpla podría establecer una hoja de ruta, mediante reformas legislativas, para evitar que hechos similares se repitan. La Corte incluso podría ordenarle al Estado que se abstenga de aplicar cosas como el Carnet de la Patria o los censos [con contenido político partidista] para planes sociales”, afirmó.

En similares términos se pronunció Vivanco, quien afirmó: “El caso de 2004 (…) es una oportunidad extraordinaria para ampliar la jurisprudencia de la Corte sobre los derechos fundamentales de libertad de expresión, participación política y no discriminación”.

No obstante, en el supuesto de que el Estado desacate una eventual dictamen en su contra el activista reclamó de los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acciones: “Los Estados miembros de la OEA deberían respaldar públicamente a la Corte y mostrarle a Venezuela que esta prepotencia frente a órganos internacionales de Derechos Humanos y su desprecio manifiesto de los compromisos regionales no seguirán siendo tolerados”.

Foto referencial: Miguel González


Participa en la conversación