Personas afectadas por la falta de documentos indican que los gestores cobran hasta 1500 dólares por solventar este problema.
San Cristóbal. Más de mil colombianos nacionalizados que viven en los municipios de Bolívar y Pedro María Ureña, en el eje de frontera, tienen cédulas que no se consideran válidas. Esto les impide realizar sus trámites legales y personales en Venezuela.
Si bien muchos de ellos han acudido a las oficinas del Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería), sus intentos por resolver este problema jurídico han sido en vano.
Pero ¿por qué hay cédulas objetadas? En el año 2004 el entonces presidente Hugo Chávez Frías emitió el decreto 2823 que permitió regular la permanencia de extranjeros en el país, para luego poder obtener la nacionalización.
Amparados en esta providencia los colombianos pudieron adquirir o registrar bienes, otros estudiar para recibir títulos y otros casarse. No obstante, años después para muchos de ellos sus cédulas resultaron inválidas sin ninguna razón.
Los afectados
Tal es el caso de Aníbal Muñoz, quien durante 15 años ha luchado por solucionar el problema del documento de identidad a sus dos hijos.
Relató que acudió a la sede del Saime en San Antonio y San Cristóbal; sin embargo, los trabajadores le indicaron que debía dirigirse hacia La Grita, en el municipio Jáuregui. Al llegar allí hizo entrega de los documentos solicitados, y le informaron que debía volver en 30 días.
Cumplido este lapso de tiempo, acudió nuevamente al Saime, en la zona de montaña de la región. Esta vez le indicaron que debía ir a la ciudad de Caracas. En la capital los funcionarios le dijeron que “la página de La Grita estaba completamente en blanco”.
Sin esperanzas, retornó a la entidad y espera que el titular del ente, Gustavo Vizcaíno, ponga “la lupa” en estos trámites que deben ser gestionados por las oficinas locales sin que los afectados deban trasladarse hasta la sede central.
Se niega a pagarle a un gestor, pues teme ser estafado como le ha ocurrido a otras personas, a quienes les han solicitado hasta más de 1500 dólares. “Cuando estaban en campaña para las alcaldías metimos las carpetas y supimos que las botaron”.
Sin cuenta bancaria
Diego Rivera llegó a Venezuela procedente de Colombia en el año 1984 y se regularizó tras la emisión del decreto presidencial.
Desde hace más tres décadas ha hecho su vida en la región: tiene propiedades, un negocio y cuentas bancarias. Sin embargo, no ha podido movilizar más sus cuentas debido a la objeción que tiene la cédula de identidad.
“Hace poco me revisé en la web del Consejo Nacional Electoral y aparezco apto para votar en Ureña. Pero, al llegar al Saime en San Antonio, los funcionarios me dijeron que todavía estaba afectado y que debía esperar cuatro meses o más”, dijo.
La situación le provoca un sabor amargo porque no tiene ayuda por parte de las autoridades. Dijo que cumple con todos los requisitos para arreglar su cédula.
No he salido de Venezuela, me quedé aquí luchando a pesar de la crisis, por eso pido que me ayuden, no solo a mí, si no a todas las personas que enfrentamos lo mismo”, aseveró.
Señaló que muchos con cédulas objetadas también presentan problemas con el CNE, por lo cual no podrán ejercer su derecho al voto el próximo 28 de julio.
El edil en el Concejo Municipal de Pedro María Ureña, Carlos Taborda, detalló que en el eje de frontera, más de mil personas se encuentran limitadas por esta circunstancia, lo que impide que efectúen trámites legales y ejercer derechos establecidos en la Constitución.
Como concejal he solicitado ante el Consejo Legislativo Estadal que tomen cartas en el asunto, pues las personas siguen en espera. Incluso, algunos han muerto y no pudieron arreglar sus papeles, a pesar de contar con la documentación para ello”, agregó.
Para Taborda es necesario que el Saime brinde una respuesta, pues aquellos colombianos que pudieron regularizar sus cédulas aparecen con serial nulo.
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