“El régimen no es menos malo por aceptar que la ayuda humanitaria entre al país”

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El diputado Miguel Pizarro, comisionado presidencial para la Ayuda Humanitaria dijo que los fondos que se entregarán a la OPS para la atención del COVID-19 provienen de los 20 millones de dólares recuperados por el gobierno interino a fines de marzo. Indicó que los centros de salud priorizados serán seleccionados por la OPS para evitar la politización.

Caracas. El diputado por Petare y comisionado presidencial para la Ayuda Humanitaria, Miguel Pizarro, es uno de los artífices –junto con el médico Julio Castro– del acuerdo de colaboración firmado esta semana entre la Asamblea Nacional, el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para atender el impacto del COVID-19 en Venezuela.

Desde el exilio forzado que vive desde hace un año, como consecuencia de la persecución judicial en su contra, Pizarro conversó con Crónica.Uno sobre el alcance del referido acuerdo.

Aunque declinó precisar a cuánto asciende el monto que recibirá la OPS de parte del gobierno interino para paliar los efectos del coronavirus en el país, reconoció que provendrán del Fondo para la Liberación de Venezuela, creado por la Asamblea Nacional y que a la fecha contaría con 20 millones de dólares.

De lo que se puede decir sin afectar la naturaleza del acuerdo ¿cómo se logró la firma de esta cooperación? ¿cuándo se iniciaron los contactos? ¿la conversaciones se dieron dentro o fuera de Venezuela?

–Este es el proceso que iniciamos hace tres meses cuando fue detectado el virus en Venezuela. La interacción con organizaciones internacionales arrancó cuando decidimos que queríamos ayudar a financiar a las organizaciones internacionales que están en Venezuela para aumentar su capacidad de respuesta en el terreno. Entonces nos planteamos dos líneas de trabajo: una con los gobiernos aliados que nos reconocen y con la comunidad de donantes, para lograr que ellos donaran directamente a las organizaciones que están en el terreno. Y en paralelo, intentar usar recursos protegidos por el gobierno interino del Fondo para la Liberación de Venezuela en el financiamiento de esas organizaciones.

En el caso de la OPS los fondos se utilizarán para garantizar protección para el personal de salud, aumentar la capacidad de detección de casos y atención y aislamiento de personas contagiadas. Lo que se firmó con la OPS es el aval institucional que garantiza que la ecuación recursos/acceso y donativos/acceso pueda cumplirse. La garantía de que no va a ser instrumentalizado, politizado u obstaculizado por parte del régimen.

¿Cuál es el alcance sanitario del acuerdo? El documento dado a conocer el pasado 3 de junio, más que un proyecto es un esquema de las prioridades de atención ¿cómo se va a instrumentalizar?

–Ese es el siguiente paso. Pero la decisión de las prioridades, de los centros que serán atendidos o su ubicación no recae sobre los actores políticos nacionales, sino que recae directa y exclusivamente en las organizaciones internacionales. Esto para evitar que el criterio que prive sea político o de preferencia geográfica por alguna razón, sino que vaya a donde hace falta realmente. Y ojo, ese no es un proceso secreto: la propia organización lo hace público una vez que está diseñado. Igual que se hace para los proyecto de la Oficina de Atención a Migrantes, por ejemplo. Estas organizaciones como la OPS tienen un mandato de transparencia que los obliga a informar lo que hacen, para que se garantice que no haya corrupción o malos manejos.

¿De cuántos recursos hablamos? ¿cuánto recibiría la OPS de parte del gobierno interino?

–El monto exacto no lo puedo decir en este momento, pero hay una cantidad de recursos ya aprobados en la Asamblea Nacional en sesiones previas y ahorita lo que estamos haciendo es afinando la distribución.

A finales de marzo, Guaidó anunció que había logrado el rescate de 20 millones de dólares depositados en cuentas bancarias de la nación en el exterior y que los ponía a disposición de las organizaciones humanitarias internacionales que operan en Venezuela ¿Los recursos que recibirá la OPS provienen de esos 20 millones de dólares?

–Sí. Provienen de ahí.

¿Cuántas personas serán beneficiadas directamente?

–Eso depende de dos cosas. Primero de cómo se prioriza la ayuda. En el caso de una respuesta sanitaria circunscrita a la atención del COVID-19 para protección del personal de salud, aumento de la capacidad de diagnóstico y atención a los casos positivos, el número de beneficiarios se acota a esos tres parámetros. El alcance nunca va a ser tan grande como el nivel de la necesidad sanitaria general que hay en Venezuela. Esto no es la ayuda humanitaria de 2019 que incluía saneamiento de agua, alimentación, medicamentos de todo tipo. Esto es una respuesta puntual a la atención de la pandemia del coronavirus.

