Existen más de 400 pasos ilegales en frontera. Foto: Maryerlin Villanueva

Los sicariatos, secuestros y atentados con bombas registrados en la zona fronteriza, hicieron que las autoridades de Colombia tomaran medidas para intentar contrarrestar los índices de criminalidad.

San Cristóbal. Las deportaciones de venezolanos desde Colombia, sumado al despliegue militar en el municipio de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, anunciado por el gobierno del colombiano Abelardo de la Espriella, generaron un clima de tensión en la frontera colombo-venezolana.

Los sicariatos, secuestros y atentados con bombas, registrados recientemente en la zona fronteriza, hicieron que las autoridades colombianas tomaran medidas para contrarrestar los índices de criminalidad que despertaron inquietud en las familias que cruzan a diario los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Unión y Atanasio Girardot en búsqueda de alimentos o medicamentos.

Las deportaciones tienen como propósito cumplir la normativa migratoria, según José Luis Castañeda, director de Migración Colombia, al sostener que no permitirán actos delictivos o alteraciones de orden público de extranjeros.

Tal fue el caso de José Emanuel Torres, de 39 años, un venezolano que se hacía pasar por sacerdote y con ornamentos religiosos ofrecía supuestas bendiciones para vehículos a cambio de dinero, en una de las principales vías de Medellín. Lo deportaron el 17 de agosto pasado.

El mismo modus operandi lo hizo primero en la autopista Sur de Bogotá, donde las autoridades lo capturaron y lo expulsaron, pero regresó y se estableció en Medellín. La práctica no solo generó molestias en los conductores, también afectó la movilidad en el sector. 

Torres fue deportado el 17 de agosto de este año. | Foto: Migración Colombia

De acuerdo con cifras de Migración Colombia entre septiembre y el 12 de noviembre deportaron a 271 personas del país, a través del puente internacional Atanasio Girardot, en el municipio Bolívar del estado Táchira. 

A la cifra se suman 11 venezolanos que fueron trasladados, el 30 de octubre, hasta el punto fronterizo de Paraguachón en la Guajira, estado Zulia, y entregados a las autoridades.

Estas deportaciones han provocado la desaparición de algunas personas, como José Guillermo Piñero Ruiz, oriundo del estado Barinas, cuya familia está desesperada al no tener noticias de él.

Desde septiembre al 12 de noviembre deportaron 271 personas. | Foto: Migración Colombia

De acuerdo con los familiares, a Piñero lo deportaron el 6 de noviembre. Al llegar al país las autoridades evidenciaron que no tenía solicitudes policiales por lo cual procedieron a dejarlo libre. Desde entonces no se tienen noticias de él.

Sus familiares han dispuesto los siguientes números para conocer información sobre su ubicación: 04245042112, 04245359932 o 04245765527.

Barreras en frontera 

El 3 de noviembre, en una visita a Cúcuta, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la construcción de barreras con personal militar y la eliminación de pasos ilegales, como una estrategia para frenar los delitos transfronterizos como narcotráfico, contrabando, extorsión, trata de personas y el accionar de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias.

El analista en temas de frontera, William Gómez, sostiene que la implementación de muros podría provocar que más de 20 organizaciones delictivas que hacen vida en la frontera, pudieran usar los municipios fronterizos como una “trinchera o resguardo”. Del mismo modo realizar operaciones desde territorio venezolano.

“Vemos cómo en los últimos meses han llevado actos terroristas en la ciudad de Cúcuta, por tanto con la frontera tan permeable que tenemos ellos podrían atrincherarse en Venezuela”.

Ante esto, respaldó el comunicado de la Cancillería venezolana, en el cual manifiesta la disposición de trabajar con Colombia, en materia de seguridad.

Estas deportaciones han provocado la desaparición de algunas personas.Foto: Migración Colombia

“Venezuela reafirma su compromiso con la seguridad fronteriza y regional, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de la cooperación bilateral, sobre la base del respeto mutuo”, dice el documento.

Incremento de la violencia

El comunicado se dio a conocer luego que el ministro de Defensa de Colombia, general Jorge Eduardo Mora, solicitara la ayuda de Estados Unidos para instar al gobierno venezolano a cooperar en las labores de rescate de María Camilla Pantoja, oficial del Ejército secuestrada por la guerrilla del ELN, el 4 de noviembre.

La funcionaria vestía de civil cuando dos hombres armados, a bordo de una motocicleta, la interceptaron, en el casco urbano de Saravena, Arauca.

El 13 de noviembre se difundió un video donde aparece la oficial pidiéndole al presidente colombiano y al ministro de Defensa evitar un operativo de rescate militar y priorizar una salida humanitaria.

Lea también:

Militares superan las 72 horas en huelga de hambre ante el silencio de las autoridades