Diputados de la oposición aseguraron que el ELN comete delitos en Venezuela de forma impune: desde captación de niños, extorsión y secuestro de ganaderos hasta ecocidio. Exigieron que, como muestra de buena voluntad de los diálogos de paz, Javier Tarazona sea liberado. La Comisión Delegada aprobó un crédito adicional para continuar defensa en el caso Conocco-Phillips.
Caracas. Diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 condenaron que en los diálogos de paz para Colombia, que se instalaron este 21 de noviembre en Caracas, no haya representación de las víctimas venezolanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Este martes, 22 de noviembre, durante la sesión de la Comisión Delegada de la AN2015, los diputados dedicaron un punto de la agenda a debatir sobre la instalación de la mesa de trabajo para reiniciar las negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano, proceso en el cual Venezuela interviene como país garante.
Sergio Vergara, de Voluntad Popular y vicepresidente de la Comisión de Política Interior junto a Héctor Cordero de Encuentro Ciudadano y Juan Carlos Bolívar de Alianza Bravo Pueblo, enumeraron las diferentes formas de delitos cometidos por el ELN a lo largo de los últimos años en territorio venezolano.
Aunque abogaron porque el proceso logre culminar con resultados para la paz, consideraron que si solo se acuerdan mecanismos para beneficiar a Colombia y se dejan por fuera alicientes para las víctimas en Venezuela, serán acuerdos incompletos.
Táchira azotada por el ELN, dice Sergio Vergara
Sergio Vergara, electo en 2015 como diputado por el estado Táchira, afirmó que su entidad es “víctima principal del azote del ELN en todos sus rincones” por lo que “a los tachirenses nadie puede decirles que la violencia generada por la guerrilla del ELN no existe”.
El parlamentario hizo un recorrido por los principales delitos cometidos por el ELN en las distintas zonas de Táchira:
- En Las Delicias, San Antonio y Ureña “nuestros niños son azotados por el reclutamiento para actividades ilegales de microtráfico, narcotráfico y contrabando”, dijo; y sus familias “son atraídas con el reparto de beneficios gubernamentales como las cajas CLAP de manos de los guerrilleros”.
- En la zona sur del estado, “el asedio permanente a los ganaderos y el sometimiento de la población son desde hace años la práctica común a través de la extorsión y el secuestro”.
- En los páramos tachirenses, “las antenas de radio del ELN transmiten sus mensajes libremente a través de Antorcha Estéreo con plena libertad, en contraste con cientos de emisoras que cerró el régimen”, afirmó Vergara.
- En el municipio Junín “el ELN reivindica a sus líderes a las puertas de la Universidad Bolivariana con murales alusivos a Camilo Torres”.
- Y en Lobatera, Michelena y Jáuregui, dijo el dirigente tachirense, “la minería ilegal devasta el páramo cometiendo un ecocidio”.
Piden libertad de Javier Tarazona
Vergara recordó que por hacer esas denuncias y documentar esos delitos, en julio de 2021 detuvieron arbitrariamente al defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, de la ONG Fundaredes, por lo que aprovechó para volver a exigir su libertad.
“Hoy (Javier Tarazona) es un preso del ELN, las FARC y Maduro quienes deberían mostrar su verdadera voluntad de paz liberando un defensor de derechos humanos como un gesto real de querer evolucionar”.
Para Vergara, como el ámbito de acción del ELN afecta a Venezuela y a Colombia, el proceso de paz se queda corto si solo busca la paz total para Colombia.
“Por eso no se puede hablar de paz total para Colombia sino de una paz transfronteriza, binacional, total para Venezuela y para Colombia”.
Faltan las víctimas venezolanas
El diputado de Anzoátegui por Encuentro Ciudadano, Héctor Cordero, enfatizó en que en esa mesa de diálogo por la paz de Colombia “faltan los productores, ganaderos e indígenas venezolanos, extorsionados y subyugados por estos grupos que actúan con impunidad en el país y han dado de baja a militares venezolanos”.
En relación a la participación de Maduro como mediador en este proceso, Cordero llamó a la ciudadanía de los dos países a preguntarse “¿cómo se puede ser mediador en un conflicto de otro país si se es incapaz de tomar asiento con los factores democráticos del nuestro para poner fin a la crisis interna?”.
Por su parte, Juan Carlos Bolívar, representante de ABP por el estado Sucre, recordó que Venezuela fue históricamente un país con vocación por la paz y la democracia, pero repudió que los diálogos por la paz de Colombia se lleven a cabo en suelo venezolano, porque considera que el ELN “es un grupo criminal”.
“Desde la Fracción 16 de Julio rechazamos que se tome nuestro suelo para llevar a cabo negociaciones con criminales que han destruido a un pueblo y estamos seguros de que no se logrará nada para el pueblo venezolano ni el pueblo colombiano”, dijo.
Aprobado crédito para defensa en el caso Conocco-Phillips
En otro orden, en su sesión de este martes, la Comisión Delegada autorizó a Juan Guaidó en su calidad de presidente encargado de Venezuela desde el año 2019, para que solicité a la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela un crédito adicional al Fondo para la Liberación de Venezuela, por 3.088.278,54 dólares.
La solicitud había sido presentada a principios de mes por la Procuraduría Especial con el objetivo de pagar deudas por servicios prestados desde octubre 2020 a agosto de 2022, por la firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, encargada de la defensa de la República en el caso del laudo arbitral adoptado por el Ciadi a favor de Conocco Phillips.
En el informe, presentado a consideración de la Delegada por la Comisión de Finanzas, se explica que con la aprobación de estos recursos se garantiza la continuación de la defensa y la participación de la República en la audiencia principal del Comité de Anulación del Ciadi, “que tendrá lugar en los próximos meses, donde Venezuela deberá presentar la mejor defensa posible contra el laudo, que a la fecha es de aproximadamente la 10 mil millones de dólares”.
“Es menester mantener el contrato de servicios con la firma para impedir la ejecución de la sentencia de la corte de Columbia del 19 de agosto de 2022”, indica el informe.
La Comisión indicó que “el crédito se financiará mediante préstamo del BCV ad hoc, encargado de administrar los recursos recuperados de la república, disponibles en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York”.
El dinero deberá ser pagado de vuelta al BCV a “una tasa de interés de 3 meses más 0,5% aplicable a 365 días, en un plazo de 60 días siguientes al cese de la usurpación”.
Participa en la conversación