Estados Unidos ejecutó un operativo militar en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa. La acción desató una polarización internacional inmediata entre apoyos por una transición democrática y condenas por violaciones a la soberanía y el orden global.
Caracas. La madrugada de este sábado, 3 de enero, marcó un punto de inflexión en las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos (EE. UU.). El presidente de EE. UU., Donald Trump, confirmó una operación militar en territorio venezolano que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa y que se prolongó por más de tres horas, entre las 2:00 a. m. y las 5:00 a. m.
Washington no ofreció detalles operativos, en sus primeros comunicados difundidos por funcionarios como la fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, pero la noticia se propagó con rapidez y activó reacciones en cascada en capitales de todo el mundo, con un eje común: la tensión entre legalidad internacional, derechos humanos y geopolítica.
En América Latina y Europa, líderes críticos del chavismo interpretaron el hecho como el cierre de un ciclo. Desde Buenos Aires, el presidente argentino Javier Milei celebró el desenlace con un mensaje enfático, al afirmar que “la libertad avanza” y que había pasado el tiempo de “un enfoque tímido” frente a Venezuela.
En la misma línea, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa presentó la captura como un golpe a las redes criminales del continente y tendió un puente a la oposición venezolana al asegurar que “es hora de reclamar su país”.
También desde Europa llegaron respaldos con matices. El portavoz conservador alemán Jürgen Hardt subrayó el historial represivo del chavismo y su impacto regional antes de concluir que, “desde la perspectiva de derechos humanos, el fin de su gobierno es una buena noticia”.
Incluso voces críticas con el método, como la del británico Nigel Farage, admitieron que la acción podría tener efectos disuasivos frente a Rusia y China y permitir a los venezolanos “pasar página sin Maduro”.
Condenas y temores
El bloque de rechazo fue igual de contundente. Brasil, Colombia y México coincidieron en señalar la violación de la soberanía venezolana y el riesgo de desestabilización regional. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva calificó los bombardeos y la captura como “una línea inaceptable” y advirtió del precedente que se abre para la comunidad internacional.
“La condena al uso de la fuerza es consistente con la posición que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones. La acción recuerda los peores momentos de la interferencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como zona de paz”.
Gustavo Petro, desde Bogotá, alertó sobre el impacto en la población civil y rechazó “cualquier acción militar unilateral”.
La condena se endureció entre los aliados históricos de Caracas. Cuba habló de “terrorismo de Estado”, mientras que Rusia denunció un “acto de agresión armada” y exigió una respuesta multilateral. Irán enmarcó el episodio en una lógica de resistencia frente a la imposición externa. Bielorrusia llegó a comparar el escenario con “un segundo Vietnam”, en referencia a un conflicto prolongado.
En Europa, el ex primer ministro italiano Giuseppe Conte se sumó a las críticas al señalar que la operación “no tiene base legal” y constituye una “violación flagrante del derecho internacional”. El denominador común de estas reacciones fue la apelación al diálogo y a los mecanismos multilaterales como única vía legítima.
Llamados a la moderación y a la legalidad
Entre ambos polos, la Unión Europea y varios gobiernos optaron por una postura de cautela. Bruselas insistió en la necesidad de respetar la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y evitar una escalada.
La alta representante Kaja Kallas recordó que Maduro “carece de legitimidad”, pero subrayó que “bajo todas las circunstancias” deben prevalecer los principios del derecho internacional. En términos similares se expresó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al reiterar el apoyo a una “transición pacífica y democrática”.
El Reino Unido marcó distancia operativa. El primer ministro Keir Starmer aseguró que Londres no estuvo involucrado y que primero busca “establecer los hechos” antes de coordinar con aliados, insistiendo en la defensa del derecho internacional. España y el Consejo Europeo reforzaron los llamados a la desescalada y a una resolución conforme a la legalidad vigente.
La captura de Maduro ha cristalizado una polarización global que trasciende a Venezuela. Mientras unos ven una oportunidad para un cambio político largamente bloqueado, otros alertan sobre el quiebre de normas básicas del orden internacional. Con peticiones de una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, el desenlace aún está lejos de cerrarse.
Escalada total
El operativo que culminó con la captura de Maduro no fue un episodio solitario ni una reacción improvisada. Se trató del desenlace de un despliegue militar sostenido por EE. UU. en el Caribe que comenzó en agosto de 2025, oficialmente presentado como un operativo antidrogas bajo el nombre de Operation Southern Spear.
Washington encuadró esta misión en su estrategia contra el narcotráfico transnacional, al que vincula directamente con el entorno del poder venezolano y con acusaciones de narcoterrorismo contra el propio Maduro.
En una primera fase, el Pentágono desplegó buques de guerra, submarinos y aeronaves de vigilancia en el sur del Caribe, en aguas cercanas a Venezuela. La Casa Blanca insistió entonces en que se trataba de interdicciones marítimas contra rutas del narcotráfico. Sin embargo, el alcance del dispositivo —que incluyó destructores, submarinos de ataque y miles de efectivos— fue interpretado por analistas regionales como una señal de presión política y militar sostenida.
El contexto político en Washington fue determinante. La reelección de Donald Trump en 2024 reactivó la política de “máxima presión” contra el chavismo, endureciendo sanciones, reforzando la cooperación militar con aliados regionales y elevando el tono contra Maduro, a quien la Administración estadounidense señala como eje de una red criminal con ramificaciones continentales.
Desde Miraflores, la respuesta fue defensiva y discursiva: movilizaciones militares, refuerzo de la vigilancia costera y una mayor exhibición de alianzas estratégicas con Rusia, China e Irán.
Punto de no retorno
Con el paso de los meses, el despliegue evolucionó. A las intercepciones en alta mar se sumaron ataques selectivos contra infraestructuras vinculadas al narcotráfico y, posteriormente, strikes directos en territorio venezolano.
El punto de no retorno llegó en diciembre pasado, cuando se registraron bombardeos contra minas de oro y muelles utilizados por redes criminales asociadas al régimen. Para entonces, el espacio aéreo venezolano ya sufría restricciones, interferencias y desvíos, mientras el riesgo de una confrontación abierta crecía.
Este 3 de enero, esa escalada alcanzó su punto máximo. Los bombardeos a gran escala y la posterior captura de Maduro sellaron el giro definitivo de un operativo que había sido presentado como antidrogas y que terminó convirtiéndose en una intervención directa.
Al inicio del despliegue, analistas internacionales dijeron a Crónica Uno que el episodio representa una forma contemporánea de “diplomacia de cañoneras”, con implicaciones profundas para la soberanía regional y para el control de recursos estratégicos como el petróleo y el oro venezolanos.
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