Detención de mujeres en crisis poselectoral evidencia una de las “mayores expresiones de violencia política”

Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), señala que la represión contra mujeres por razones políticas en el reciente contexto poselectorales tiene componentes misóginos y patrones de persecución que afectan a esta población de forma diferenciada.

Caracas. El arresto de mujeres por motivos políticos es una forma de violencia política que impacta de manera diferenciada y limita los derechos de participación en la vida pública de las mujeres. Así lo considera Beatriz Borges, directora del Centro de Paz y Justicia (Cepaz).

Borges explica que la violencia de género no solo se presenta porque estas mujeres sean “perseguidas y castigadas” por sus opiniones políticas, sino por el contexto en el que se dan las detenciones, las acciones y patrones de persecución en su contra.

El uso de la fuerza contra ellas es estos contextos tiene componentes misóginos y también las afectaciones o los patrones de persecución a ellas son de forma diferenciada.

Posterior al anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio como ganador a Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio, cientos de venezolanos salieron a las calles en rechazo a los inauditables  resultados emitidos por el organismo electoral. La represión estatal se mantuvo en varios sectores de país y zonas populares de Caracas.

Rosangelica Vargas, Familiares de Presos políticos protestan en MP
Foto: Mairet Chourio

En consecuencia, en menos de una semana el mandatario Nicolás Maduro informó el arresto de más de 2200 personas. De esta cifras, al menos 200 son mujeres, según la ONG Foro Penal. No existen cifras oficiales sobre la cantidad exacta de mujeres privadas de libertad en contextos poselectorales, ni adolescentes femeninas.

Venus Faddoul, defensora de derechos humanos y directora de 100 % Estrógeno, reafirma el argumento de que las detenciones de mujeres en contextos represivos generan un efecto negativo “brutal” que afecta de manera desproporcionada a esta población.

Es de las mayores expresiones de violencia política porque estás coartando la libertad de una mujer y además te aprovechas de la debilidad física y de lo expuesta que se encuentran por razones de género esas mujeres.

Estigmatización

A las personas detenidas tras las protestas poselectorales se les imputaron los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación. Las mujeres no quedan exentas de esta lista. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que las mujeres trasladadas al Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques, sufren violencia verbal y psicológica. En ese centro trasladaron al menos a 70 de ellas.

Retén de mujeres La Crisálida en los Teques. Foto: Crónica.Uno

El OVP denunció que durante el día son víctimas de maltrato por parte de la directora del centro, “quien les echa agua fría y las califica y estigmatiza de ‘terroristas”, además de torturarlas porque continuamente les afirma que “pasarán mucho tiempo en privación de libertad”.

A juicio de  Borges, este tipo de acusaciones “buscan no solamente deshumanizarlas, sino también justificar la represión”.

Nuevo orden represivo

Gran parte de las detenciones denunciadas por defensores de derechos humanos se produjeron sin orden judicial. Uno de los casos más emblemáticos fue el de María Oropeza, abogada y coordinadora de Vente Venezuela en el estado Portuguesa.

Antes de ser arrestada, el 6 de agosto pasado, la activista cuestionó en sus redes sociales la llamada “operación tun tun”, la cual defensores de derechos humanos describieron como “una política de Estado” para perseguir a opositores.

Un grupo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ingresó violentamente en la vivienda de Oropeza en Guanare. Luego de unos minutos en los que forzaron la puerta, se la llevaron sin orden judicial. El hecho quedó registrado en una transmisión en vivo que hizo Oropeza desde sus redes sociales.

Días después en la cuenta de Instagram @dgcimoficial, que dice ser la cuenta oficial del cuerpo de seguridad en esa red, publicaron un video en las historias en el que se ve a Oropeza esposada de manos, mientras funcionarios encapuchados de la Dgcim la trasladaban a un sitio que no se dio a conocer oportunamente. La grabación finaliza con la frase “la operación tun tun continúa”.

Otro caso es el de la periodista especializada en la fuente de espectáculos Carmela Longo, quien fue detenida el 25 de agosto. Tan solo cinco días antes la periodista informó en sus redes sociales su despido del diario Últimas Noticias, donde prestó servicios por casi 20 años.

A la periodista la excarcelaron al día siguiente bajo régimen de presentación y con prohibición de dar declaraciones públicas sobre su caso.

Sin condiciones

Otro de los factores que mencionaron Borges y Faddoul es que dentro de las cárceles no hay condiciones dignas para las privadas de libertad. Este aspecto tiene un impacto diferenciado en las mujeres, situación que han denunciado por años organizaciones defensoras de derechos humanos.

El OVP informó que en La Crisálida a las reclusas solo les dan un tobo de agua para que cubrir todas sus necesidades básicas y de higiene. Tampoco reciben una alimentación balanceada y solo comen pasta con mortadela.

Por otro lado, son sometidas a requisas invasivas en las que las custodia revisan sus partes íntimas.

Tamara Suju, abogada y directora del Instituto Casla, denunció a través de su cuenta en X la detención de Osmary Sánchez, de 26 años de edad. A la joven la detuvieron el 7 de agosto en la ciudad de Coro, estado Falcón, y fue acusada de terrorismo.

Según Suju, a Sánchez la aprehendieron por participar en un grupo de noticias en WhatsApp. Osmary tiene 10 semanas de embarazo y padece de una infección urinaria e hipertensión. Se encuentra recluida en una celda 3×3 sin baño. En ese espacio reducido hay 10 personas más y duerme con otra persona en un colchón sobre el piso.

“Terrorismo de Estado”

Borges considera que las detenciones arbitrarias en contextos políticos normalizan la violencia de género y el terrorismo de Estado, lo cual perpetúa ciclos de abuso e impunidad.

“Lo más preocupante de estas detenciones es que se normaliza la violencia de género y la violencia o el terror de Estado como una herramienta de represión política. La impunidad también con que se realizan estas detenciones y estas acciones de persecución no solo perpetúa los ciclos de abuso, sino que también despoja a las mujeres de su dignidad y sus derechos básicos y tiene un efecto ejemplarizante en su ejercicio la participación política”, dijo Borges.

Por su parte, Faddoul cree que estas detenciones pretender desestabilizar el liderazgo femenino dentro de la sociedad venezolana con el efecto “ejemplarizante”.

Hay un impacto mayor, ejemplarizante, que da con las lideresas de base y que les dice: ojo, se tienen que replegar. Y yo creo que ahí está la mayor gravedad del asunto.

Entre 2021 y 2023 Cepaz documentó 238 casos de mujeres periodistas, lideresas políticas, sociales, activistas y ciudadanas víctimas de patrones de persecución y criminalización por parte del Estado.

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