El Ejecutivo nacional anunció la eliminación de la obligatoriedad de las máquinas fiscales y redujo en 66% el padrón de contribuyentes especiales para modernizar el sistema tributario. Especialistas señalan que la medida oxigena la liquidez de las PYMES al librarlas de anticipos semanales de IVA e ISLR.
Caracas. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció la eliminación inmediata de las máquinas fiscales obligatorias en el país y una drástica reducción en el número de contribuyentes especiales. Según la funcionaria, las medidas integran un plan para modernizar, digitalizar y simplificar el sistema tributario venezolano.
El anuncio se produjo tras una reunión de trabajo entre el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Román Maniglia, el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, y la vicepresidenta Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira.
Interconexión tecnológica
El registro de contribuyentes especiales experimentó un recorte significativo al pasar de más de 132.000 a 44.000 comercios y empresas.
“Conversamos sobre los números muy bajos de quienes pagan impuestos en el país, es un tema de justicia. Que todo lo recaudado vaya al bienestar del pueblo venezolano y se haga justicia con los contribuyentes”, dijo Rodríguez.
Por su parte, el superintendente Román Maniglia afirmó que la medida remueve una barrera de entrada a la formalización comercial, lo que incentivará la incorporación de pequeños y medianos comercios a la cultura tributaria.
“Quitamos la obligatoriedad porque entendemos que frenaba la formalización”, destacó.
Asimismo, Rodríguez resaltó el avance en la interconexión tecnológica entre la banca nacional, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saimre) y el Banco Central de Venezuela (BCV).
En el plano fiscal, la preidenta (E) sostuvo que la recaudación tributaria aumentó 27 %, con lo que superaron la meta fijada para el mes de octubre.
“Todos esos recursos recaudados atenderán a las víctimas del doblete sísmico del 24 de junio, mediante la construcción, compra, alquiler y reparación de viviendas, así como la asignación de créditos. Son fondos que van directo al pueblo”.
Clamor por reducir costos operativos
Tras conocerse los anuncios, el abogado y especialista en materia tributaria, Leonardo Palacios, calificó la eliminación de las máquinas fiscales como una decisión acertada para ampliar la base tributaria nacional.
“Lo de las máquinas era un clamor popular porque imponía costos innecesarios, gestiones complejas y continuas adaptaciones a realidades cambiantes. Esperamos que la medida se traduzca en una normativa clara que otorgue seguridad jurídica al contribuyente”, precisó Palacios.
El especialista enfatizó que la protección de los derechos de los contribuyentes exige modificar de manera inmediata el Código Orgánico Tributario (COT).
“El Código actual resultará draconiano si no se concreta la reforma tributaria integral de la que se habla. La interconexión entre el Saren y la banca será positiva únicamente si se garantizan mecanismos de protección al contribuyente”.
Eliminación del “falso especial”
Analistas tributarios coinciden en que el padrón de contribuyentes especiales permanecía sobredimensionado. Debido al rezago de los límites mínimos de ingresos brutos frente a la inflación y la devaluación, pequeños negocios familiares terminaron absorbidos por un régimen diseñado para grandes capitales.
La reclasificación devuelve progresividad al sistema al considerar la capacidad contributiva real.
Asimismo, tributaristas subrayan que los anticipos semanales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) asfixiaban la liquidez operativa de las pequeñas y medianas empresas.
“Al migrar al régimen ordinario, los negocios ganan margen financiero para cubrir inventarios, nóminas y capital de trabajo sin la presión del pago continuo sobre ventas brutas”, explican.
Por último, expertos en fiscalidad pública destacan que fiscalizar a 132.000 contribuyentes dispersaba la capacidad de auditoría del Estado.
“Al concentrar el control en 44.000 grandes actores corporativos —que aportan la mayor porción de los ingresos fiscales—, el SENIAT optimiza sus fiscalizaciones, incrementa la eficiencia de la recaudación y reduce los costos operativos de control”, señalan los especialistas.
