Desde 2015 se profundizó la letalidad policial en Venezuela

Entre 1996 y 2020 los cuerpos policiales y militares de Venezuela cometieron al menos 7893 ejecuciones extrajudiciales en el país, según el informe 25 años de Ejecuciones Extrajudiciales en Venezuela, de la organización Provea y el Centro Gumilla.

Caracas. Luego del inicio de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), el 13 de julio de 2015, la letalidad policial se profundizó en Venezuela, de acuerdo con una investigación del Programa Venezolano para Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro Gumilla. 

Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, aseguró que quedó en evidencia que las ejecuciones extrajudiciales eran una política de Estado y que no se trataba de la decisión aislada de algún jefe de un cuerpo policial. Además a estas prácticas, y a las labores de seguridad ciudadana, se incorporaron los cuerpos militares, aunado a la impunidad. 

“A partir del 2015 se profundizó la letalidad policial y también la impunidad, y ha aumentado el número de víctimas. Con las OLP se dispararon las ejecuciones extrajudiciales”, explicó Alvarado, durante la presentación del informe 25 años de Letalidad Policial en Venezuela.

En 2015 también se intensificó la acción sistemática de violencia contra los habitantes de las comunidades populares, bajo la excusa de combatir la delincuencia.

Inti Rodríguez, investigador de Provea, destacó que se registraron patrones de violaciones a los derechos humanos (DD. HH.) como los allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, destrucción de viviendas y ejecuciones extrajudiciales. 

“La OLP fue el inicio de la represión total en Venezuela. Más de mil viviendas fueron destruidas”.

Los estudios también destacan que los jóvenes que viven en zonas populares han sido criminalizados y se convirtieron en las primeras víctimas de la letalidad policial.

Según cifras del Ministerio Público bajo la tutela de Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general en el exilio, desde el inicio de la OLP, en 2015, hasta marzo de 2017 hubo al menos 505 personas asesinadas por funcionarios de la fuerza pública. 

Mientras que las autoridades venezolanas manifestaron que en los años de la OLP 13.589 personas fueron asesinadas por resistencia a la autoridad, indicó la documentación de Provea.  

Letalidad policial que permanece en el tiempo

El monitoreo hecho por Provea y el Centro Gumilla, que juntos conforman el proyecto Lupa por la Vida, reveló que especialmente entre 2019 y 2020 se exacerbaron (aún más) las violaciones del derecho a la vida.

Entre 1996 y 2020 los cuerpos policiales y militares del país cometieron 10.238 violaciones al derecho a la vida y de esta cifra 7893 (77 %) fueron ejecuciones extrajudiciales, según la investigación.

Además, el monitoreo que registró Provea determinó que entre 1990 y 2012 al menos 29.322 personas muertas no fueron incluidas en las cifras de homicidios, al contrario, fueron presentadas como muertas por oponer resistencia a las autoridades. 

“Esta permanente narrativa de parte de las autoridades cuando ocurre el asesinato de una persona en un operativo, los cuerpos policiales argumentan que puso resistencia y se produjo un enfrentamiento. La Conarepol  (la Comisión Nacional para la Reforma Policial) en su momento decía que esta excusa trataba de justificar ejecuciones extrajudiciales, que posteriormente presentaban como enfrentamientos”, añadió Inti Rodríguez.

Los altos funcionarios del Estado Venezolano han estimulado a la violación del derecho a la vida de parte de los policías, tal y como indica la investigación, bajo la excusa de luchar contra la violencia terrorista. 

Rodríguez recordó que en 2015 Nicolás Maduro instó a detener el terrorismo y conseguir victorias, durante discurso ante funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y semanas después se registró la masacre de Barlovento.

Permanencia de violaciones a la vida 

Marino Alvarado destacó que las violaciones a los derechos humanos se han registrado desde la década de los ochenta, con las denuncias de los Pozos de la Muerte, en el estado Zulia, y que se incrementaron en los años noventa.

“A partir del año 2000 continuaron las violaciones, a pesar de las promesas de Hugo Chávez (presidente electo para ese momento) para superar prácticas de abuso policial, que no se iban a repetir prácticas de desapariciones y no habría asesinatos. No hay investigación ni hay voluntad de parte de las autoridades para investigar”, dijo. 

En 2006 el presidente Chávez llevó a cabo la reforma policial (Conarepol), para darle respuesta al fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales. Alvarado destacó que de dicha reforma surgió la Policía Nacional Bolivariana, que respetaría los DD. HH., y actualmente las Fuerzas de Acciones Especiales, su cuerpo élite, se registra como uno de los que, presuntamente, más ejecuciones extrajudiciales ha cometido. 

La investigación destaca que cinco años antes de la reforma policial se produjeron 974 víctimas de privación arbitraria a la vida y cinco años después los registros indican que hubo 1036.

“15 años después podemos afirmar el fracaso de la reforma policial, hoy no solo tenemos mayor cantidad de ejecuciones sino que también tenemos una PNB con su componente FAES que se han convertido en una maquinaria de muerte junto con el Cicpc. 15 años después de la reforma policial tenemos más violaciones de DD. HH., más ejecuciones extrajudiciales y más impunidad”, sentenció Alvarado.

Funcionarios imputados por vulneraciones a los DD. HH.

Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, informó este miércoles 15 de diciembre que hasta noviembre de 2021 han imputado a 820 funcionarios de seguridad del Estado, por presuntas vulneraciones a los DD. HH. y “40 particulares indiciados como colaboradores”.

“Han sido acusados un total de 1108 funcionarios y 158 particulares. Se ha logrado una importante cifra de 210 funcionarios policiales y militares condenados”, dijo en una transmisión desde el Ministerio Público.

Agregó que 582 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares fueron privados de libertad, relacionados con hechos de violaciones a los DD. HH. 

Tarek William Saab: Hasta noviembre de 2021 hemos realizado la imputación de 820 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y 40 particulares indiciados como colaboradores

— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) December 15, 2021