Con la de Juan Requesens ya suman 136 las desapariciones forzadas durante este Gobierno. En 2018, al menos 51 de los presos políticos estuvieron desaparecidos por sus aprehensores. De acuerdo con el levantamiento de data realizado por Provea, el promedio de tiempo en el que las personas se mantuvieron en esta condición fue de 11 días.
Caracas. La desaparición forzada constituye una violación del artículo 45 de la Constitución. En él puede leerse: “se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”.
Igualmente, allí se establece:
“El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados o sancionadas de conformidad con la ley”.
La International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED) y Amnistía Internacional establecen que es desparecido aquel ciudadano retenido por agentes del Estado, quienes después niegan o rehúsan decir dónde se encuentran.
“Si ha habido un delito desde el origen de esta constitución, ha sido el de la desaparición forzada”, señala el director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, recordando dos casos durante el deslave de Vargas, los de Óscar Blanco y Marco Monasterio, retenidos y desaparecidos por funcionarios de la extinta Disip, a los que recientemente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que no tendrían castigo.
Este patrón se repite con todo tipo de ciudadano: políticos, familiares de políticos, delincuentes o cualquier miembro de la sociedad civil. Eso es para dejar un mensaje muy claro. Se le dice al recluso que no es nadie, que está sometido al poder. Que no existen sanciones. Solo para quebrarlo y buscar una confesión. También es para transmitir un mensaje al resto de la población. Nos están diciendo que pueden detener a quien sea, hasta a un diputado”, agrega Daniels.
Por su parte, Alfredo Romero, director de Foro Penal, recalca para Crónica.Uno que la mayoría de las detenciones políticas han sido desapariciones forzadas desde 2014. Rememoró los casos de Ángel Zerpa, magistrado designado por la Asamblea Nacional (AN), el médico José Alberto Marulanda, Juan Pedro Lares, hijo del alcalde en el exilio, Omar Lares, el General Raúl Isaías Baduel y la estudiante Ariana Granadillo.
Provea también considera “secuestro de Estado” cuando un tribunal aprueba la boleta de excarcelación de un ciudadano y funcionarios del centro de reclusión se niegan a liberarlos. Este grupo aglomera 26% del total de los casos registrados. Por otra parte, más de la mitad (59%) nunca fueron imputados, pero seguían presos y 38% de ellos estuvieron desaparecidos temporalmente.
“Es una conducta que busca transmitir que el Estado es impune, que actúa arbitrariamente y que la crítica va a ser castigada. Eso es lo que aspiran con las acusaciones hacia Borges y Requesens. Quieren callar voces disidentes para prevenir una ola de conflictividad. El Gobierno sabe que hay malestar y están intentando que ese malestar no se articule y no sea visible”, dice el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui.
Nuevos métodos, nuevos aprehensores
A pesar de que el Sebin es artífice de estas detenciones políticas y desapariciones forzadas, en 2018 aparece la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) como órgano principal de aprehensión. 46 de las personas detenidas en este lapso de tiempo fueron llevadas por hombres inscritos en este cuerpo de seguridad del Estado, que está supeditado a la Vicepresidencia de la República.
Para Uzcátegui, este organismo es parte de la militarización de la justicia y la represión, consecuencia del Plan Zamora, que institucionaliza la actuación conjunta de fuerzas militares, fuerzas milicianas y civiles armados en funciones de control de orden público o “en cualquier otro ámbito que decidan es de su interés”.
Gonzalo Himiob, también director de Foro Penal, alerta que este patrón se ha recrudecido y que la Dgcim ha sido “particularmente agresiva”. Igualmente, apunta que este año el Gobierno ha destinado sus esfuerzos a las detenciones de militares y así lo reflejan las cifras de Provea. En 2018, 67% de los detenidos son colombianos, a quienes Maduro señaló de ser paramilitares. Hasta la fecha, se mantienen 28 militares procesados y todos estuvieron desaparecidos por, al menos, cinco días. Uno de ellos es Juan Caguaripano, militar alzado en el fuerte Paramacay, que estuvo 40 días sin ser presentado ante un tribunal.
Daniels estima que estos casos seguirán aumentando, y en el de los militares, la represión es más fuerte. “El único discurso que utilizan con ellos es la fuerza”, agrega.
El caso de Requesens se asemeja más a las persecuciones masivas de 2017 que a las detenciones específicas de 2018. El año pasado el uso de las instancias militares para imputar comenzó a ser una constante. Así queda evidenciado en el registro de Provea y, específicamente, se observa el uso de tres tribunales en Caracas para privar de libertad. Se trata de los tribunales 1°, 2° y 3° de Control Militar del Área Metropolitana:
– Tribunal 1° de Control Militar del AMC: Cinco civiles, año 2016.
– Tribunal 2° de Control Militar del AMC: Cuatro civiles y 16 militares, año 2018.
– Tribunal 3° de Control Militar del AMC: 10 civiles y nueve militares, año 2018.
Aunque los métodos y aprehensores cambien, se evidencia la política de persecución. En 2016, la mayoría de las detenciones fueron ejecutadas por la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que, para Uzcátegui, funcionaba en ese entonces como mecanismo de intimidación en las zonas populares para prevenir los ciclos de protestas. Son el miedo y el terror los actores principales que no parecen desaparecer del escenario.
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Foto: Francisco Bruzco. Infografía: Milfri Pérez
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