En el techo del penal los internos compartieron una serie de demandas y exigieron la destitución del director del recinto, Elvis Macuare Guerrero, quien fue destituido del cargo tras ser señalado por actos inhumanos y tortura.
Caracas. Al menos 1200 hombres y 112 mujeres privadas de libertad tomaron la instalaciones del Internado Judicial de Barinas (Injuba) y se declararon en huelga, el 24 de junio pasado, para exigir la destitución de Elvis Macuare Guerrero, quien era director del penal, pero fue removido de su cargo tras ser acusado de tortura y abuso de poder.
Subidos en el techo de las torres del penal y tras cantar el Himno Nacional, los internos compartieron una serie de demandas urgentes sobre su bienestar, seguridad y situación legal, según la denuncia del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Los reclusos invocaron los artículos 46, 68 y 337 de la Constitución para exigir también la salida del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.
Aunque la protesta comenzó de forma pacífica, el conflicto escaló cuando las autoridades penitenciarias, bajo la dirección de Macuare Guerrero, supuestamente, respondieron con detonaciones hacia las torres del penal, lo que dejó varios heridos.
Ante estos hechos la organización Provea recordó que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura. Esta responsabilidad exige que ambas instituciones adelanten las investigaciones y las imputaciones contra los funcionarios del Estado señalados por estos abusos.
La ONG instó la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura bajo criterios de transparencia y participación ciudadana.
Solo en 2025 Provea contabilizó 634 casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, ocurridos en las cárceles del país. Eso sin contar los 17 presos que murieron entre abril y mayo de este año en distintos penales, de acuerdo con datos del OVP.
La huelga y la toma de instalaciones en el Injuba no es un hecho aislado. De acuerdo con los informes recientes del OVP, y otras organizaciones, las cárceles del país enfrentan un hacinamiento crítico que supera 200 %.
A esto se suma la desatención médica y fallas graves en la alimentación. El OVP señala que el retardo procesal y la opacidad oficial actúan como detonantes de huelgas y motines en los centros de reclusión.
A continuación, explicamos los puntos centrales del conflicto de acuerdo con los reportes de la organización:
1. Las exigencias de la población reclusa
Los internos invocaron los artículos 46, 68 y 337 de la Constitución para exigir la destitución inmediata de Julio García Zerpa, ministro para el Servicio Penitenciario, y de Elvis Macuare Guerrero, director del Injuba.
Los privados de libertad denunciaron que sufren un severo retardo procesal y solicitaron la realización de exámenes psicosociales exentos de manipulación política.
También aseguraron que los jueces les niegan de forma sistemática el otorgamiento de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. En medio de la protesta alertaron los internos alertaron sobre la muerte de compañeros de reclusión a causa de la tuberculosis.
Por esta razón exigen que se permita a las familias el ingreso de medicamentos sin restricciones. “Necesitamos respuestas, que nos ayuden. No más maltratos que hostiguen nuestra integridad física”, expresó una de las privadas de libertad al OVP.
2. El detonante: los maltratos y las torturas
La causa principal que motivó la protesta fue la designación de Elvis Macuare Guerrero como director del Injuba, hace una semana. Los privados de libertad denunciaron que, desde su llegada, sufrían requisas violentas, golpizas y tortura con descargas eléctricas.
Según los testimonios el director acostumbraba a realizar disparos hacia las torres del penal, lo que puso en riesgo la vida de los internos en más de una ocasión.
Por otro lado, los internos contaron al OVP que durante procedimientos de control y requisa, el personal penitenciario destruyó sus pertenencias dentro de las celdas. Los reportes de la organización detallan que más de 120 personas permanecen bajo castigo en una celda de aislamiento.
3. Uso de la fuerza y desalojo del anexo femenino
La respuesta del personal de custodia y del nuevo director, ante la manifestación, incluyó el uso de armas de fuego, lo que presuntamente dejó a varios privados de libertad heridos. En videos divulgados a través de redes sociales se observa a los internos sobre los techos quemando colchonetas.
