Por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, familiares de presas políticas se reunieron para visibilizar lo que sufren las mujeres detenidas en cárceles y comandos penitenciarios del país.
Caracas. “Ellas no están solas, somos su voz”, decía la parte trasera de unas alas de mariposa que colgaban de la espalda de una mujer frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas. A su lado, otra la acompañaba, mientras sostenía en sus manos la fotografía en blanco y negro de una joven.
Se trata de Yanin Pernía, una presa política que desde hace un año no recibe visitas debido a que su madre tiene afecciones de salud que le impiden viajar desde Barinas, hasta el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en donde Pernía está detenida.
“Yo estoy aquí por ella porque es mi yerna. Para mi, es una hija más. Antes yo la visitaba, pero ya no me dejan porque no soy familiar directa”, denunció sobre la mujer condenada a 30 años tras ser acusada de participar en el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018, en el que explotó un dron durante un acto de aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
No era la única. En una acera, decenas de mujeres y hombres vestidos de blanco levantaban pancartas con rostros y nombres, exigiendo la libertad y el respeto a los derechos de más de 180 mujeres presas por motivos políticos en Venezuela.
La convocatoria la organizó el Comité para la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se conmemoró este martes, 25 de noviembre, con el objetivo de visibilizar lo que sufren las mujeres detenidas en cárceles y comandos penitenciarios. La actividad se replicó también en Madrid, Buenos Aires y Quito.
Tratos humillantes
“Nos humillan, maltratan, ofenden y someten a situaciones vergonzosas que parecen inventadas por algún misógino enfermo. No tienen capacidad para entender el dolor que nos causan. Yo me someto a eso y más por mi hija”, sostuvo la madre de Carla Silva, recluida en el INOF, sobre el trato que reciben en las visitas.
Su hija está detenida desde 2020, sólo por conocer a una persona vinculada por su presunta participación en la Operación Gedeón, un supuesto intento de golpe de Estado fallido. Por la acusación fue torturada y víctima de desaparición forzada.
La madre de la joven alertó que las mujeres presas son relegadas y víctimas del olvido:
“Cada vez que hay liberaciones, salen hombres. Hay hacinamiento en todas las cárceles donde hay mujeres porque desconocen su existencia. Ellas son anónimas, desaparecen, porque no son militares, porque no son hombres”,
reclamó.
El caso de Ruth Morales refuerza esta denuncia. A ella la detuvieron en agosto de 2024 frente a sus hijas de ocho y 10 años. La joven que cursaba Educación Rural, está detenida en un comando policial en el estado Guárico
“Estoy aquí porque mi mamá es una mujer de 60 años y es quien se hace cargo de las hijas de Ruth. Estoy aquí por mi hermana, que no es una criminal. Es inocente. Ella solo salió a protestar por un mejor futuro para ella y sus hijas”, expresó su hermana entre lágrimás.
Insistió en que su propósito es mostrarle al mundo la inocencia de su pariente y a las mujeres que están presas por motivos políticos.
Doble discriminación
En su último informe, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) documentó que las visitas son intimidatorias, con protocolos en los que a los visitantes se les impide el contacto, así como “expresar emociones” de manera audible.
Durante octubre, el OVP señaló que es “evidente” que en los procesos de excarcelación, las mujeres son las más invisibilizadas. “Cuando se anuncian liberaciones, ellas son las últimas en ser consideradas, lo que demuestra una doble discriminación: por razones políticas y de género”.
En su pronunciamiento el OVP rechazó la política de persecución y la sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres detenidas arbitrariamente. «Exigimos su liberación inmediata y el cese del uso del sistema judicial y penitenciario como herramienta de control político y castigo», pide el OVP.
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