Líderes comunitarios advirtieron que la normativa suspende el derecho a reuniones públicas bajo el argumento de la seguridad nacional. Esta medida anula la protesta pacífica y levanta un muro de silencio que impide las denuncias ante las fallas críticas de los servicios públicos.
Caracas. En una de las calles principales del sector Altavista, en Catia, al oeste de la ciudad, Carmen* resguarda su puesto en la fila. A su lado carga dos garrafones de plástico que luego trasladará en una carreta hasta su casa. Ella y otros vecinos aguardan la llegada del camión cisterna para abastecerse, tras 12 días continuos sin suministro de agua.
En esta comunidad, las tuberías secas son un problema de vieja data que ha motivado múltiples denuncias ciudadanas. No obstante, desde que el Ejecutivo promulgó el decreto de conmoción exterior, los reclamos cesaron de forma abrupta, ante el temor de ser detenidos y encarcelados.
La normativa permite a las autoridades limitar derechos civiles como la protesta y las reuniones públicas bajo el argumento de la seguridad nacional o la defensa frente a amenazas externas.
Los vecinos, que antes trancaban las vías con pancartas, hoy se observan con recelo. Nadie se atreve a comentar en voz alta lo que implica realizar las labores cotidianas sin agua.
La disposición gubernamental, justificada bajo supuestas amenazas internacionales, tras la Operación Absolute Resolve, llevada a cabo por fuerzas militares de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sirve como un candado en barriadas donde las fallas de los servicios básicos son recurrentes.
“Aquí no podemos ni sacar la silla a la acera porque ahora dicen que somos conspiradores, unos vendepatria. Hemos pasado hasta un mes sin agua, pero ya no podemos quejarnos. Es preferible estar sin agua a que te lleven preso”, relató a Crónica Uno Carmen, una costurera de 72 años de edad.
Para ella, el decreto se ha convertido en un arma para silenciar a los ciudadanos. La indignación, que antes se expresaba en las calles mediante la protesta pacífica, ahora se repliega al ámbito privado, puertas adentro de los hogares, donde los ciudadanos deben contener sus críticas o demandas para temor represalias legales o sociales.
Silencio por decreto
El 3 de enero pasado, el Ejecutivo oficializó en todo el país el Estado de conmoción exterior con la publicación del Decreto 5200 en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6954.
Esta acción legal se había preparado desde meses antes: en septiembre de 2025, el gobierno firmó y anunció el texto como un mecanismo de defensa ante supuestas amenazas externas. Pero esa versión previa no se publicó oficialmente ni tuvo efectos legales, por lo que no estuvo vigente ni pudo aplicarse a los ciudadanos.
Aunque el texto presenta la medida como un escudo ante supuestas agresiones extranjeras, sus efectos prácticos impactan directamente a las comunidades, al vulnerar el derecho a la protesta, que está protegido en la Constitución como un mecanismo de participación ciudadana y expresión democrática.
Organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios consultados por Crónica Uno denunciaron que la normativa suspende el derecho a reuniones o manifestaciones públicas bajo el argumento de la seguridad nacional.
Bajo esta premisa, la exigencia de un derecho básico como el acceso al agua deja de ser una demanda social para convertirse en un acto de “traición a la patria”, un reflejo de cómo las leyes pueden ser reinterpretadas para limitar derechos fundamentales en nombre de la seguridad o la estabilidad nacional.
En nombre del “odio”
Luis*, líder comunitario de Petare, explicó que el miedo transformó por completo la dinámica del reclamo vecinal. Según su testimonio, funcionarios policiales y grupos civiles afectos al oficialismo utilizan el estado de excepción para amedrentar a cualquiera que intente organizar una asamblea o encuentro comunitario, una práctica que se conoce como represión preventiva o intimidación política.
“Nos dicen que el país está bajo ataque y que protestar incita al odio. Pero la verdadera traición es que nuestros hijos no tengan luz para estudiar ni agua para bañarse”,
expresó.
El joven aseguró que la comunidad se siente atrapada entre la precariedad de los servicios y una ley que los obliga al silencio y limita su derecho a opinar sobre el futuro del país. Esta situación afecta directamente la participación ciudadana y la capacidad de exigir servicios básicos o mejoras urbanas.
La ONG Espacio Público ha alertado en sus informes que el decreto contiene disposiciones con impacto directo en la libertad de expresión. Al establecer la facultad de restringir el libre tránsito y suspender manifestaciones, el texto anula en de hecho la posibilidad de organización ciudadana amparada por la Constitución.
Esto incluye reuniones vecinales, protestas pacíficas o cualquier forma de expresión colectiva que cuestione decisiones gubernamentales.
El fantasma de la cárcel
Otro punto de alarma es el artículo 5, que ordena castigar la “promoción o apoyo” de ataques extranjeros. Sin embargo, el decreto no define qué debe entenderse por estos términos ni exige un vínculo comprobable con actos bélicos.
En la práctica, estas ambigüedades fomentan la autocensura, ya que cualquier crítica, denuncia o exigencia puede ser interpretada como un acto de conspiración o apoyo a enemigos externos.
Andrés*, otro líder comunitario del oeste de Caracas, señaló que una nueva ola de temor se instaló en estas zonas.
El caso de Marcos José Palma Martínez, condenado a 15 años de prisión por reclamar el retraso en la entrega de bombonas de gas, se convirtió en una advertencia silenciosa para los habitantes de la zona.
Aunque Marcos recuperó su libertad a mediados de enero, el impacto de su detención persiste entre sus vecinos, generando un efecto disuasivo que inhibe la protesta y promueve la sumisión frente a la autoridad.
El castigo del “código hp”
En la comunidad, los vecinos perciben que el control no se ejerce únicamente a través de alcabalas o cuerpos de seguridad. Andrés explicó que los consejos comunales mantienen una vigilancia estrecha sobre quienes expresan su tendencia política o manifiestan inconformidad con el sistema de gobierno.
La represalia más reciente ocurrió a inicios de año contra vecinos señalados como “conflictivos”.
“Les marcan los cilindros con las letras ‘hp’. Bajo el argumento de que el envase no es apto para el llenado. Así les niegan el servicio básico. No hay reemplazo ni solución oficial, solo la exclusión. Pero si vas a La Morán con ese mismo cilindro supuestamente inservible y pagas entre 25 y 30 dólares, te lo llenan sin preguntas”.
contó Andrés
Ante la amenaza de detención, los vecinos optan ahora por el anonimato. En los grupos de mensajería mantienen un perfil bajo, evitan usar nombres propios y se cuidan las espaldas para no ser señalados.
En esta nueva lógica de supervivencia, la solidaridad vecinal ya no se expresa en una barricada, sino en el resguardo compartido, lo que evidencia cómo la represión y la falta de servicios básicos transforman las formas de organización y apoyo comunitario.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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