CPI desecha la denuncia de Saab sobre supuestos vicios en la tramitación del caso Venezuela

reinstitucionalización del Poder Judicial

La Sala de Cuestiones Preliminares también fijó plazo para que el Ministerio Público y la Fiscalía del juzgado con sede en La Haya publiquen versiones de los escritos que han presentado ante ella, para hacer más transparente el proceso.

Caracas. Por considerarla “prematura”, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) desechó la denuncia por falta de cooperación y comunicación que el Ministerio Público venezolano presentó a mediados de mayo contra la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. 

“La Sala rechazó que el artículo 21 (3) del Estatuto (de Roma) pudiera servir como base para el amparo buscado. La Sala indicó que el marco legal de la Corte prevé una oportunidad procesal para presentar el tipo de impugnaciones que se estaban introducido por Venezuela (…) La Sala señaló que la disposición pertinente es el artículo 18 del Estatuto, aunque para que esté disponible, el Fiscal debe determinar que existe una base para proceder con una investigación. Debido a que esa determinación aún no se había anunciado, la Sala concluyó que la solicitud de Venezuela era prematura y la rechazó”, se lee en el dictamen fechado el pasado 2 de julio. 

El artículo 18 del Estatuto es claro al señalar que los Estados parte solo podrán interponer acciones contra actuaciones de la Fiscalía cuando esta haya decidido oficialmente abrir una investigación. 

A finales de mayo, Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, interpuso una solicitud de control judicial contra la Fiscalía de la CPI, por considerar que esta instancia no estaba cooperando con su despacho y de paso tenía un trato discriminatorio hacia las investigaciones de crímenes de lesa humanidad relacionadas con Venezuela. El funcionario afirmaba que el caso venezolano iba más rápido que el colombiano, el cual tiene 17 años en fase de examen preliminar. 

La Sala desestimó la petición del fiscal venezolano el 14 de junio; es decir, un día antes de que la jurista gambiana Fatou Bensouda dejara su puesto de fiscal de la CPI, pero se informó dos semanas después. Bensouda atribuyó a la acción del funcionario venezolano que no pudiera informar si consideraba que había motivos para iniciar una investigación por crímenes de lesa humanidad contra funcionarios y ciudadanos venezolanos. Sin embargo, aseguró que ya había llegado a una conclusión. 

Jalón de orejas 

El pronunciamiento de la ya exfiscal de la CPI no agradó a la Sala, la cual lo consideró “incompatible” con el “diálogo” que debe mantener con Venezuela, dentro del “principio de complementaria”. “Esta actitud solo contribuye a mantener el ‘secreto’ del proceso, asunto que tanto Venezuela como las víctimas han criticado de manera persuasiva. Más bien, la Fiscalía debe cumplir con su deber de entablar un diálogo significativo con Venezuela –ya se le ha recordado al fiscal, explícitamente, este deber y tal recordatorio se reitera en la presente Orden”, se agrega en el escrito. 

Precisamente, para darle más transparencia al proceso, la instancia ordenó a las autoridades venezolanas y a la Fiscalía de la CPI que a más tardar el 21 y 23 de julio, respectivamente, publiquen sus “versiones” sobre el caso, para así “evitar posibles malos entendidos, en especial de las víctimas; y para evitar demoras innecesarias”. 

Para el abogado Simón Gómez Guaimara el dictamen abre las puertas para que el nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, emita un pronunciamiento sobre el caso venezolano. “El fiscal Khan no tendría obstáculo para pronunciarse sobre la apertura de la investigación en la situación de Venezuela”, escribió en su cuenta de Twitter. 

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