El secretario Antony Blinken asegura que EE. UU. ha identificado a casi 2000 personas que, por su papel en la crisis política venezolana, son susceptibles de restricciones de visado. La medida podría aplicar también a familiares de los sancionados.
Caracas. Al tiempo que el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) informaba la imposición de sanciones a 16 funcionarios venezolanos por su papel en el “fraude electoral” del 28 de julio, lanzó otra advertencia: hay casi 2000 personas más que son “potencialmente sujetas a restricciones de visado”.
En un comunicado de prensa difundido por el Departamento de Estado, a nombre de su secretario Antony Blinken, EE. UU. menciona que está “tomando medidas para imponer nuevas restricciones de visas a los funcionarios alineados” con el reciente proceso electoral y con la represión a las protestas postelectorales.
Blinken señala que las recientes y futuras restricciones se basan en la “Proclama Presidencial 9931”, firmada en septiembre de 2019 por el entonces presidente Donald Trump. Esta disposición implicaba la suspensión y limitación de entrada a EE. UU. de funcionarios relacionados con el chavismo, entre ellos:
- Miembros del gobierno de Nicolás Maduro y de la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
- Oficiales de la Fuerza Armada, la policía o la Guardia Nacional con rango igual o superior al de coronel o su equivalente.
- Personas que actúen en nombre o en apoyo al gobierno de Maduro “para socavar o dañar las instituciones democráticas de Venezuela”
- Personas que obtengan un beneficio financiero de transacciones o tratos comerciales con los descritos previamente.
- Familiares inmediatos de las personas descritas previamente.
Las casi 2000 personas que el Departamento de Estado ha identificado por su papel al “socavar la democracia, participar en actos de corrupción o violar los derechos humanos” en Venezuela se suman a más de 140 funcionarios actuales o anteriores que ha sancionado EE. UU. desde 2015, cuando aplicó las primeras restricciones.
Historial de sanciones
De acuerdo con la plataforma Vendata, una iniciativa de datos públicos desarrollada por la ONG Transparencia Venezuela, entre 2015 y 2021 las distintas administraciones que pasaron por la Casa Blanca aplicaron sanciones a 284 personas. La lista incluye a funcionarios del Estado, empresarios vinculados con actos de corrupción, dirigentes políticos y algunos familiares de jerarcas del chavismo.
Entre los sancionados, además de altos mandos del chavismo como el propio Maduro, Diosdado Cabello y los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, también han sido incluidos el dueño de Globovisión, Raúl Gorrín, y su esposa; tres hijos y la nuera de Cilia Flores y los hermanos de Alex Saab.
Ahora, EE. UU. parece apuntar a engrosar la lista con la intención de presionar al gobierno de Maduro y sus allegados para que reconozcan la victoria del opositor Edmundo González, virtual presidente electo, según las actas publicadas por la oposición bajo el liderazgo de María Corina Machado.
A finales de agosto, la agencia Reuters reportó que desde la Casa Blanca se elaboró una lista preliminar con 60 nombres de funcionarios venezolanos y sus familiares que podrían ser sancionados. La lista apuntaba a altos cargos del CNE, del TSJ y de organismos de inteligencia. A todos se les señala por contribuir a la crisis política tras la elección presidencial.
Amplias restricciones
El paquete de sanciones incluiría prohibiciones de viaje a los funcionarios y familiares afectados. Tales restricciones se basan en la Proclama Presidencial 9931, y prohibiría los negocios entre ellos y cualquier empresa o entidad estadounidense. Según fuentes de Reuters, la intención es “incentivar y presionar a Maduro para que reconozca los resultados de las elecciones”.
Se trataría de la medida más severa por parte de EE. UU. bajo los cuatro años de liderazgo del presidente Joe Biden, cuyo gobierno -a diferencia de la era Trump- ha optado por las concesiones y el relajamiento de sanciones a cambio de promesas y acuerdos que el gobierno de Maduro no ha cumplido.
En 2019, en víspera de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, el gobierno de Trump sancionó a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), congeló los activos de la República en ese país (entre ellos Citgo) y limitó las operaciones entre empresas estadounidenses y el Estado venezolano, entre ellos el Banco Central.
¿Alivio en riesgo?
Las restricciones a Pdvsa, junto con el deterioro de la industria por desinversión y corrupción, hundieron la producción petrolera a niveles históricos y obligaron a la estatal a vender el crudo en el mercado negro con descuentos que limitaban sus ingresos.
Pero en 2022 EE. UU. emitió una licencia que permite a la petrolera Chevron operar en el país y comercializar crudo hacia ese país. Este permiso es lo que ha permitido al gobierno aumentar sus niveles de ingresos y destinar divisas para contener el precio del dólar.
Tras la firma del Acuerdo de Barbados, a finales de 2023, Biden flexibilizó las sanciones generales al petróleo y el gas venezolano. No obstante, el incumplimiento de Maduro al acuerdo hizo que en abril se reimpusieran las restricciones, aunque con la diferencia de que ahora ciertas empresas -como la española Repsol- operan bajo licencias específicas que aprueba previamente el Tesoro.
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