La Sala de Casación Penal considera que la máxima instancia de la justicia militar incurrió en “un grave desacierto” al anular, y ordenar repetir, el juicio que en 2020 se les siguió a nueve uniformados detenidos en 2018, porque no tomó en cuenta los graves vicios denunciados por sus defensores.
Caracas. Una buena reprimenda ha recibido la Corte Marcial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual acusó a la máxima instancia de la justicia militar de incurrir en “la violación de las garantías de la tutela judicial efectiva y del debido proceso” por la manera como anuló, y ordenó repetir, el juicio seguido a nueve militares que fueron condenados por conspirar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El jalón de orejas figura en la sentencia número 98 que el pasado 29 de septiembre dictó la Sala de Casación Penal. En dicho fallo la instancia decidió avocarse “de oficio” a revisar el caso de los tenientes coroneles Erick Fernando Peña Romero, Igber Marín Chaparro, Deibis Mota Marrero, Juan Carlos Peña Palmentieri, Víctor Eduardo Soto Méndez y Henry José Medina; y del primer teniente Jeiber Ariza Apolinar y sargento Julio César Gutiérrez, quienes junto a sargento primera Yuleida Teresa Medina Guerrero, fueron aprehendidos en 2018 por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), por supuestamente formar parte de un complot liderado por el exministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres.
En el fallo redactado por el magistrado Juan Luis Ibarra se señala a la Corte Marcial de incurrir en “un grave desacierto” cuando acumuló todas las denuncias que los defensores de Peña Romero, Marín Chaparro, Mota Marrero, Peña Palmentieri y Soto Méndez le presentaron, al apelar la condena a siete años y seis meses de prisión que el Tribunal Militar Primero de Juicio Itinerante les impuso en enero pasado.
Los representantes de los acusados expusieron, entre otras cosas, que el juicio no fue público y que el juez no tomó en cuenta las quejas de los acusados que aseguraron haber sido torturados durante su cautiverio e ignoró los testimonios de todos los testigos que exculpaban a los uniformados, por lo cual su dictamen estuvo “inmotivado”.
“En el presente caso, existe el quebrantamiento de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y del debido proceso, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que perjudican ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, y que ameritan la necesidad de restablecer el orden procesal subvertido”, agregó la Sala, la cual acusó a la Corte Marcial de incurrir en el mismo vicio al no exponer sus argumentos para sustentar su decisión.
Sin castigo
Por si lo anterior no fuera suficiente, la Sala Penal expresó su “desconcierto”, por el hecho de que la Corte Marcial luego de anular la condena a los cinco uniformados, y ordenar la repetición del juicio, haya pasado a analizar los efectos que su decisión tendría sobre Medina, Ariza Apolinar y Gutiérrez, quienes fueron absueltos y dejados en libertad plena.
“La declaratoria de nulidad de un acto produce su invalidez, y lógicamente su ineficacia procesal, hay una privación de los efectos que produjo o que estaba produciendo, impidiéndose los que pudiera producir en el futuro. Dicha consecuencia puede extenderse a otros actos que no son nulos, pero que son derivados de aquél declarado nulo”, le aclaró a la máxima instancia de la justicia castrense.
Pese a las graves fallas, el máximo juzgado no tomó ninguna medida disciplinaria contra los autores del fallo anulado.
Mirando el contexto
El TSJ no solo dejó sin efecto la decisión de la Corte Marcial, sino que le ordenó volver a pronunciarse, con otros integrantes, y “con prescindencia de los vicios que dieron lugar al presente fallo”. La primera parte del mandato luce fácil de cumplir. ¿La razón? El fallo del máximo juzgado se emitió el mismo día en que el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno, juramentó al mayor general Jesús Emilio Vásquez y al general de brigada José Fernández, al capitán de navío Ramón Clemente Pío y a los coroneles Juan Pablo Serrano y Adalberto Rafael Alvarado como nuevo presidente e integrantes de la Corte Marcial.
A finales de septiembre, Maduro destituyó al mayor general Edgar José Rojas Borges de su puesto como presidente de la Corte Marcial.
El dictamen del máximo juzgado también es llamativo, porque constituye uno de los pocos actos de reprimenda a graves irregularidades cometidas por otras instancias judiciales y en particular en las militares.
Por último, no se puede olvidar que la decisión se produce días después de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas publicara su segundo informe sobre la situación del país. En este reporte, el grupo de investigadores internacionales fustigó con dureza el papel del Poder Judicial, del cual dijo “ha jugado un papel significativo en represión estatal de opositores al Gobierno, en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y delitos”.
Participa en la conversación