Momentos después la tensión aumentó cuando un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ingresó al penal, a pesar de que los familiares intentaron impedirles el paso. Luego de la entrada de los militares, se escucharon gritos y detonaciones. Testigos afirmaron que, presuntamente, las autoridades lanzaron bombas lacrimógenas hacia el anexo femenino.
En esa área se encontraban más de 100 mujeres privadas de libertad, quienes comenzaron a asfixiarse por los gases. Ante la emergencia, los internos masculinos intervinieron para desalojarlas de sus espacios.
4. La destitución de Macuare Guerrero
Luego de la protesta que se mantuvo durante todo el domingo dentro del recinto penitenciario, el secretario de seguridad ciudadana del estado Barinas, Giussepe Cacioppo, confirmó en horas de la noche la destitución de Elvis Macuare Guerrero como director del penal.
El funcionario anunció la instalación de una mesa de diálogo liderada por el ministro Julio García Zerpa, además del inicio de una investigación en conjunto con el Ministerio Público para esclarecer los hechos.
5. Traslados en la madrugada
Pasada la 1:00 a. m. de este lunes, 25 de mayo, la directora del anexo femenino habló con los parientes de los reos. La funcionaria informó sobre el desalojo de las 112 mujeres que se encontraban en el área, aunque no especificó el lugar al que fueron trasladadas.
La directora manifestó que se realizaría un traslado voluntario de los hombres y aseguró que al penal llegaron jueces y fiscales para instalar una mesa técnica y agilizar la revisión de los casos judiciales. Luego de este anuncio, al menos nueve autobuses arribaron a Injuba.
Según los reportes enviados por los mismo internos al OVP, uno de esos traslados se dirige hacia el Internado Judicial Rodeo, en el estado Miranda. A las 6:30 a. m., otro grupo de reclusos todavía permanecía sobre las torres.
6. Familiares temen una masacre
En las afueras de Injuba un grupo de madres, padres, esposas y parientes pernoctó en un estado de incertidumbre debido a la falta de información oficial. Desde el 24 de mayo los familiares solo escucharon las detonaciones y vieron el humo que salía de las torres mientras un contingente de militares y cuerpos de seguridad entraba al penal.
En la mañana de este lunes 25 de mayo, entre las 9:00 y las 10:00 a. m., las autoridades bajaron a todos los reclusos que permanecían en los techos de las torres. Sin embargo, los parientes desconocen si los funcionarios atenderán sus demandas, como prometieron en la madrugada, o si la intención es desalojar el penal.
A las puertas del recinto los familiares manifiestan temor por la integridad física de sus seres queridos y exigieron el respeto de sus derechos humanos para evitar una masacre.
7. Exigencias a las autoridades
El OVP advirtió que esta crisis se pudo evitar si la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público hubiesen cumplido con sus obligaciones constitucionales. Y enfatizó que el Ministerio de Servicio Penitenciario ignoró a los internos que denunciaron maltratos durante una semana entera.
Por todo esto, el OVP cuestionó la ausencia de los jueces de ejecución, fiscales y representantes de la Defensoría del Pueblo en el recinto, y les exigió salir de sus oficinas de forma inmediata para garantizar la vida de la población penal.
La ONG responsabilizó directamente al ministro Julio García Zerpa por cualquier hecho trágico que ocurra en el recinto. El temor principal del observatorio es que se repita una masacre como la ocurrida en Yare III, donde el uso de armas de fuego contra una protesta motivada por una requisa dejó víctimas fatales que aún no reciben justicia.
8. Ministerio Público se pronuncia
Durante el mediodía de este lunes, el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación penal sobre los hechos ocurridos en el Injuba. A través de un comunicado, el organismo informó que la Fiscalía 49 Nacional con competencia en Derechos Humanos asumirá el caso para esclarecer lo sucedido el 24 de mayo pasado.
Según se lee en el documento el fiscal superior de Barinas y dos funcionarios de la dirección general de protección de Derechos Humanos acudieron al recinto penitenciario para lograr la resolución pacífica del conflicto.
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