¿Este acuerdo requiere aprobación de la Asamblea Nacional?

–La Asamblea Nacional ya aprobó hace unos meses que la comisión para la Ayuda Humanitaria buscara el financiamiento de organizaciones internacionales. Con ese mandato hicimos el trabajo. La interacción con la OPS y la ONU obedece a ese mandato.

Este acuerdo es un aval institucional que necesita la OPS para ejecutar recursos, pero no es un compromiso de la República para otorgar recursos, no es un contrato de interés nacional, ni un endeudamiento, ni una compra masiva, ni un crédito adicional. Es un compromiso con un organismo internacional de que vamos a trabajar con ellos y de que el régimen no será un obstáculo.

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El 18 de junio de 2019 la plenaria creó la comisión especial de seguimiento a la ayuda humanitaria. Posteriormente, Pizarro fue designado Comisionado Presidencial. Foto: Maru Morales P

¿Qué significa en términos políticos alcanzar un acuerdo de esta naturaleza en un país donde la oposición y el madurismo se niegan y desconocen mutuamente?

–Los términos políticos no han cambiado. Este acuerdo se firma en un contexto donde el Sebin allana la casa del procurador José Ignacio Hernández y del presidente ad hoc del BCV, Ricardo Villasmil. Se produce en un contexto de persecución y creo que la decisión política del régimen de seguir persiguiendo a la oposición y a la disidencia no ha variado. La firma de este acuerdo lo que sí muestra es un reconocimiento a la crisis, a la magnitud del impacto del coronavirus y a la necesidad de una ayuda internacional. Ese intento de llevar todo hacia el terreno de la política no le hace honor a un esfuerzo como este y no hay razones para creer que hoy el régimen es menos malo porque acepta que la ayuda entre al país. Este es un paso para consolidar una respuesta humanitaria, mientras las actitudes del régimen nos mantienen lejos de la solución política que la mayoría de los venezolanos aspiramos.

¿La firma de este acuerdo parcial, circunscrito a la ayuda humanitaria, se podría considerar un primer paso en el logro de otros acuerdos más amplios o en otros sectores como alimentación, migración o elecciones?

–Esto es un esfuerzo humanitario. El esfuerzo más grande que hemos hecho desde 2016 es que pudiera existir una respuesta humanitaria a la crisis tan profunda que vivimos y tuvimos que pasar este proceso. En Venezuela muchas otras cosas necesitan resoluciones mucho más estructuradas.

Hace un par de semanas, el padre José Virtuoso expresaba la necesidad de explorar nuevas fórmulas de negociación política entre la oposición y el madurismo ¿La fórmula aplicada en este caso con la OPS, para atender un problema puntual en vez de buscar un acuerdo que resuelva todos los problemas, podría funcionar para lograr el cambio político?

–Esta es una fórmula que se aplicó para lograr que avanzara lo de la ayuda humanitaria. Pero así como Guaidó lo ha dicho, como el padre Virtuoso lo ha dicho y como lo hemos dicho tantos durante tantos años, queremos una solución política que nos devuelva a todos el derecho a elegir. Para llegar a eso hemos hecho esfuerzos de todas las formas pacíficas, hemos propuesto mecanismos, alternativas, para buscar ese desenlace. Ahora, no me gustaría usar esto para otros temas. El propósito, ojalá lo logremos, es que nos ayude a salvar las vidas y a generar sentido común en un régimen que por su instinto de inmolación está destruyendo al país.

¿La liberación de Juan Márquez, tío del presidente Juan Guaidó, formó parte de este acuerdo? ¿Fue de alguna manera un intercambio para que Guaidó firmara con Miraflores?

–Las organizaciones humanitarias no hacen intercambio de rehenes, no se meten en eso. En el caso de su tío, Juan Guaidó se enteró como los abogados y como todo el mundo por las redes sociales. Yo no dudo que eso haya sido un intento del régimen de enredar y confundir a los incautos. Nadie debe estar preso por razones políticas y al tío de Guaidó lo que hicieron fue cambiarle el sitio de reclusión. En la Dgcim, desde donde lo trasladaron a su casa, hoy siguen torturando e incomunicando a decenas de presos políticos y de militares. En Venezuela, lamentablemente, hay una práctica constante, una dinámica de violación de los derechos humanos. Como ciudadanos debemos sacar de nuestra mente esa visión transaccional que ha tratado de sembrar el régimen, donde toda acción se traduce a qué haces para obtener otra cosa. En todos estos años, si en algo ha sido coherente toda la oposición es en el abordaje de los presos políticos y en abogar por la libertad de todos sin condiciones.


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