El TSJ le jaló las orejas al Ministerio Público por solicitarle unas extradiciones que ya aprobó

TSJ sede principal

La Sala de Casación Penal acusó al despacho dirigido por Tarek William Saab de tratar de inducirla al error. Asimismo, le reclamó que tome las medidas necesarias para que las entregas se materialicen.

Caracas. No son buenos tiempos para el Ministerio Público. Tras ver como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) consideró insuficientes sus esfuerzos para castigar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, ahora ha recibido una dura reprimenda del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esto luego de que la Fiscalía General de la República presentó solicitudes de extradición que el TSJ ya había aprobado.

El jalón de orejas al despacho encabezado por Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, salió de la Sala de Casación Penal, instancia que este 15 de noviembre en sus sentencias número 371, 372, 373, 374 y 375, desechó cinco solicitudes para requerir a Italia y España la entrega del exministro de Energía y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez; del expresidente de la extinta Electricidad de Caracas, Javier Alvarado Ochoa; del comisario retirado Leonardo Díaz Paruta y de los empresarios Luis Mariano Rodríguez Cabello y José Ramón Sánchez, por considerarlas “improponibles”.

El TSJ recordó que ya autorizó las peticiones de extradición que el Ministerio Público le presentó contra los tres exfuncionarios y los dos empresarios, para procesarlos por su presunta participación en tramas de corrupción con la que desfalcaron Pdvsa. Y apuntó que las respuestas las dio entre 2018 y 2020, pero que las mismas no se han ejecutado.

Desde cero

Los fiscales que tienen los distintos casos donde están involucrados los cinco requeridos, en lugar de tomar medidas para conseguir que los gobiernos italiano y español materializaran las entregas, en septiembre pasado presentaron al Tribunal 6 de Control de Caracas documentos con solicitudes de “ratificación”. Y, pese a que esta figura no está prevista en la legislación penal nacional, el juzgado las acordó. Luego remitió el asunto al TSJ para su análisis.

La Sala Penal no vio con buenos ojos estas acciones y advirtió que las mismas “desdicen del sistema de justicia, atentan contra el Estado social de Derecho y de Justicia proclamado en el artículo 2 de la Constitución, y quebrantan el ejercicio de la función jurisdiccional, toda vez que dejan entrever el desacierto de estos en la aplicación de las normas que regulan los procedimientos en el ámbito penal, lo cual constituye una subversión procesal que afecta el orden público, al promover actuaciones que implica la repetición de procesos y consecuencialmente fomentar fallos contradictorios”.

Materia acordada

En los fallos redactados por la presidenta de la Sala, magistrada Elsa Gómez, se fustiga la actuación de la jueza Selene Carvallo Guzmán. Gómez argumentó que Carvallo “debió advertir que la solicitud formulada por la Fiscalía del Ministerio Público, resultaba improcedente, tomando en cuenta que se trataba de una solicitud que versaba sobre los mismos hechos ya ventilados y acordados”.

Asimismo, se identifica por nombre y apellido a los fiscales que incurrieron en el error. Estos son Jhoanna Vanessa Borrego Ramírez, Luis Alfredo Padrino Bruzual y Marilyn Jackeline Hernández Guadarama. Pese al regaño, el TSJ no anunció medidas disciplinarias contra la jueza ni pidió a Saab que actuara contra sus subalternos.

Lejos de buscar una rectificación de una decisión emitida por los órganos jurisdiccionales, la representación fiscal debió realizar el seguimiento ante los órganos administrativos competentes del proceso de ejecución de la extradición declarada procedente en vía judicial, remató el máximo juzgado.

Más extradiciones

La reprimenda se produce horas después de que la misma Sala Penal acordó otras cinco extradiciones. Las peticiones incluyen una nueva contra Ramírez, otra contra su esposa, Beatrice Sansó de Ramírez y contra el hermano de esta, Baldo Antonio Sansó Rondón. A todos se les acusa de participar en una trama que desvió US$ 4500 millones de Pdvsa.

Las otras dos peticiones están dirigidas contra el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos; y el empresario Jorge Nery Bonilla. A ambos se les vincula con esta red, de acuerdo con los datos aportados por el Ministerio Público.

En el caso de Ramírez esta sería la cuarta extradición que pesa sobre él y la tercera que las autoridades dirigen a Italia, donde se presume está residenciado desde que rompió con el Gobierno de Nicolás Maduro a finales de 2017. Durante 2018 el TSJ autorizó una petición a España y la semana pasada acordó otra a Italia, pero por otros hechos (irregularidades en la contratación de un barco de exploración).

En el caso de Villalobos esta sería la tercera petición y la segunda en menos de una semana. El pasado 11 de noviembre el máximo juzgado aprobó otra solicitud en su contra.


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